Una demanda por indemnización de perjuicios en contra de Chilquinta fue presentada ante el Juzgado de Policía Local de San Felipe, en la que se está solicitando nada menos que $ 5.925.366 (cinco millones novecientos veinticinco mil trescientos sesenta y seis pesos).
La acción judicial fue interpuesta por el abogado Claudio Gómez, secretario del Centro Pro-transparencia y Acceso a la Información Pública, quien actuó en representación del comerciante Gastón Enrique Carvajal Delgado, quien ha demandado a esa empresa por daño emergente, que incluye además las indemnizaciones por daños morales y patrimoniales.
Esta demanda se origina en los daños provocados por el apagón de mayo comprobados por Rolando Stevenson y Basilio Muena que recorrieron diversos sectores de San Felipe, contactando a los usuarios de Chilquinta que permanecieron seis días sin energía eléctrica, dañando mercaderías comerciales y electrodomésticos industriales.
Otros casos que obtuvieron compensaciones
Rolando Stevenson Velasco, Presidente del Centro Pro-Transparencia, informó que ese organismo asesoró a más 60 personas que lograron que Chilquinta les compensara por los daños ocasionados por el apagón eléctrico con sumas que van desde los $ 3.600.- hasta los $ 300.000.-
Entre los beneficiados destaca: Verónica Acevedo, comerciante de San Felipe; Juan Luis Godoy, comerciante de El Asiento; Magali Cordero, temporera de Almendral; Guissela Merello, comerciante de Almendral; Silvia Guajardo, dueña de casa; Gabriel Antonio Carvallo, Obrero; Marcela Ximena Segovia, dueña de casa de Villa El Señorial, entre otras.
En general las personas favorecidas con estas devoluciones recibieron compensaciones en dinero efectivo o en abonos a sus cuentas de consumo eléctrico.
El Presidente del Centro Pro-transparencia reiteró que todas las personas que hicieron reclamaciones ante Chilquinta sin haber obtenido una justa compensación, podrán solicitar la asesoría de la institución para que sus derechos de consumidor sean respetados.
Stevenson declaró su satisfacción por los resultados obtenidos a la fecha por las personas que fueron orientados en sus reclamos por el Centro Pro-Transparencia, dejando de manifiesto que cuando los consumidores deciden hacer respetar sus derechos y son bien asesorados, reciben el tratamiento adecuado de estas empresas monopólicas mal llamadas de ‘utilidad pública’.