Hoy retoman sus funciones normales trabajadores de Servicios Públicos

• Paralización terminó ayer a las 20 horas: Finalmente el Gobierno no dio su brazo a torcer en el reajuste salarial, y se quedó con el ofrecimiento de un 3.2 % para el año 2017, además de un bono de término de conflicto de $114.000 para los trabajadores cuya remuneración líquida, sea igual o inferior a 550 mil pesos.

Después de casi 3 semanas de paralización de los Servicios Públicos, el ‘gallito’ que sostuvo la mesa directiva de los trabajadores con el Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, ha llegado a su fin y el brazo vencedor parece haber quedado del lado del Ejecutivo, ya que, finalmente el reajuste salarial para el año 2017, se mantuvo en un 3.2 %, guarismo que nunca satisfizo las demandas del gremio.
Los acuerdos en el artículo 1 del proyecto de Ley de Reajuste Salarial del Sector Público, señalan que “a contar del 1 de diciembre de 2016, se realiza un reajuste general del 3.2% a las remuneraciones, asignaciones, beneficios y demás retribuciones en dinero, tales como: sueldos base, asignación profesional; de zona, de fiscalización, municipal, de especialidades y otras similares; según la normativa que les sea aplicable a los trabajadores del sector público, tanto de la Administración Civil del Estado, como el personal afecto a las escalas de remuneraciones del Congreso Nacional, de la Contraloría General de la República y demás instituciones fiscalizadoras, de las Municipalidades, de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, incluidos los profesionales regidos por la ley N° 15.076”, describe el inciso.
Así también, “el Artículo 4 concede, por una sola vez, un bono especial a los funcionarios de los sectores establecidos en los artículos 2, 3, 5 y 6 de ley N° 20.883. El monto del bono es de $114.00 para los trabajadores cuya remuneración líquida que le corresponda percibir en el mes de noviembre de 2016 sea igual o inferior a $550.000 y de $35.000 para aquellos trabajadores cuya remuneración líquida supere tal cantidad y sea igual o inferior a $2.345.060 brutos de carácter permanente, excluidas las bonificaciones, asignaciones o bonos asociados al desempeño individual colectivo o institucional. Este bono se pagará dentro de los 30 días siguientes al otorgamiento del reajuste que contempla esta iniciativa legal”, detalla el proyecto de ley.
Casandra González, presidenta de la Federación de Trabajadores de la Salud, Fenats Aconcagua, fue enfática en señalar que existe total indignación entre los trabajadores del sector público, ante la imposición que hizo el Gobierno ante un reajuste que consideran insuficiente.
“Si partimos diciendo que el 3.2 % era miserable, hoy seguimos manteniendo lo mismo, los sueldo más bajos son los más perjudicados, en algunos casos ni siquiera alcanza un reajuste de 9 mil pesos (…) la negociación no fue con el acuerdo de los trabajadores, hace mucho tiempo en la historia que no pasaba esto”, sentenció la dirigente.
De acuerdo a lo manifestado por González, a partir de este instante se comienza a vivir un nuevo escenario en el país, ya que, “vemos que hay una profunda crisis política, sobre todo, ante el hecho que el Ministro tuvo que pedir a las personas de oposición, el apoyo para el reajuste porque no lo encontró en la Nueva Mayoría, así que si interpretamos eso, hay una crisis para el Gobierno que con el tiempo se ha ido agudizando y hoy podemos ver que estamos frente al término de este proyecto que nació como la Nueva Mayoría”, decreto Casandra.
De todas formas, González dice que hay que sacar lecciones positivas de lo que representó el movimiento desplegado durante las últimas semanas, tiempo durante el cual, se rescató la importancia de estar organizados para defender los derechos que legitiman los trabajadores y manifestó que “si bien es cierto, se impuso el reajuste y no fue con nuestra voluntad, nos mantuvimos en nuestra posición”, declaró la presidenta de Fenats Aconcagua.
A su vez, Wladimir Tapia, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Municipales, Asemuch San Felipe, se refirió a la posibilidad que algunos trabajadores pudieran ser víctimas de descuentos, debido a los días no trabajado y fue tajante al explicar que “es lo que el Gobierno ha hecho constantemente contra los trabajadores, asustarlos, mantenerlos en un estado de una situación distinta a lo que se refiere un movimiento sindical amparado por los convenios internacionales que el propio Gobierno ha firmado y que debe respetar, así que nosotros nos mantenemos tranquilos ante esa situación”, estipuló Tapia, sin descartar acciones legales, si es que estos descuentos llegan a materializarse.
Finalmente, respecto a la evaluación que se hace desde el gremio, de este prolongado movimiento sindical, Tapia analizó que “de alguna manera esto nos dignifica, en términos de que nuestra lucha fue honesta, que nos dio fortaleza y que nos permitió unirnos fuertemente dentro del gremio del sector público”, concluyó.