Corte de Apelaciones rechaza recurso presentado por 3ª sección Río Aconcagua

La Corte resolvió que el río no es uno y está dividido en secciones a cargfo de juntas de vigilancia que son las responsables de administrar el agua que se les asignó legalmente.

• Si bien hay una escasez de agua para los regantes de la zona, por años se ha evidenciado un aumento de hectáreas de riego por parte de la tercera sección.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó el recurso de protección presentado por la tercera sección, el cual buscaba acusar a la primera sección de graves faltas, y a la Dirección General de Aguas (DGA) de no declarar la redistribución de las aguas. Lo que no tuvo asidero legal.

La corte concluyó que el ejercicio de los derechos de aprovechamientos por parte de los titulares continúa sujetándose a las reglas generales preexistentes a la declaración de zona de escasez, por lo que no es posible limitar el ejercicio de los derechos de aprovechamiento constituidos en la primera sección del río Aconcagua, pues ello implicaría una afección anticipada e inoportuna de su derecho de propiedad, consagrado constitucionalmente en el inciso final del articulo 19 Nº24 de la Carta Fundamental.

Dado la situación de escasez que está viviendo dicha cuenca, la tercera sección ha señalado en varias ocasiones que la primera estaría reteniendo agua, lo cual además de ser falso, no tiene ningún asevero legal, ya que la ley establece que cada sección es responsable de la correcta administración de sus aguas, ajustándose a sus capacidades, derechos y obligaciones.

Dicha norma está establecida según lo dispuesto en el artículo 264 del Código de Agua, donde se reconoce el seccionamiento de los ríos y la administración de sus Juntas de Vigilancias, las cuales tienen la responsabilidad de distribuir el agua en forma independiente.

En años anteriores, la DGA ha propiciado la suscripción de ‘acuerdos’ que han implicado que la primera sección entregue entre 24 a 36 horas de agua semanales a la tercera. Este año, la primera sección está abierta a asumir este tipo de acuerdo, pese a que se encuentra con declaración de agotamiento, es decir, ya comprometida con los derechos de aprovechamiento reconocidos, constituidos y otorgados.

En los años 2011 y 2012, la primera sección ha cumplido lo establecido, asumiendo un costo económico equivalente a un 21,42% de su patrimonio, además de tener que contratar cuadrillas para la apertura y cierre de compuertas durante los seis meses.

Pese a esto, la tercera sección ha pedido, en reiteradas ocasiones, la intervención del río Aconcagua, situación que la propia DGA ha señalado que no amerita dado que existe caudal suficiente para cubrir la demanda de dicha sección.

Intervenir el río implica suspender las atribuciones de las Juntas de Vigilancia, como también los seccionamientos de las corrientes naturales que estén comprendidas dentro de la zona de escasez. Al respecto, la DGA tiene la facultad -no el deber- de intervenir el río como un sistema unitario, redistribuyendo las aguas a prorratas entre los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas.

Esto se podría establecer sólo después de decretar escasez y si, además no se llega a acuerdo entre las secciones, por un periodo de seis meses (desde que se declara el periodo de escasez), no prorrogable y con derecho a indemnización de parte del Estado.

Históricamente, este tipo de medidas se ha implementado pocas veces y está asociada a una catástrofe humanitaria, muy diferente al escenario de hoy, donde hay una tercera sección que ha aumentado las plantaciones de paltos, necesitando más agua de la que realmente le corresponde y buscando abastecerse de otros.