Juan Carlos Tapia, director del Instituto de Previsión Social en Valparaíso.Juan Carlos Tapia, director del Instituto de Previsión Social en Valparaíso.
Juan Carlos Tapia, director del Instituto de Previsión Social en Valparaíso.
Juan Carlos Tapia, director del Instituto de Previsión Social en Valparaíso.

Más de 3100 personas de la provincia de San Felipe se verían beneficiadas una vez que cumpla su trámite legislativo, sea aprobado y entre vigencia el proyecto de ley que exime de la cotización de salud a aquellos pensionados que hoy pagan un 5% por este concepto.
Así lo destacó director del Instituto de Previsión Social en Valparaíso, Juan Carlos Tapia, quien explicó que la iniciativa favorecerá a más de 330 mil pensionados en el país y también contempla garantizar una prestación por muerte a quienes reciben la Pensión Básica Solidaria (PBS) y el Aporte Previsional Solidario (APS) que hoy no acceden a ese beneficio.
A nivel provincial, se estima que los potenciales beneficiarios serán 3167. Por comunas, 1939 corresponden a San Felipe; 171 a Catemu; 458 a Llayllay; 121 a Panquehue; 265 a Putaendo y 213 son de Santa María.
El director precisó que el texto legal enviado por el Gobierno también contempla que los pensionados del Pilar Solidario que reciben algún apoyo estatal por concepto de invalidez, accedan automáticamente a la solicitud del respectivo beneficio de vejez (Pensión Básica Solidaria o Aporte Previsional Solidario).
Tapia, subrayó que tal como está planteado el proyecto, “esta ayuda se generará de manera automática, sin la necesidad de postulación previa y se implementará gradualmente, con una rebaja del 5% al 3% en el primer año y la eliminación completa a partir del segundo.
Finalmente, el director regional recordó que los beneficiarios con el fin del descuento serán los más de 330 mil jubilados sin los beneficios del Pilar Solidario que desde diciembre del año 2012 fueron favorecidos con la rebaja del 7 al 5% la cotización, siempre y cuando cumplieran con tener más de 65 años de edad; haber vivido en Chile al menos veinte años continuos o discontinuos y cuatro de los últimos cinco años; e integrar un grupo familiar perteneciente a los cuatro quintiles más vulnerables de la población.

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