PUTAENDO.- Momentos de tensión se vivieron la tarde de este jueves, cuando una retroexcavadora llegó hasta un domicilio ubicado en el Callejón Los Iradi para proceder a su demolición ordenada por el Juzgado de Policía Local a través de una sentencia ejecutoria.
El propietario del inmueble presentó un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso con la finalidad de frenar la resolución que ya había emitido el Juzgado de Policía Local de Putaendo hace más de seis meses y que ordenaba el desalojo y demolición de su hogar por estar situado en un bien de uso público, correspondiente a una franja de río que está bajo la administración de la Municipalidad de Putaendo.
Eventuales errores en la presentación de documentos y en la defensa que buscó el afectado en la Corte de Apelaciones, llevaron a que el tribunal de alzada después de haber paralizado la demolición del domicilio y luego de revisar los antecedentes, fallara a favor del Juzgado de Policía Local de Putaendo, ratificando que la vivienda debe ser demolida, conminando al Tribunal de Putaendo a emitir una nueva orden de ejecución de la sentencia que debía cumplirse este jueves en compañía de Carabineros de Putaendo.
Pasadas las 14:30 horas, una retroexcavadora y un camión municipal con dos operarios junto a personal policial llegaron hasta el domicilio y exhibieron a su propietario el documento emanado por el tribunal, pero en ese instante el Director de Obras de la Municipalidad de Putaendo junto al administrador municipal analizaban junto al Juez de Policía Local una solicitud presentada por el afectado momentos antes, donde solicitaba al municipio local una concesión del lugar, lo que después de dos horas de revisión terminó en que el juez paralizara la orden de demolición del inmueble a la espera que ésta sea estudiada por el Concejo Municipal.
Fabián Muñoz, Administrador Municipal de Putaendo sostuvo que hay que entender el contexto de la situación, indicando que de modo alguno el municipio buscó perjudicar al afectado y sólo siguió lo establecido en la ley, estableciendo que la resolución del tribunal no es responsabilidad municipal, lo que derivó en que se pidiera al juez que detuviera la demolición para revisar la solicitud presentada por el vecino.
Finalmente, Jorge Reyes, Director de Obras Municipales precisó que aparte de la decisión que adopte el Concejo Municipal, el deberá evacuar un informe técnico, porque el hecho que el afectado se dedique a la producción de vino y chicha es un antecedente que lo podría favorecer para tener una actividad empresarial, pero también lo obliga a cumplir con varios requisitos sanitarios y legales, exigencias que el municipio ayudará a cumplir.
Patricio Gallardo M.