El Diputado Gaspar Rivas, después de más de un año de lucha junto a los alumnos afectados por el accionar del CFT Simón Bolívar en San Felipe, manifestó abiertamente que está demostrado que la educación en Chile no es un derecho, sino que un negocio donde se lucra y son mínimas las herramientas para fiscalizar la actividad. Lo anterior lo manifestó el Diputado de Aconcagua Gaspar Rivas, luego que junto al vocero de los alumnos afectados del CTF Simón Bolívar de San Felipe, Juan Pablo Aguilera, sostuvo una reunión con la Dirección del Departamento de Supervigilancia y Control de la Dirección de Educación Superior del Ministerio de Educación.
El parlamentario señaló que entre las diversas gestiones y reuniones que han sostenido a todo nivel, buscando que se responda a los alumnos afectados por el CFT Simón Bolívar, llegaron el jueves pasado al área que le compete verificar que todos estos organismos de educación superior, ya sea universidades e institutos técnicos y profesionales, estén cumpliendo con la normativa vigente en materia de educación en el país.
En dicha reunión se ratificó las irregularidades cometidas por los propietarios del CFT Simón Bolívar en San Felipe, empezando por el contrato de delegación de la administración, que hizo esta institución educacional, «primero pasando la franquicia y luego a una tercera entidad como es Cenco, lo que es bastante irregular, cosa que fue consultada al Consejo Nacional de Educación, para saber si era posible o no la delegación del contrato de educación. El Consejo Nacional de Educación respondió que no era delegable, y por lo tanto, era ilegal lo que se había hecho», aseguró el parlamentario.
“Por lo mismo se despachó un oficio a todo el país solicitando a las entidades educacionales, ya sea universidades o institutos, para que hicieran saber si tenían delegación en la administración, siendo el Centro de Formación Técnica Simón Bolívar, el único que no ha respondido; siendo inconcebible que este instituto no haya contestado un oficio enviado hace más de dos meses. Situación bastante grave, porque este es un Centro de Formación Técnica que ha perjudicado a más de 1000 alumnos en San Felipe y Quillota y a pesar de eso, no se digna a responderle el Oficio al Ministerio de Educación», afirmó Rivas.
«Con esto queda demostrado que al instalarse el Simón Bolívar en San Felipe, ya estaba cometiendo una ilegalidad, porque la administración de la educación no se puede encargar a otra persona, no puedo subcontratar o tercerizar, porque eso en buen chileno es ‘chacrear’ la educación», acotó el legislador.
«Junto a los alumnos estafados estamos exigiendo que no quede impune la irregularidad que se cometió mientras funcionó el CFT Simón Bolívar en San Felipe, porque el que ahora no se esté cometiendo, no significa que tiene que quedar impune», puntualizó el diputado.
Para Rivas, claramente el CFT Simón Bolívar es una institución negligente e irresponsable que no debería estar en el sistema, «y no permitiremos, que si ya ha demostrado la intención de ocultar información, que siga dilatando una respuesta a los alumnos estafados».
Por lo mismo, para que este tipo de situación no se vuelvan a repetir, Rivas dijo que hay que legislar, «porque desgraciadamente por la normativa legal vigente que es muy pobre en cuanto a exigencia para estas casas de estudios, el Ministerio de Educación no tiene facultades para exigirle que responda el oficio respecto a la delegación de la administración, no hay facultades sancionatorias».
“Aquí claramente nos damos cuenta que como se regula la educación superior es tremendamente pobre y entrega muy pocas herramientas al Ministerio de Educación para detener los abusos y situaciones irregulares que generan instituciones como el Simón Bolívar a jóvenes como los de San Felipe y Quillota, sino que también estos nos hace darnos cuenta que este es un síntoma de que nuestro sistema educacional es tremendamente vulnerable, por lo que es urgente aprobar un paquete de reformas, entre los que esta la Agencia de la Calidad de la Educación, la Superintendencia de Educación Superior y otras gama de medidas que han sido presentadas por el Ejecutivo en los últimos meses.”-dijo tajantemente Rivas.
“Lo que ha quedado con lo vivido por los jóvenes de San Felipe, donde son variados los instrumentos comerciales y financieros utilizados, ratifica que la educación en nuestro país no es un derecho, es un negocio, en el cual se lucra.”-sentenció el parlamentario.
«Reitero que con lo que ha pasado con el Simón Bolívar, queda más que claro que la educación lamentablemente en nuestro país es un negocio y un muy buen negocio, donde se gana muy buena plata y lamentablemente los empresarios hacen lo que quieren y resulta que el Ministerio de Educación prácticamente no puede hacer nada y por eso haremos hasta lo imposible para quienes cometieron estas irregularidades no se queden riendo, no se crean que no van a responder, deben pagar por el abuso que cometieron contra las alumnas y alumnos en San Felipe», sentenció el Diputado Rivas.