RINCONADA.- Concejales de la comuna presentan solicitud de remoción en contra del alcalde Pedro Caballería Díaz. El requerimiento efectuado al Tribunal Electoral Regional fue presentado por los concejales Ana Pueyes (DC), Pablo Donat (PPD), Juan Urbina (UDI) y Miguel Vargas (UDI). La acusación busca la destitución del alcalde por Notable abandono de deberes. La causa fue presentada el 16 de febrero, ya se encuentra en trámite y el edil rinconadino fue notificado el pasado viernes.
La acusación se sustenta en catorce puntos de los cuales ocho de ellos tienen que ver con irregularidades en millonarias licitaciones públicas, que involucraría a candidato a concejal cupo DC, quien mantiene estrecha relación con el edil.
Según el abogado José Villagrán Reyes, la acusación contempla graves faltas administrativas en las cuales en su totalidad involucran al alcalde Pedro Caballería Díaz, junto con ello con el tiempo se transformaron en un daño económico directo de más de 300 millones de pesos para la comuna.
LA ACUSACIÓN
«Los concejales en un acto de responsabilidad administrativa han asumido la tarea de presentar un requerimiento en contra del Alcalde Pedro Caballería Díaz, solicitando al Tribunal Electoral Regional la destitución del mismo, entre las acciones que se le imputan al edil figuran:
– Obviar por completo al concejo municipal de manera sistemática donde no se ha entregado al concejo municipal la documentación pertinente ni a contado con los acuerdo de concejo tampoco para adjudicar millonarias licitaciones por sobre las 500 UTM, cosa que es requerido por ley. Esto ocurrió al menos en tres oportunidades. Aquí la empresa beneficiada es siempre la misma, Empresa Montenegro Construcciones, por ende esta empresa ha sido favorecida de manera sistemática, hoy en día el dueño de la empresa es candidato a concejal por la colectividad del edil en éste caso la Democracia Cristiana, lo que demuestra la relación política y de cercanía entre el alcalde y Carlos Montenegro, hoy propietario de la empresa.
– En otro punto que es grave nace con la ampliación del edificio municipal, la empresa a cargo de las obras factorizó dos estados de pago, habiendo sido notificado de la factorización el edil por más de 52 millones de pesos, el alcalde cursa el pago a la empresa, ésta deja las obras botadas y se va con la plata, jamás se sabe nada más de ella, posteriormente llega el Factory a cobrar, el edil no da curso a los pagos, el Factory demanda y gana el juicio, aquí la municipalidad debe pagar otra vez los más de cincuenta millones de peso más intereses y el daño para la municipal crece y supera los 71 millones. A todo esto la municipalidad licita nuevamente para poder terminar las obras inconclusas y contrata a una nueva empresa por más de 181 millones de pesos. Si sumamos el daño solo en este punto supera los 300 millones de pesos donde el único responsable es el alcalde. Daño económico que es una aberración para una comuna pequeña de 10.000 habitantes.
– Hay una serie de demandas laborales en el que nuevamente haciendo gala de la omisión y poca consideración al concejo municipal el alcalde llega a un acuerdo judicial, acuerdo que tampoco toma el parecer al concejo, cosa que es una ilegalidad y el alcalde Pedro Caballería Díaz dispone el pago. El juez laboral dispone el pago de 4 millones de pesos a quien demandó a la municipalidad, suma determinada por el tribunal laboral. Aquí el alcalde de manera irracional y por su voluntad paga 6 millones de pesos, entonces la pregunta es ¿por qué el edil paga más de lo sentenciado por el tribunal? Claramente no veló por el patrimonio comunal.
– También hay una serie de dictámenes de la Contraloría, incluso de la Corte Suprema, donde el alcalde se ha mantenido en rebeldía por más de siete meses y no ha querido dar cumplimiento, un ejemplo es la creación de un segundo cargo en el Departamento de Administración y Finanzas, cuya dualidad del cargo le ha costado en pérdidas al municipio por casi 40 millones de pesos.
– A todo esto debemos considerar una serie de juicios de cuentas que han representado decenas de millones de pesos para el municipio donde el alcalde no ha instruido ningún sumario administrativo, juicios de cuenta que también lo involucran a él donde debe devolver millonarias sumas a la municipalidad, cosa que tampoco ha hecho, aquí los sancionados por el Tribunal de Cuentas de la Contraloría lo involucra a él y sus cercamos dentro del municipio, donde aquí no hay acción alguna por parte del edil, conducta claramente negligente», señaló el abogado José Villagrán Reyes.
En tanto el abogado indicó que sus representados se vieron en la obligación de buscar la destitución del edil por recomendación de la propia Contraloría ante la seguidilla de hechos graves dentro del municipio, todos hechos investigados por la Contraloría y que cuentan con sus respectivos dictámenes, «hace algunos semanas es la propia Contraloría que oficia al concejo municipal y les pide que actúen ante los hechos graves en la comuna de Rinconada, quizás algo poco común pero el ente fiscalizador entiende que se debe dar un paso más duro para terminar con las irregularidades en la comuna». Indicó el jurista.
