La Gobernadora Patricia Boffa interpuso en el Tribunal de Garantía de San Felipe, dos querellas criminales por los desórdenes registrados los días 10 y 11 de septiembre pasado.
La primera acción legal es por el delito de Daños, Desórdenes públicos graves y Lesiones, en contra de todos aquéllos que resulten responsables de estos ilícitos penales en esta investigación, y particularmente contra José Matías Gallardo, José Miguel Henríquez Díaz, Daniela Jazmines, Fernanda Gallardo Cáceres, Akim Yanara Peñafiel Allende y Leonardo Javier Canto Osorio, pues el 10 y 11 de Septiembre de 2013, en horas de la noche y madrugada en diversos sectores de la comuna de San Felipe, Putaendo y Panquehue grupos organizados de personas sin autorización para reunirse de ningún tipo, particularmente en lo que compete a la autoridad de Gobierno Interior, procedieron a alterar el orden público, obstruyendo y paralizando en largos momentos el tránsito vehicular en todo el trayecto de la Carretera Internacional Valparaíso – Mendoza 60 CH, Carretera E-71 San Felipe – Putaendo, sector Las Coimas, y sector Puente Negro – Encón, calle Iquique y Villa 250 Años de la ciudad de San Felipe, obstruyendo el tránsito, apedreando vehículos, causando lesiones a particulares y personal de Carabineros, entre ellos el propio Subprefecto de Carabineros de Aconcagua Teniente Coronel Francisco Castro Leyton, graves daños a la infraestructura vial, a los vehículos particulares y de servicios públicos.
Agregó la Gobernadora, que los autores de estos desórdenes y demás personas que resulten responsables en esta investigación, se han valido de toda clase de medios, lo que hace presumir su concertación para la comisión de estos ilícitos, mediante quema de neumáticos y otros elementos combustibles en plena carretera, dañándola severamente; y lo que es más grave aún, lanzando piedras y otros elementos contundentes contra los vehículos particulares y fiscales que circulaban por la vía, con evidente riesgo de la vida de los conductores y ocupantes de éstos.
La segunda acción legal se interpone por delito terrorista contra todos aquellos que resulten responsables de este ilícito penal, sin perjuicio de la evolución de la investigación en desarrollo y específicamente contra Carlos Andrés E. A. y Sebastián Alejandro P. H. puesto que el 11 de Septiembre de 2013, los querellados ingresaron a los baños del Liceo Politécnico Roberto Humeres de San Felipe, depositando en su interior un artefacto explosivo de ruido, consistente en una botella plástica conteniendo carburo, para ser detonada.
“Los antecedentes preliminares de la investigación y el desarrollo de los hechos, nos permiten establecer que estamos en presencia de una acción de tipo terrorista, prevista y sancionada por la Ley N ° 20.519, que sanciona conductas terroristas y fija su penalidad, y que se deben a la acción intencionada de terceros y no a una situación accidental.
“Estos hechos de grave conmoción pública, nos obligan como Gobernadora a interponer las acciones que el ordenamiento jurídico franquea, a fin de lograr el total esclarecimiento de los mismos, haciendo especial énfasis en las graves connotaciones de estos ilícitos que trascienden el sólo interés particular violentado, sino que comprometen al conjunto de la sociedad, pues tienden a crear una falsa imagen de impunidad e inseguridad de la colectividad”, señaló Patricia Boffa.