- Ítalo García, vocero de la coordinadora PutaendoResiste
- Resolución 1902 de la DGA, ordena a la Compañía Vizcachitas Holding, el cese inmediato de extracción de aguas superficiales y remite expediente al Juzgado de Letras de Turno en San Felipe, para la aplicación de multas por extracción no autorizada de agua (artículo 173 del Código de Aguas) y al Ministerio Público de San Felipe para efectos de la correspondiente investigación por posible delito de usurpación de aguas, por parte de la empresa minera.
PutaendoResiste, es una agrupación ambientalista que se ha transformado en un férreo oponente del desarrollo de la gran minería en la comuna de Putaendo y en todo el Valle de Aconcagua. Desde esa posición, en la coordinadora, evaluaron con optimismo y catalogaron como una victoria, la resolución 1902 emitida por la Dirección General de Aguas, DGA, en la cual, el organismo ordena a la Compañía Vizcachitas Holding “el cese inmediato de la extracción de aguas superficiales desde la captación ubicada (…) sobre el cauce de la Quebrada La Cortadera, por no contar con derechos de aprovechamientos de aguas asociados”.
De acuerdo a lo manifestado por Ítalo García, vocero de PutaendoResiste, tras las inspecciones realizadas por los organismos competentes, bajo mandato de la Gobernación Provincial de San Felipe, se pudieron determinartres situaciones relevantes: “existe usurpación de agua por parte del proyecto minero, además de eso, hay intervención del cauce del Río y por último se da la orden de investigar respecto lo que son las exploraciones que están en el mismo cauce del Río Rocín”, expuso García.
Dentro del tema de las prospecciones mineras realizadas, el dirigente detalló que “yo tuve la oportunidad de estar en la inspección realizada el 15 de Septiembre y ahí se pudieron visualizar las perforaciones que están a menos de 1 metro del borde del agua, en la roca hacia la ladera este, donde se reventó la napa subterránea y brota con fuerza el agua”, explicó el vocero
Respecto de la relevancia que tiene esta resolución, en la lucha contra la Gran Minería en la comuna de Putaendo, García aseveró que“este es un paso muy importante para nosotros, puesto que se confirma lo que hemos estado luchando durante este tiempo, para poder demostrar que la irresponsabilidad de la empresa ha sido bastante grande y ha provocado daños ambientales en el sitio, incluso con un documento que devela la contaminación de las aguas”, sentenció
Al mismo tiempo, García aseguró que con antelación, la coordinadora realizó una denuncia en la Policía de Investigaciones, PDI, para que se desarrollara una investigación, que finalmente fue encargada al Fiscal Fajardo, quien -pese a las solicitudes de reunión realizadas por PutaendoResiste- aún no se sienta a conversar a los demandantes.
“Tenemos 2 solicitudes, una en el mes de octubre y otra ahora en noviembre y hasta el momento no nos han recibido. Nosotros entregamos antecedentes, todo lo relacionado con la vulneración de la Constitución Política, la ley 19.300, todo lo que tiene que ver con el tema penal que hay detrás de todos esto, porque el hecho de contaminar las aguas, implica un tema relacionado con el código penal, y en esta resolución que entrega la DGA, aparece un término que también es interesante, como lo es la ‘usurpación de aguas’, osea ya tendríamos dos temas relacionados con el ámbito penal, que pueden ser investigados por un Fiscal”, argumentó García.
Cabe destacar que, en la misma Resolución 1902 emitida por la DGA, se deja constancia que “si no se cumple con la paralización de la extracción de aguas, nuestra Dirección podrá requerir del señor Gobernador Provincial, el auxilio de la fuerza pública con facultades de allanamiento y descerrajamiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 138 del Código de Aguas”, decreta el documento que además fue remitido al Juzgado de Letras de Turno en San Felipe, para la aplicación de multas por extracción no autorizada de agua (artículo 173 del Código de Aguas) y al Ministerio Público de San Felipe para efectos de la correspondiente investigación por posible delito de usurpación de aguas.
