- Se abordó proyecto de traslado de arenas desde Viña del Mar al CTI La Hormiga:
El próximo lunes 5 de diciembre, debiera conocerse el primer informe del Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, en el cual, se presentan observaciones de distintos entes gubernamentales, en torno al impacto que puede generar este traslado de material térreo.
Con la participación de distintos actores sociales y políticos, este martes, en el Salón de Honor de la Municipalidad de San Felipe, se desarrolló una sesión extraordinaria de la Comisión de Medio Ambiente y Patrimonio del Gobierno Regional de Valparaíso, Gore, con motivo de conocer mayores detalles respecto del Proyecto en que la Empresa GEA, pretende trasladar arenas contaminadas y depositarlas en el Centro de Tratamiento Integral, CTI, La Hormiga.
Esta reunión se genera a partir de la enorme preocupación que ha despertado en la ciudadanía, la posibilidad de que San Felipe se transforme en depósito de material térreo contaminado con materiales pesados, provenientes de Viña del Mar y que pertenecen a Inmobiliaria Las Salinas. El proyecto durante estos días se encuentra en la etapa de revisión de la declaración de Impacto Ambiental presentada por GEA al Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, el cual tiene plazo hasta el próximo lunes para emitir un primer informe con observaciones a este tema
Así lo dio a conocer el director del SEA, Región de Valparaíso, Alberto Acuña Cerda, quien a la vez confirmó que el documento se basa en las inquietudes y comentarios emanados de los 22 organismos consultados, entre ellos; las seremías de: Salud, Transporte, Medio Ambiente, Agricultura, Desarrollo Social; además de la Municipalidad de San Felipe, el Gore, Conaf, SAG, entre otros.
Según informó Acuña, junto con las observaciones realizadas por los organismos mencionados anteriormente, también se considera un proceso de participación ciudadana, que podría partir en unas dos semanas más y mediante el cual se elabora un anexo con puntualizaciones que también son remitidas al titular del proyecto (GEA)
“Nosotros debemos publicar una resolución que da inicio al proceso, así lo señala nuestra legislación, es decir, constatamos que existen los requisitos para solicitar la participación ciudadana, subimos la declaración de impacto ambiental y luego se publica un extracto de esa resolución en el Diario Oficial y en un diario de circulación regional y/local. A partir de esa fecha comienzan los 20 días hábiles que dura el proceso”, describió el profesional
Respecto al grado de incidencia que la ciudadanía tiene en la resolución final, Acuña fue tajante en señalar que “la participación ciudadana no es un acto vinculante, los que toman la decisión de calificar o no un proyecto es la comisión de evaluación y, por lo tanto, no las evaluaciones ciudadanas, nosotros recogemos estas observaciones y hacemos la ponderación de las respuestas. Efectivamente, esto no se trata de un plebiscito, yo no les puedo decir otra cosa por efecto de populismo, sino que, la idea es saber la opinión de la comunidad y cómo les afecta el proyecto”, expuso el profesional
En cuanto a la oposición que encontró en los alcaldes de las distintas comunas y los representantes vecinales presentes en esta reunión, Acuña reconoció que “hay una oposición por parte de los distintos sectores de la comunidad y por lo tanto, nosotros tenemos que analizar que todos los actores de la ciudadanía puedan participar informadamente de este proceso”, añadió el director Regional del SEA.
Como ya es sabido, una vez que la información se masificó, el proyecto encontró un duro rechazo por parte de la comunidad y de algunas autoridades locales, entre ellos el alcalde de San Felipe Patricio Freire, quien ratificó el absoluto rechazo que existe desde el municipio, hacia un proyecto que puede significar el deterioro de la calidad de vida de los sanfelipeños.
“La postura es clara, el Concejo Municipal y este alcalde están contra traer estas arenas contaminadas y bajo ningún punto de vista vamos a aceptar que esto se materialice, existe la posibilidad que se puedan contaminar las aguas, por lo tanto, todo el Valle de Aconcagua sale perjudicado”, determinó Freire.
Así mismo, el edil entregó su opinión respecto del actual funcionamiento que tienen algunas instituciones del Estado y lo obsoleta que resulta ser la legislación chilena en algunos aspectos, manifestando que “acá hay un tema y es que los servicios públicos están fallando, aprueban proyectos en perjuicio de las comunidades, como planta de Revisión Técnica que fue aprobada, sin considerar la contaminación que conlleva a sus alrededores. Además existen resquicios que son utilizados para violar la ley y contaminar sin importar lo que piensen las comunidades, ahí es donde tenemos que poner coto (sic)”, sentenció el alcalde sanfelipeño.
OBSERVACIONES DE AGRICULTURA Y SALUD
El seremi de Agricultura de Valparaíso, Ricardo Astorga, evaluó de forma positiva esta instancia que permite dar a conocer a la comunidad cómo se desarrollan los procesos en este tipo de situaciones y manifestó que “acá hay que dejarle claro a los vecinos y vecinas que esto no está definido, no está votado, por lo tanto, tienen que estar tranquilos y seguir formando parte en la participación ciudadana, donde van a poder entregar sus impresiones respecto de este proyecto que se quiere instalar acá en San Felipe”, declaró el ingeniero agrónomo.
Respecto de cuál es la participación que su cartera tiene en este proceso y las principales aprehensiones que presentan en torno a la posible materialización del proyecto, Astorga detalló que “lo que hemos dicho nosotros es que no se entregan claramente los impactos que pueda tener esto en las aguas subterráneas, ni tampoco en el entorno agrícola. Nosotros creemos que es importante que se diga si hay un impacto que pueda afectar a los vecinos, siempre luchamos porque la agricultura del sector no se vea afectada y en este caso, también queremos que el titular sea más claro en este punto”, afirmó el Seremi.
“Tenemos una postura de defensa de la actividad agrícola, por lo tanto siempre vamos a hacer reparos en ese sentido, ahora también decir, que estamos frente a una normativa, una legislación que nos deja en una condición definida de lo que podemos hacer y decir nosotros como Ministerio”, concluyó Astorga.
A su vez, la Seremi de Salud de Valparaíso, María Graciela Astudillo, aclaró que durante esta instancia no corresponde que los servicios públicos se pronuncien a favor o en contra de algún tipo de proyecto, pues la reunión no corresponde a una sesión formal del SEA.
Sin embargo, Astudillo anunció que desde Salud se hicieron distintas observaciones a una declaración de impacto ambiental que -según dijo- “tenemos muchas dudas (…) no queda claro, tal como lo dicen los vecinos, a qué material corresponde, si se trata de un residuo peligroso o no, por lo tanto, nuestro pronunciamiento hasta el día de hoy, tiene esas dudas y nosotros tendremos que esperar el proceso legal, seguramente durante los próximos días la empresa va a responder, analizaremos esas respuestas para finalmente en una sesión del SEA, ver si esta declaración se aprueba o se rechaza”, planteó la Seremi.
Finalmente Astudillo ratificó que, en caso que la compañía argumente que el material a trasladar no es peligroso, eso deberá comprobarse con pruebas de laboratorio que así lo demuestren.
“Acá nuestro objetivo principal es resguardar la salud de las personas, pero si un proyecto se aprueba o no, no depende de la opinión de uno u otro servicio, sino que, cómo la declaración en este caso cumple o no cumple con la normativa vigente y hasta el momento, con los antecedentes que tenemos, no nos satisface la Declaración de Impacto Ambiental”, concluyó Astudillo.
