Ocho municipales de Putaendo podrían ser despedidos por Ley 18.575

El Alcalde Guillermo Reyes reconoció que desconocían la normativa, asegurando que están trabajando para proteger a los funcionarios afectados.

PUTAENDO.– Una difícil situación laboral enfrentan ocho funcionarios del Municipio de Putaendo que eventualmente podrían ser desvinculados, luego que el organismo interno de control se percatara de un pronunciamiento de la Ley Orgánica Constitucional 18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado.

Fue el propio Alcalde Guillermo Reyes quien confirmó que efectivamente los primeros días del mes de marzo, el control interno del municipio le informó que de acuerdo al artículo 54 de la citada ley, 8 funcionarios municipales están imposibilitados de seguir trabajando en el municipio, por lo que mediante un documento formal fue notificado de este incumplimiento a dicha normativa que textualmente señala lo siguiente: «Las personas que tengan la calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos del organismo de la administración civil del Estado al que postulan, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive».

Guillermo Reyes dijo que efectivamente la ley es categórica y que nunca conocieron en detalle el alcance de esta ley, que en este caso estaría afectando a funcionarios que llevan años trabajando en la municipalidad y que tendrían parentesco con algunos concejales y jefes de servicios, por lo que agregó que lo primero fue explicarle a los funcionarios afectados la situación, informar al Concejo Municipal y en forma inmediata enviar un documento a la Contraloría Regional para pedir un pronunciamiento y ver la manera de resguardar a los trabajadores.

En este sentido el edil indicó que «de verdad fue un balde de agua fría, es imposible que conozcamos cada artículo de la ley y en el caso puntual se trata de funcionarios que llevan muchos años y que tienen un excelente desempeño, pero lamentablemente el control interno que tenemos nos notifica en forma oficial de esta situación y nos enfrentamos a un tema muy complicado, pues no podemos obviar la ley, que incluso, en su artículo 64 señala que los trabajadores afectados tienen un plazo de 10 días para acogerse a un beneficio que la misma ley entrega para aquellos que estén trabajando y se vean afectados por este dictamen, donde reitero, nadie sabía de esta ley y por eso que estamos complicados. Pero en forma inmediata he conversado con los funcionarios y he explicado la situación al Concejo Municipal, y en este sentido quiero ser claro y categórico, apoyaremos a nuestros trabajadores en todas las instancias de apelaciones que sean necesarias, no los dejaremos solos y cuentan con todo el respaldo de este alcalde, del Concejo Municipal y la Asociación de Funcionarios Municipales. De hecho, durante esta semana he hablado en dos ocasiones con la Contralor Regional para que nos ayude a buscar una solución y nos oriente referente a los cursos de acción.

«Quiero agregar además que aquí no ha habido ninguna irregularidad o una acción mal intencionada, lamentablemente y reconozco nuestro error, no conocíamos en detalle esta ley, pero las personas que fueron contratadas en su momento y que están perjudicadas por esta ley fueron contratadas por sus capacidades y así lo han demostrado, lo que me parece importante que la comunidad entienda, que aquí no ha habido algo oculto ni raro y que hemos transparentado desde un principio este tema donde no tenemos que ocultar».

El Alcalde Reyes dijo que entendiendo lo delicado del tema y que lo más importante es resguardar la fuente laboral de los trabajadores, no entregará los nombres de los mismos funcionarios ni de los jefes de servicio ni de los concejales que tendrían algún grado de parentesco, pues tampoco aceptará que livianamente y en forma gratuita se cuestione a alguien, pues aquí no hay ninguna mala fe ni un hecho oscuro. Agregó que espera que la Contraloría también entienda que se trata de funcionarios que prestan un servicio importante en la comunidad, donde confían se pueda revertir esta situación.

Efectivamente el artículo 64 de la ley 18.575 señala que: Las inhabilidades sobrevinientes deberán ser declaradas por el funcionario afectado a su superior jerárquico dentro de los diez días siguientes a la configuración de alguna de las causales señaladas en el artículo 54. En el mismo acto deberá presentar la renuncia a su cargo o función, salvo que la inhabilidad derivare de la designación posterior de un directivo superior, caso en el cual el subalterno en funciones deberá ser destinado a una dependencia en que no exista entre ellos una relación jerárquica.

Patricio Gallardo M.