Tras establecer las responsabilidades en las muertes de los prisioneros políticos Rigoberto Achú Liendo y Absalón Wegner Millar, fueron condenados militares en retiro del ex Regimiento Yungay de San Felipe, por su asesinato ocurrido el 13 de diciembre de 1973.
Cabe señalar que después de haber realizado la investigación para iniciar una demanda en contra de quienes recayó esta responsabilidad, resuelto por el ministro en visita Jaime Arancibia Pinto, 18 años con penas efectivas por homicidio calificado a Héctor Orozco Sepúlveda, Sergio Jara Arancibia y Pedro Lovera Betancourt y ocho años en calidad de cómplices para el doctor Raúl Navarro Quintana y Milton Núñez Hidalgo.
Al mismo tiempo debemos indicar que atendida la extensión de las penas impuestas todas estas deberán ser cumplidas de manera efectiva, donde además el Estado chileno debe indemnizar por daño moral a las familias de ambos prisioneros asesinados por efectivos militares mientras estaban detenidos en la cárcel de San Felipe.
A su vez, debemos precisar que esta investigación la llevó a efecto en su primera parte el ministro en visita Julio Miranda Lillo, para posteriormente asumirla en su grado de extraordinario el juez Jaime Arancibia Pinto, donde los sentenciados serán informados por la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile para ingresar a cumplir la condena.
Al tomar contacto con el concejal Ricardo Covarrubias, quien estuvo pendiente del proceso, abordamos esta sentencia, donde manifestó “pasaron más de 42 años para que se hiciera justicia, porque al final tanto Rigoberto Achú como Absalón Wegner, se presentaron mediante un bando militar de manera voluntaria, pero sin embargo de estar desintegrados por la tortura fueron acribillados por una patrulla militar y lo negaron hasta el final a pesar de que las pruebas los incriminaban de manera permanente en sus declaraciones contradictorias”, dijo.
Finalmente manifestó que “muchos quisieron echar al olvido estos crímenes para hacer el borrón y cuenta nueva, lo que considero inmoral, porque en Chile existen interesados de querer no investigar estos crímenes, sabiendo los daños que se ocasionaron a familias indefensas y en el caso del Regimiento Yungay, en el Informe Rettig queda muy mal parado puesto que esta unidad fue llevada a Santiago para que cumpliera funciones represivas en contra de las poblaciones populares”, concluyó Ricardo Covarrubias.
Por fin justicia, para esos seres y sus familias, conocí personalmente a estas personas, y fuí testigo de su calidad humana, que fueron torturados y asesinados, por sus ideales
Que sus almas descancen en paz y sus familias también puedan cerrar este etapa dolorosa.