Concejales acusadores se mostraron ofendidos con respuesta del alcalde

De Izquierda a derecha el concejal Juan Carlos Sabaj, Christian Beals Campos y Patricia Boffa. Falta Igor Carrasco, pero se excuso por tener que viajar a Santiago.

Ediles que recurrieron al Tribunal Electoral Regional:

Los concejales Patricia Boffa Casas, Juan Carlos Sabaj y Christian Beals Campos se reunieron con la prensa para clarificar algunos puntos sobre la presentación al Tribunal Electoral Regional (TER) pidiendo la remoción del alcalde Patricio Freire Canto. En la ocasión los ediles se manifestaron dolidos por ser tratados como los peores concejales de San Felipe, sólo por el hecho de cumplir la principal función como es el fiscalizar las actuaciones del alcalde.
Fue el concejal Christian Beals quien criticó al alcalde Patricio Freire por el trato que ha tenido hacia ellos: “Lo que nosotros queremos establecer esta mañana es que esta no es una acción individual, ni política, ni partidista; ni Patricia Boffa está buscando cargos, ni Juan Carlos Sabaj ni el suscrito a través de esta acción que estamos haciendo en base a nuestros derechos y deberes como concejales. Es cierto que este concejo es mucho más activo de lo que ha habido antes y ha sido partícipe de un sinnúmero de indicaciones para mejorar el funcionamiento de la municipalidad, por eso nos duele que nos retrate como el peor concejo o peores concejales que han pasado por la historia de San Felipe”, indicó.
El concejal dio a conocer el memorándum 275, donde se dan a conocer las solicitudes que ha hecho y las respuestas que le han dado. El año 2016-2017 se ingresaron 79 solicitudes y obtuvo respuestas en el 79% de ellas. El año 2018 se han ingresado 166 y le respondieron un 57%.
El edil dio a conocer respuestas positivas y no positivas de parte del municipio: “Por ejemplo el 20 de diciembre del 2016 solicité un proyecto de arborización de San Felipe de la Dipma… pendiente. Es decir todo el tiempo que llevamos estamos haciendo un aporte positivo, según el estudio que hice faltan tres mil árboles en San Felipe, ahora se han destruido muchos más y hasta ahora no hay ningún sistema, ahora que han pasado dos años, y todavía no hay ningún sistema que la implemente; estudio de pre factibilidad de semáforos en Tres Esquinas, el 21 de diciembre de 2016, todavía estamos en eso, y así una serie de otras situaciones que están en estudio o pendiente; por ejemplo solicité implementar la terminación de la piscina municipal temperada en febrero de 2017, la piscina funciona el periodo de verano y en invierno no puede funcionar porque se compraron los equipos, están puestos ahí y no se usan porque el techo se destruyó, entonces la verdad es que duele cuando uno ha presentado proyectos, como por ejemplo pavimentación en población República, Villa Argelia, La Escuadra, un informe que hice yo sobre la construcción de lomos de toro de bajo costo, porque cada lomo de toro implementado por la municipalidad cuesta dos millones de pesos y los lomos de toro, cuando uno saca los costos, cuestan 400 mil pesos, y así una serie de proyectos”, señaló Beals.

NADA PERSONAL
En tanto Juan Carlos Sabaj dijo que a raíz de toda esta situación se ha especulado muchas cosas, las cuales no son ciertas: “Yo quisiera aclarar que esto no es nada personal, contra nadie, lo que estamos haciendo nosotros es haciendo valer nuestra responsabilidad hacia la comunidad. Es cierto que a mucha gente le desagrada, pero nosotros tenemos que hacer nuestra labor”, indicó el edil.
Por su parte la concejala Patricia Boffa dijo que la única herramienta en esto es la que les sugirió el ente contralor: “La Contraloría en el informe 1995 otorgado el día 28 de febrero del año en curso que siguiere al concejo municipal, porque están todos los antecedentes, los pongan a disposición del TER, por lo tanto este es un tema administrativo-jurídico y yo lamento profundamente que se haya tomado como un ataque personal cuando esto no es así. Hoy día estamos siendo junto a los demás colegas concejales descalificados, lo asumimos, pero estamos asumiendo el rol que la ciudadanía nos entregó, la ciudadanía nos eligió para fiscalizar algo que ustedes pedían, la gente también pedía y hoy día esta es una muestra que estamos fiscalizando, estamos con las manos limpias y podemos mirar a la cámara, a la gente a los ojos, porque aquí detrás no hay un trasfondo político”, indicó.
También el concejal Beals Campos leyó un documento proveniente de la Contraloría regional que tiene fecha 21 de febrero de 2018, donde en el punto penúltimo dice: “Que en consecuencia atendida que los hechos pudiese verse comprometida la responsabilidad administrativa del alcalde, esta entidad fiscalizadora cumple con remitir los antecedentes del caso al Concejo Municipal para que ese cuerpo colegiado, en caso de estimar que con la actuación de ese edil se configura algunas de las causales previstas en la letra C inciso primero del artículo 60 de la mencionada ley, envíe los antecedentes al Tribunal Electoral Regional de Valparaíso a fin que resuelva conforme a derecho, sin perjuicio de lo anterior cabe hacer presente que la ordenanza se aprobó con mayoría de votos puesto que de los seis concejales en ejercicio de la comuna, cuatro de ellos votaron por la afirmativa y el alcalde por la negativa, subsiste el quórum de aprobación, finalmente se constató que la actuación anual de la declaración de patrimonio e intereses del alcalde registrada el 15 de marzo de 2017 informa la participación de 25% en la sociedad e inmobiliaria Elisa Ltda., en circunstancias que según aparece en la ya citada escritura pública de la constitución de esa empresa, su participación alcanza al 48,85%. Lo anterior vulnera lo previsto en la letra A artículo 7 de la ley 20.880 que establece que la declaración de intereses y patrimonio deberá contener el porcentaje que corresponde al declarante en toda clase de derecho o acciones de cualquier naturaleza que tenga en comunidad, sociedad o empresa constituidas en Chile, por lo que esta sede regional remitirá los antecedentes del caso a la Unidad de Análisis de declaración de intereses y patrimonio de la Contraloría regional de la república para que verifique el cumplimiento de las obligaciones que recaen sobre el citado edil y proceda de acuerdo a sus facultades”, señaló Beals.