SAN ESTEBAN.- El alcalde de la comuna de San Esteban, René Mardones, defendió su decisión de ordenar el cierre de la Mina El Pimentón, en Río Colorado, argumentando que los municipios tienen que ejercer su función fiscalizadora sobre las construcciones y las que no cuenten con regularización deben ser clausuradas a la brevedad.
«A la fecha no ha regularizado sus instalaciones producto de negligencias administrativas de la empresa, por lo tanto el municipio tuvo que tomar la medida de clausurar el mineral porque no cuenta con los permisos y puede ser un riesgo para los mismos trabajadores», explicó la autoridad comunal.
Mardones informó que la madrugada del pasado viernes subieron en vehículos personal de Carabineros de la Tenencia San Esteban y personal de seguridad ciudadana para proceder a clausurar las instalaciones y desalojaron a los 105 trabajadores que estaban en el campamento minero.
«La verdad es que esto es lamentable, porque ahí trabaja harta gente y debieron ser evacuados. No habíamos querido hacer esto antes porque la gente de la minera había estado tratando de regularizar, pero nunca lo hizo. Incluso quedaron de acuerdo con que iban a regularizar en el transcurso de la semana, pero eso me lo vienen diciendo hace diez años, de lo cual no creo mucho», sostuvo el edil.
Agregó que los profesionales contratados por la minera deberán hacer ingreso de las carpetas respectivas a la dirección de obras municipales con todos los requerimientos técnicos y administrativos solicitados para poder autorizar su funcionamiento, «por lo que la medida de cierre se mantendrá durante este proceso».
Finalmente Mardones advirtió que la municipalidad está haciendo un catastro de la situación en la que se encuentran todos los inmuebles de San Esteban que tienen relación con comercio y actividades propias de cada uno de los rubros productivos, «y si están con situaciones similares, se tiene que proceder a la clausura no más, porque hay una normativa vigente que hay que cumplir y la ley me otorga facultades para poder ejercer fiscalización sobre estas propiedades».