Por negligencias médicas en Cesfam Curimón:
Este martes el concejo municipal de San Felipe aprobó una modificación presupuestaria solicitada por el director jurídico del municipio, abogado Jorge Jara Catalán, para poder cancelar una deuda de 250 millones de pesos que se tiene con las familias Carmona y Estay, quienes demandaron por negligencias médicas presentadas contra el Cesfam de Curimón, cuyo fallo fue a favor de las demandantes.
“Efectivamente después de varios años que ocurrieron lamentablemente estas dos situaciones que provocaron la muerte de dos vecinos de Curimón, el municipio luego de haber ejercido todos los recursos procesales en los tribunales, tanto en el juzgado de letras como en la Corte de Apelaciones de Valparaíso e inclusive en la Corte Suprema, ya no podemos seguir ejerciendo más recursos judiciales porque se ha dispuesto que la municipalidad pague a título de indemnización por daño moral a sucesión del señor Carmona, 200 millones de pesos, y a la sucesión de la señora Estay otros 50 millones. Sin perjuicio, señalar que en ese caso fue condenado el Servicio de Salud que ya pagó la parte que le correspondía, y teníamos que solicitar al concejo municipal la autorización de la modificación presupuestaria para poder proveer este recurso; por lo pronto tenemos un principio de acuerdo con el abogado de los demandantes y vamos a hacer el esfuerzo después que el concejo apruebe esta modificación presupuestaria de pagar en los próximos días cien millones de pesos, y en el curso del mes de octubre y fechas posteriores esperamos cumplir con la totalidad de la deuda, es decir el día 12 ó 14 de octubre 50 millones de pesos en la causa de la señora Estay, y antes que termine el mes si mal no recuerdo pagaríamos la diferencia del juicio del señor Carmona”, indicó.
Los restantes dineros saldrán de distintos fondos, se va a esperar el 10 de octubre cuando llega la remesa del fondo común municipal para pagar el caso de Jessica Estay, y con recursos que ya se han dispuesto por la DAF (Dirección de Administración Financiera) y el administrador municipal ir abonando a la deuda de la familia Carmona.
De todas maneras se había propuesto al concejo, como una salida alternativa debido al problema de caja que tiene la municipalidad de San Felipe, porque no es fácil tener depositada esa cantidad en la cuenta, concurrir a la banca privada; “como eran 250 millones, habíamos evaluado y se le había propuesto al alcalde tramitar un ‘leaseback’, que es un préstamo autorizado por el ministerio de Hacienda que se otorga por parte de la banca privada con una garantía real que puede ser una hipoteca sobre un inmueble de propiedad municipal, pero la dificultad era que eso iba a tomar alrededor de seis a ocho meses y obviamente las familias de las personas fallecidas no podían esperar tanto tiempo. Se ha dispuesto hacer un esfuerzo financiero por parte de la municipalidad y pagar ahora”, señaló Jara.
Consultado por la orden de arresto contra el alcalde, el director jurídico indicó que la defensa había solicitado el apremio que está contemplado en la ley municipal, “que es un arresto en un plazo breve de días, pero había sido suspendido de alguna manera la situación producto de la presentación por parte de la municipalidad de dos recursos de amparo; uno de esos recursos, en el caso del señor Carmona, se vio ayer (lunes) en la corte, un abogado municipal concurrió al alegato y lamentablemente la tercera sala penal la rechazó por votos dividido tres a dos, y la próxima semana es probable que tengamos alegatos en la causa de la señora Estay que debiera correr la misma suerte porque probablemente va a ser asignada a la misma sala”, manifestó Jorge Jara.
Reiteró que se están agotando todas las instancias y en ese contexto se contactaron con el representante judicial de las familias, donde han encontrado disposición para encontrar una salida negociada, donde se le otorgue al municipio un plazo prudente y razonable para pagar estas obligaciones.
Después que se consignen los montos que fijó el tribunal por parte de la municipalidad de San Felipe, se debe hacer la liquidación del crédito, porque se suman las costas judiciales y eso no se ha hecho, por lo que se ignora, de todas formas ese valor se va a agregar a los 250 millones de pesos.
La liquidación del crédito debe ser solicitada por parte del abogado de los demandantes, el valor lo resuelve el tribunal, eso va a generar un adicional que no es muy representativo, pero se debe cancelar.