Contraloría demanda a municipio de Putaendo por dineros ocupados en la ley SEP

El Alcalde (S) Patricio González, quien también fue demandado, aseguró que no existen irregularidades y que la Municipalidad tiene los antecedentes para así demostrarlo.

PUTAENDO.– Luego de realizar una acuciosa investigación, la Contraloría General de la República decidió demandar al municipio de Putaendo ante el Juez de Cuentas por dineros ocupados entre el año 2010 y parte del 2011 en la denominada Ley SEP.

Según la información obtenida por nuestro medio, Alexandra Guaita, Abogado Contralor Regional de Valparaíso, envió los antecedentes al Juez de Cuenta a través de una acción civil, demandando al Alcalde Guillermo Reyes; al Administrador Municipal Patricio González; a la ex directora del DAEM Sandra Lucero; al actual director del DAEM Carlos Cuevas Pérez, y los funcionarios de dicha repartición Nelson Vega Camaño, Ana Galaz González, Pedro Fernández Herrera y Alejandro Arancibia Orostizaga, este último quien cumpliera labores de ‘Control’ del municipio de Putaendo.

Lo anterior obedece a que durante el año 2011 la Contraloría realizó una auditoría sobre la revisión de los recursos otorgados por la Ley 20.248 sobre Subvención Escolar Preferencial (SEP) respecto del periodo comprendido entre el 1 de enero del 2010 y el 30 de junio del 2011, correspondiente a los establecimientos educacionales Liceo Manuel Marín Fritis; Liceo República de Estados Unidos; Colegio Paso Histórico de El Tártaro y Colegio San Alberto de Guzmanes, donde dicha auditoría logró detectar que «$28.645.685 pesos individualizados en el anexo N° 2, no se acreditó que tales desembolsos se encontrasen asociados a las acciones de los PME (Proyectos de Mejoramiento de Educación) y que las aludidas personas contratadas se encontraban inscritas en el registro nacional de Asistencia Técnica Educativa (ATE), incumpliendo con ello lo establecido en el Artículo 30 de la Ley 20.248 y la jurisprudencia emanada de este organismo de control, particularmente lo dispuesto en el dictamen N° 56.373 de 2011, además de los gastos por administración central de la subvención otorgadas a las escuelas ya que $503.554 pesos se destinaron a solventar gastos por conceptos de cenas a directores y docentes».

En el dictamen la Contraloría realiza una extensa exposición, no precisando irregularidades, señalando en parte de su anexo que «la Contraloría Regional ha podido constatar que en el ejercicio de sus cargos, las personas antes individualizadas administraban recursos públicos se encontraban en la obligación legal de conocer la normativa y de aplicarla correctamente en el caso en cuestión, detallando a juicio de la Contraloría cada una de las faltas que pudieron haber cometido, señalando que el daño ocasionado al municipio asciende a un monto de $30.970.436 pesos, equivalente a 797,65 UTM, las que al valor de la fecha de formulación del reparo, Julio del presente año, asciende a la suma de $31.663.884 pesos, desglosando dichos dineros en pagos, honorarios y sueldos entre choferes, honorarios y sueldos y cenas».

En el informe enviado por la Contraloría al Tribunal de Cuentas se entrega también el detalle de cómo estos dineros deben ser devueltos, que es lo que la Contraloría está solicitando, señalando los montos que cada uno de los demandados debiera eventualmente devolver.

Consultado el Alcalde (S) Patricio González por esta situación, reconoció que efectivamente la Contraloría notificó tanto al Alcalde Reyes como al resto de los funcionarios de esta demanda interpuesta por la Contraloría General de la República, agregando que es un tema que también afecta a muchas municipalidades de país y que en el caso puntual de Putaendo, se basa en que claramente no hay ningún tipo de irregularidades, que los contratos están en regla, las personas cumplieron su trabajo, pero la contraloría pide que se explique detenidamente funciones y por qué y para qué fueron contratadas.

Agregó que todos quienes han sido demandados, firmarán hoy viernes un patrocinio de poder para un abogado que los representará ante el Tribunal de Cuentas para argumentar la defensa que deben plantear, señalando en forma categórica que lo que la Contraloría estaba haciendo es lo que le solicita la ley, que los dineros no fueron mal gastados y que de modo alguno pudo haber desvío de dineros o mal uso de fondos públicos, ya que el municipio de Putaendo tiene todos los antecedentes para contrarrestar o aclarar lo que la Contraloría General de la República hoy está demandando.

Patricio Gallardo M.