Para garantizar el ‘Debido Proceso’:
- Exdirector de la Escuela ‘Manuel Rodríguez’ busca justicia y limpiar su imagen tras ser destituido por sumario administrativo que la misma Contraloría calificó de ‘arbitrario’.-
Poco más de siete meses han transcurrido desde que el docente Cristian González Cruz, hiciera noticia luego de ser destituido de su cargo de director de la escuela ‘Manuel Rodríguez Erdoíza’, mediante un sumario administrativo que el propio directivo cuestionó en ese entonces, calificándolo como un «proceso viciado, sesgado y prejuiciado en que se buscó mi destitución y no la verdad».
El sumario administrativo se inició en el año 2021, y en base al mismo el docente Cristian González fue destituido junto a la ex directora del Liceo Bicentenario Cordillera en junio del año pasado.
Debido a lo anterior, el exdirector recurrió a la Contraloría General de la República, entidad que le dio la razón al emitir su fallo, el cual obliga a la Municipalidad de San Felipe a retrotraer el procedimiento disciplinario iniciado, a una etapa procesal que garantice el debido proceso.
Con el fallo de la contraloría en mano, el docente busca limpiar su imagen, además de emplazar al Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) y la Municipalidad de San Felipe, siendo esta última entidad la que concretó la destitución de su cargo de director.
‘LIMPIAR MI IMAGEN’
Con respecto a la situación que ha querido dar a conocer a Diario El Trabajo, Cristian González explicó este proceso y sus consideraciones, indicando que «en esa oportunidad teníamos la convicción, a partir del trabajo que se había realizado en el sumario, que había sido una decisión arbitraria, sesgada y falta de objetividad; esos eran los tres temas que nosotros teníamos claros. En la ocasión nosotros presentamos más de 20 testigos que aseveraban que no habían existido las conductas de las cuales me acusaron y que en realidad el sumario había sido teledirigido para generar una acusación».
Además, el exdirector añadió que los responsables de esta situación serían «tanto la fiscal como la autoridad, porque en este caso sí hay un vicio en la fiscal, es decir sí hay una situación de falta de objetividad, de no ponderar bien las pruebas, porque para la destitución, que es un asunto súper grave, tiene que ser, y lo dicta acá la Contraloría, ‘irrefutable e indubitablemente’, es decir que no cabe duda respecto a la situación, porque es un asunto grave. Pero nosotros sabíamos que teníamos por nuestra parte toda esta cantidad de testigos y a la vez la prueba, teníamos pruebas claras y contundentes», sostuvo.
Finalmente, manifestó que «a partir de declaraciones que hizo la misma alcaldesa en la oportunidad, se hizo público esto, en función de que simplemente yo también soy un funcionario y un trabajador. Podría haber quedado en el ámbito interno, pero se tomaron estas destituciones, porque yo fui destituido con otra colega del colegio Cordillera, con mucha publicidad. Eso me afectó bastante, pero a la vez, también en la declaración que sale por este mismo medio, la alcaldesa asegura que el proceso se hizo con responsabilidad, seriedad y se apegó a todas las normas.
«La imagen que uno tiene como funcionario público y como docente quedó por los suelos y eso es súper grave desde el punto de vista de poder reincorporarse a un asunto laboral. Por suerte yo he tenido otros asuntos o tuve la paciencia y la capacidad de resistir ese asunto, pero indudablemente sí que afectó mi tema laboral», concluyó.
RESPUESTA DE LA MUNICIPALIDAD
En relación a lo anterior, Diario El Trabajo quiso conocer la versión de la Municipalidad de San Felipe con respecto a la situación de Cristian González Cruz. En este sentido, el director de Asesoría Jurídica del municipio, Felipe Salaya, indicó que «dando cumplimiento a lo que dice la Contraloría, nosotros retrotraemos el sumario, vamos a generar una nueva resolución, efectivamente con una decisión en la materia, lo que va a ser en los próximos días, pero hay que entender que estos son procedimientos normales dentro del sumario, son etapas que incluso contempla la ley y de los posibles reclamos ante la Contraloría y nosotros cumplimos evidentemente lo que nos dice la misma. Vamos a tomar en consideración todos los elementos que considera el señor González en sus distintas intervenciones en el sumario y a partir de eso se tomará una decisión.
«Quiero ser súper tajante y claro, que esto no significa de que la Contraloría haya ordenado que la persona sea sobreseída, es decir que no se haya establecido responsabilidad, sino que solamente lo que plantea es que los actos administrativos, los decretos tienen que hacerse cargo de ciertas argumentaciones, lo que vamos a hacer en los próximos días y se dará a conocer efectivamente si a partir del nuevo estudio de los antecedentes, se va a llegar a la misma conclusión que se llegó en su oportunidad.
«Efectivamente el señor González planteó sus argumentaciones conforme a la norma y la Contraloría nos dice a nosotros que los decretos tienen que hacerse cargo de ciertas argumentaciones que él hace, lo que nosotros vamos a saber en los próximos días, dando cumplimiento a lo que dice el dictamen y finalmente para ponerle término al sumario, lo que no significa que vaya a existir un sobreseimiento, sino que efectivamente se puede mantener la misma decisión y eso es lo que estamos estudiando ahora como dirección de asesoría jurídica», concluyó Felipe Salaya.
EL FALLO
En su parte medular, el fallo de la Contraloría General de la República, de tres páginas de extensión, señala:
«Ahora bien, del análisis de los antecedentes que obran en el sumario de la especie, se advierte que el inculpado ofreció como prueba de descargo la declaración de 20 testigos -fojas 357-, quienes mayoritariamente se encuentran contestes en negar la ocurrencia de conductas que se puedan calificar como maltrato o acoso laboral, además de adjuntar prueba documental en respaldo de su defensa.
«En ese contexto, la vista fiscal -rolante a fojas 507 y siguientes del expediente disciplinario-, omite valorar tales probanzas, misma situación que acontece con el decreto T.R. N° 3.491, de 2022, por el que se aplicó la medida de destitución, mientras que el decreto alcaldicio N° 2.937, de igual año, por el cual se rechazó el respectivo recurso de reposición y se confirmó la destitución, se limitó a enunciar que corresponde a la Administración activa la ponderación de los elementos de convicción, lo que resulta insuficiente, atendida la entidad de la medida que se aplica al afectado.
«De esta manera, la transgresión expuesta implica que la decisión adoptada por la autoridad carece de una suficiente motivación fáctica y jurídica, tornándola en arbitraria, lo que obliga a adoptar las medidas que sean necesarias para salvaguardar el derecho a un debido proceso que le asiste al afectado.
«En tales condiciones, la Municipalidad de San Felipe deberá retrotraer el procedimiento disciplinario iniciado por el decreto alcaldicio N° 3.236, de 2021, a la etapa procesal que corresponda, a efectos de resolverlo de manera fundada».
