Por uso malicioso de documentos privados:
- Ex consejera regional Valeria Carvallo deberá firmar durante un año por su irreprochable conducta anterior.-
El Juzgado de Garantía de San Felipe condenó ayer miércoles 19 de octubre a Valeria Ninoska Carvallo Suma de Villa, a la pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo, como autora del delito de uso malicioso de documentos privados. Ilícito registrado el año 2021 mientras la condenada se desempeñaba como asesora de la Secretaría de Planificación Comunal (Secplac) del municipio local.
En audiencia de procedimiento abreviado, el magistrado Bernardo Bustamante Velozo aplicó, además, las accesorias legales de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, y el pago de una multa de seis (6) UTM (Unidades Tributarias Mensuales).
El tribunal acogió, además, la solicitud de la defensa respecto de una alternativa al cumplimiento de pena corporal, por lo que decretó la remisión condicional de la pena mediante firma mensual en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de San Felipe por el término de un año, por considerar que concurren los presupuestos de irreprochable conducta anterior y la admisión de responsabilidad por parte de la sentenciada.
LOS HECHOS SEGÚN FISCALÍA
Sobre los hechos, el Fiscal Alejandro Bustos explico en forma verbal que «la imputada Valeria Ninoska Carvallo Suma de Villa en el mes octubre del año 2020 se presentó ante el alcalde suplente de esa fecha, don Christian Beals Campos, en dependencias de la municipalidad de San Felipe, ubicada en calle Salinas 206 de esta ciudad, como trabajadora social, profesión determinante para que fuera contratada a honorarios para tramitar y obtener recursos para proyectos de varios clubes deportivos de fútbol amateur», dice.
Así, para formalizar la contratación a honorarios, «debía presentar al municipio diversa documentación para acreditar la idoneidad en el cargo, entre ellos certificado profesional de trabajadora social, para lo cual la imputada, usando un título de dicha profesión de doña Polet Chaparro Díaz, quien habría realizado su práctica profesional en el 2015 en la municipalidad de San Felipe, presentó para ello certificado de título de dicha profesión otorgado por el Instituto Profesional AIEP, mismo título que la imputada falsificó adulterándolo, colocando su nombre para efectos de acreditar la exigencia de titulación de trabajadora social, firmando contrato de honorarios en recursos humanos de la municipalidad el día 30 de octubre del año 2020, para lo cual se le pagó en el mes de octubre la suma de 567.889 pesos y por los meses de noviembre y diciembre, todos del año 2020, la suma de 1.576.060 pesos. Durante el año 2021 le continuaron pagando la suma de 2.000.000 de pesos mensuales hasta el mes de mayo de ese año», señala el persecutor.
El fiscal Bustos explicó que en dicho contrato, firmado con la municipalidad, la imputada debía elaborar perfiles de proyectos del sistema nacional de inversiones de gestión, evaluación social y económicos de los mismos, participación ciudadana, documentación administrativa y técnicas para iniciativas para mejoramiento de piscina sector estadio fiscal, construcción de camarines y servicios higiénicos, reposición de cierres, construcción de casetas clubes deportivos, entre otras funciones.
Sin embargo, dice el fiscal Bustos, que no fue hasta que el mes de mayo de 2021, «a través de comentarios en redes sociales que afirmaban que la imputada nunca habría estudiado la profesión de trabajadora social, que se revisó autenticidad del certificado de título que presentó, percatándose de la falsedad del documento con lo cual se permitió la contratación a la acusada por la municipalidad de San Felipe», concluyó.
Le sirvió tener irreprochable conducta anterior y colaborar eficazmente a esclarecer los hechos investigados.
