No exento de críticas y dejando de manifiesto cierto grado de descoordinación, se procedió finalmente en la tarde de ayer, a eso de las 17:00 horas, al desalojo del campamento de gitanos que se había instalado hace meses en un terreno por donde pasará la nueva Ruta CH-60 y que es colindante al Estadio Fiscal. Se había anunciado por parte de la Gobernadora Patricia Boffa, que este miércoles la Dirección de Vialidad procedería al desalojo de los gitanos, acompañada de la Fuerza Pública, por lo que había bastante interés de parte de los medios de comunicación, por cubrir la noticia.
PRENSA AGREDIDA
Los primeros en llegar fueron efectivos de la PDI, encabezados por el Subprefecto Pedro Quezada, personal de Chilquinta y de la Seremi de Salud. La Prensa también ingresó al terreno y al tiempo que sacaban sus cámaras para fotografiar el procedimiento, inmediatamente comenzaron las pedradas e insultos. Lo curioso de todo, es que no fue sino hasta varios minutos más tarde, que llegó al lugar el jefe jurídico de la Gobernación Provincial, abogado Adolfo Pizarro, para tener una breve entrevista con el subprefecto Quezada y con una funcionaria de Vialidad, la única presente en el sitio, pero que por lo menos durante el rato que estuvo la prensa, no notificó de desalojo a los gitanos.
Carabineros hasta pasadas las 11:00 horas no llegaba al lugar, por lo que resultaba impensable un operativo de desocupación. La pregunta que todos se hacían en el lugar era ¿cuándo el desalojo?
Fue el Subprefecto de la PDI, quien comenzó a aclarar las dudas de la Prensa. El trabajo de esta Policía tenía otro objetivo, cual era notificar a los gitanos acerca del delito de Hurto de energía eléctrica que estaban cometiendo, por lo que fueron citados a la Fiscalía Local. Ese era también el objetivo de la presencia de personal de Chilquinta. Consultado por el desalojo, el oficial de la PDI fue enfático en señalar que ellos no tenían nada que ver con un desalojo y su presencia tenía un carácter netamente policial.
«Esto es netamente policial, aquí hay un delito flagrante de hurto de energía eléctrica, hicimos un control de identidad, pero solamente este es un operativo policial. El desalojo es un tema que otros organismos tienen que ver», señaló el Subprefecto Quezada.
El Abogado de la Gobernación Provincial, Adolfo Pizarro, fue el encargado de salir al paso de las consultas de los medios de comunicación.
«Parto diciéndole que no hay ninguna descoordinación, están todos los servicios presentes, pero aquí hay previamente un procedimiento que está haciendo la PDI, de control de identidad a la gente que está acá, porque probablemente hay gente con órdenes pendientes, hay un tema de hurto de energía eléctrica, porque hay una conexión irregular acá, y estamos esperando la coordinación con el municipio para ver los medios motorizados para trasladar a estas personas y ver dónde se les va a llevar», comentó el Abogado Pizarro.
Consultado por la ausencia de Carabineros, Pizarro dijo que «no se ha hecho presente todavía, para evitar una situación que pueda ser considerada de fuerza excesiva».
«…HAY MUCHA DESCOORDINACIÓN»
En horas de la mañana, Pizarro señaló que Vialidad, que era el organismo que debía encabezar el desalojo y no estaba, salvo una funcionaria; tenía que notificar primero y permitir un plazo de cinco días para proceder al desalojo.
Consultado en tanto el Jefe de Operaciones de la Municipalidad, Ricardo León, aseveró que el personal municipal fue convocado recién en la mañana de ayer por la Gobernación Provincial, para que se hicieran parte de una actividad que debía encabezar Vialidad, para el desalojo de los gitanos de la franja fiscal.
«No tuvimos ninguna convocatoria oficial, Carabineros tampoco, yo acabo de hablar con ellos y me lo confirmaron. La idea era participar de un operativo, en principio de desalojo, pero que no es desalojo, ya que hay mucha descoordinación», señaló Ricardo León.
ERA NECESARIO
El funcionario eso sí, coincidió con la autoridad de gobierno en términos de la necesidad de desalojar a los gitanos, explicando que la convivencia con la comunidad se ha hecho insostenible y su presencia, a la entrada de San Felipe, da un aspecto muy poco favorable para la ciudad.
«Aquí hay peleas, hay drogas, hay alcohol, anda gente desnuda en la calle, en la Plaza de Armas los grandes reclamos de la comunidad, dicen relación con los gitanos, que les cambian los pañales a las guaguas en el pasto, dejan los desechos ahí y las lavan en la pileta de la plaza. Es un tremendo espectáculo que no merece la ciudad de San Felipe», sentenció León.
Cabe consignar que al cabo de dar declaraciones, Adolfo Pizarro y Ricardo León sostuvieron un breve diálogo, donde se dieron a conocer las posturas de cada uno en este tema. Finalmente, pasadas las 17:00 horas, se procedió al desalojo de los gitanos, que recibieron el apoyo municipal para proveerse de combustible para sus vehículos, en tanto se puso a su disposición un vehículo municipal, por lo que restaría ahora que en las próximas horas la corporación edilicia disponga labores de limpieza en este terreno fiscal.
ALGUNOS VOLVIERON
Según reportaron las autoridades de Gobernación a Diario El Trabajo, algunos de estos grupos de gitanos fueron levados a La Calera, Los Vilos y Peña Blanca, todos estos sectores ajenos a la V Región. La Determinación de expulsarlos de nuestra provincia fue emitida por la Gobernación Provincial y ejecutada por el Municipio, aunque originalmente ese accionar correspondía a Vialidad. Algunos de estos gitanos aseguraron a las autoridades que ellos se irían en sus propios vehículos, sin embargo en horas de la noche, al cierre de nuestra edición algunos de ellos permanecían en la plaza de armas, montaron una de sus carpas y dejaron gran cantidad de basura.