LOS ANDES.- El Ministerio Público requirió en Procedimiento Simplificado por los delitos de Apropiación indebida; Estafa y Hurto al abogado Peter P. S. (34), perpetrados en contra de clientes a los cuales representaba en los Tribunales de Garantía y que se encontraban en Prisión Preventiva.
Según explicó el Fiscal Jorge Alfaro, el abogado tenía la representación de imputados en Prisión Preventiva por delitos de gravedad, como es el caso de Alan Matter, que dio muerte a su exconviviente y la pareja conformada por Róbinson Zamora y Nicole Leiva, responsables del crimen de la pequeña Katalina Cerda Alcorce, a los cuales pedía dinero para la realización de determinadas diligencias, mismas que son realizadas por organismos públicos de manera gratuita.
«A estas personas les señalaba situaciones engañosas de requerir el dinero para pago de diligencias, que son realizadas por instituciones públicas y que son gratuitas como las autopsias, inhumaciones de cadáveres, además de pagar supuestas coimas a funcionarios públicos», explicó.
GANÓ MILLONES
El imputado llegó a pedirles dinero a sus clientes para pagar supuestas coimas a un Fiscal del Ministerio Público y al entonces Juez de Garantía de Los Andes, Marcelo Rojas Arenas, y así poder otorgarles su libertad, situación que nunca fue así. Manifestó que las personas le iban entregando dinero al abogado y hasta el momento en la investigación han podido acreditar siete delitos respecto de personas distintas con un monto defraudado que supera los diez millones de pesos.
El Fiscal Alfaro recordó que el letrado estuvo en Prisión Preventiva algún tiempo por esta causa, «pero después quedó en libertad y en su oportunidad prestó declaración reconociendo parcialmente algunos de los hechos, razón por la cual se le había considerado una atenuante de colaboración, además de haber depositado más de tres millones de pesos para reparar el mal causado y las últimas audiencias no se había presentado, por lo que se había despachado una nueva orden de detención.
«Fue requerido en Procedimiento Simplificado donde existe la posibilidad que él acepte los hechos o derechamente que lleguemos a juicio oral. Hoy día plantearon la posibilidad de llegar a Acuerdo Reparatorio respecto de al menos dos de las víctimas, a lo cual el Ministerio Público se opuso, porque hay un interés público prevalente, en este caso entendemos que lo hay, porque los afectados son personas particularmente vulnerables, son personas que están privadas de libertad con la desesperación que ello supone, más allá de los hechos por los cuales ellos se encuentran sometidos a Prisión Preventiva», explicó el fiscal. En caso de aceptar responsabilidad, arriesga una pena de 220 días de cárcel y una multa de 15 UTM por el delito de Estafa y otros 220 días por la apropiación indebida.
