Alcalde Guillermo Reyes sobre personas desalojadas: “Desde un principio se informó que era ilegal la ocupación de esos terrenos”

Alcalde de Putaendo, Guillermo Reyes.

PUTAENDO.- El Alcalde Guillermo Reyes se refirió a la compleja situación de una familia del sector de Las Coimas que hace algunos días fuera desalojada por orden judicial de su vivienda emplazada en un bien nacional de uso público. “A esta familia desde el momento que levantaron dichas construcciones provisorias se le notificó que no podían ocupar esos terrenos”, manifestó el edil.

Para la máxima autoridad de Putaendo, es lamentable llegar a este tipo de circunstancias, sin embargo, reiteró que en más de una oportunidad se explicaron claramente las opciones. Informando que no era posible ocupar este bien nacional de uso público salvo que se solicitara al concejo municipal una concesión por el terreno, acción que debe estar asociada a una actividad comercial con patente municipal, como es el caso de otra familia en una situación similar un poco más al norte, quienes viven en un terreno con título de dominio y mantienen una actividad comercial en la parte que es franja fiscal.

Según contó el edil, la situación se remonta, probablemente, a la decisión de dos jóvenes quienes al ver frente al hogar de sus padres un terreno baldío decidieron instalarse con dos edificaciones de material ligero cercando dicho lugar. El problema es que este terreno es un bien nacional de uso público, es decir pertenece a todos los chilenos, por esta razón uno de los ocupantes desistió y desarmó lo construido, no obstante, el otro vecino no acató las instrucciones de la Dirección de Obras Municipal de abandonar el terreno.

Dicha situación, conocida también por el Concejo Municipal, llega a un punto límite cuando por orden del Juzgado de Policía Local se dictamina que los habitantes deben desarmar lo levantado ilegalmente, provocando la reacción de los vecinos.

Por su parte, el Director de Obras Municipal (DOM), Jorge Reyes, informó que en estos casos “no hay mucho rango de alternativas y que es justo reconocer que desde momento que levantaron las construcciones provisorias se les informó que no podían ocupar los terrenos por ser un bien nacional de uso público y que cuando existe una orden judicial el único camino es respetar la Ley”, explicó el DOM.

Un hecho lamentable, pero que claramente no es justificación para insultar a los funcionarios públicos y hacer juicios temerarios de la autoridad sin pruebas o hechos concretos, “particularmente en 40 años de trabajo como funcionario público y trabajador dependiente presento una trayectoria e idoneidad intachable, replicó el edil quien espera que este tipo de situaciones siempre se solucionen con respeto y diálogo.