Alcalde Amar señaló que no indemnizarán a mujeres estafadas por funcionaria municipal

Luego del dictamen unánime de la Corte Suprema, que obligaba a la Municipalidad de San Felipe a indemnizar con seis y medio millones de pesos a María Cristina Valle y Jovita Rojo, el alcalde Jaime Amar fue enfático en señalar que el municipio no pagará ese dinero, debido a que ese proceso se encuentra cerrado. Según señaló el alcalde Jaime Amar, la Corte de Apelaciones de Valparaíso ya había dictaminado respecto de esta situación, fallo que se subió a la Gazeta judicial, como uno de los fallos importantes entregados por esta instancia. Proceso que habría quedado abandonado, debido a que pasados seis meses los abogados a cargo del caso no siguieron la causa.«Pero los abogados que presentan la situación al tribunal, tienen que hacer procesos administrativos en los tribunales, y cuando esos procesos administrativos no se ejecutan en un plazo de 6 meses, la causa queda abandonada definitivamente, por lo tanto la causa por abandono está cerrada».Sin embargo la Corte Suprema dictaminó en otro sentido y está obligando a pagar al municipio esta importante cantidad de dinero, fallo que según el jefe comunal, no va a tener ninguna ingerencia en el ámbito municipal.«Porque esto fue utilizado de una forma política, se llevó el proceso hasta que servía políticamente, y posteriormente no se hicieron los procesos administrativos, por lo tanto los abogados que hicieron la presentación no hicieron el proceso, y esto ya está declarado en abandono y por lo tanto nosotros pedimos desarchivar la documentación para pedir el término del proceso. La municipalidad no va a pagar ningún aporte económico, porque esto en la práctica se presentó, se dejó y tiene una situación administrativa, en la práctica se utilizó a la gente para una acción netamente publicitaria, con resultados que son negativos para el municipio, pero sin ningún efecto prácticamente económico».A juicio del jefe comunal, con este fallo se estaría indicando que cualquier funcionario de una institución puede desarrollar actividades irregulares, fuera de sus lugares de trabajo, y serán posteriormente las entidades las que deberán asumir las responsabilidades sobre esas situaciones, que fue lo que aconteció en el municipio, según dijo.