“Los 21 millones se deben hacer efectivos en el patrimonio del querellado a través de una Acción Civil de Cumplimiento de Sentencia”, señaló Ocampo a DIARIO EL TRABAJO.

Pablo Salinas Saldías – psalinas@eltrabajo.cl

En horas de la tarde de ayer, el Tribunal Oral en Lo Penal condenó a cinco años de libertad vigilada y el pago de $21.499.000, al ex Jefe de Finanzas de la Municipalidad de Panquehue, Luis Herrera Vera, imputado por el delito de malversación de caudales públicos de la Municipalidad de Panquehue denunciados el año 2006.

Cabe recordar que el Ministerio Público, junto con la parte querellante, pudo establecer que la sustracción de dineros habría comenzado desde el año 2001, donde el ex funcionario municipal, Nelson Lazcano, fue condenado por su participación en este hecho, sirviendo como testigo en los juicios desarrollados en contra de Luis Herrera, quien se desempeñaba en aquel entonces como Jefe de Finanzas de la Municipalidad de Panquehue, delito que quedó al descubierto en el año 2006 producto de un Sumario de la Contraloría donde se estableció que un monto de 60 millones de pesos, habían salido desde la cuenta de Salud a través de la adulteración de cheques.

Sin la presencia del imputado, se dio lectura a la sentencia que deberá cumplir Herrera, el que fue representado por el Abogado Bernardino Escudero, quien declinó hacer algún tipo de comentario al respecto hasta apelar, en un plazo de diez días, la condena que sentenció el Tribunal.

Sin embargo, por la parte querellante, el abogado Juan Ocampo destacó la decisión de los jueces, argumentado que «el Tribunal le ha concedido el beneficio de cumplimiento a través de la libertad vigilada. Todo esto será materia de análisis de los querellantes y también de la Defensa, porque debemos recordar que hay un plazo de diez días para poder recurrir en contra de la sentencia, pero por de pronto yo manifiesto, a nombre de la Municipalidad de Panquehue, la conformidad de que se declaró la responsabilidad penal que tiene el querellado, además de eso se acogió la Demanda Civil por una suma de 21 millones y fracción, que el Tribunal consideró es el perjuicio municipal que se provocó con las defraudaciones de las cuales es autor el querellado».

Ocampo agregó que «los 21 millones se deben hacer efectivos en el patrimonio del querellado a través de una acción civil de cumplimiento de sentencia. Eso es una materia posterior a que quede ejecutoriada la sentencia conocida en el día de hoy».

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