- El texto firmado por los actuales concejales Ricardo Covarrubias, Guillermo Lillo, Rafael Sottolichio y Basilio Muena, podría dejar al ex alcalde suplente impedido de ejercer cargos públicos.-
Cuando ya pensábamos que las teleseries políticas en San Felipe habían quedado atrás tras la elección municipal, hoy al parecer comenzamos a vivir una nueva temporada de una serie que pareciera nunca deja de sorprender.
Y es que cuatro concejales de nuestra ciudad (Ricardo Covarrubias, Guillermo Lillo, Rafael Sottolichio y Basilio Muena), han presentado un requerimiento de inhabilidad en contra del exconcejal y exalcalde suplente, Christian Beals Campos.
Según explicó el abogado patrocinante de los ediles, Juan Carlos Manrique, «esta es una acción de la justicia electoral en la que la ley contempla la posibilidad en que un plazo de hasta seis meses una vez que la autoridad haya dejado el cargo, se puede pedir su inhabilitación por un plazo de cinco años para participar de cualquier acto electoral o ejercer algún cargo en el sector público, cuando se convence la justicia que esa persona ha incurrido en alguna de estas dos causales, o notable abandono de deberes o falta a la probidad».
El profesional, que también defendió al ex alcalde Patricio Freire en la demanda que presentó el propio Beals, señaló además que en este requerimiento «se describen seis capítulos, algunos que configuran notable abandono de deberes, aquellos casos en los que hay notabilidad donde hay una remarcada y expresiva falta de cumplimiento de deberes tales como precaver el patrimonio municipal, no endeudarlo más allá de la cuenta, no cumplir con el deber de supervisión, por ejemplo fraccionar contratos para saltarse las prohibiciones de la contratación directa, contratar personas sin título acreditado, entre otros».
Manrique además precisó en cuanto al tema de las faltas a la probidad, que «se califica en la falta del deber de supervisión, cuando se deja hacer y se hace lo que uno quiere, cuando impone un estilo que va más allá de la norma».
Un largo proceso es que comienza con la admisibilidad de este requerimiento por parte de la justicia electoral, el que incluso puede durar varios años. «La justicia electoral tiene amplias facultades, durante la tramitación del expediente que puede durar hasta tres años, puede ser que si se establece se pueda denunciar a la fiscalía si es que se establece algún tipo de delito».
El abogado también detalló que durante la gestión de Beals como alcalde suplente de la ciudad, hubo ciertos temas con trabajadores de la entidad edilicia los que también están presentes en este requerimiento. «Hay personas a las cuales unilateralmente se les bajó de grado afectando la carrera funcionaria, cuestión que no se puede. Hay gente que se le subió voluntariosamente de grado, cuestión que tampoco se puede», indicó.
Otro de los puntos presentes en este escrito de más de cien páginas, son los llamados ‘tratos directos’. En este sentido el abogado Manrique sostuvo que «las contrataciones directas en algunos casos de bienes o servicios cuyo beneficio municipal no era inmediato, es también un asunto que tendrá que ser tasado por la justicio electoral, porque si bien hubo algunos reproches, sin embargo, lo que reclaman los requirentes es que no fueron oídos, simplemente se les pasó en silencio y se impuso una manera de ver las cosas que no se adecúa a las reglas que están vigentes y los informes de contraloría que lo reprocha concretamente».
«¿QUIÉN ESTA DETRÁS DE ESTO?»
Por su parte el ex concejal y ex alcalde suplente Christian Beals, señaló que «lo primero que me sale a la mente es que ¿tienen la capacidad económica para contratar ese abogado?, que es un abogado caro a nivel nacional, ¿quién está detrás de esto?».
«Está bien que me teman. Cuando yo inicié el proceso contra Freire como concejal, había un dictamen de la corte suprema y fue lo que determinó su suspensión, pero había un fallo en tribunales», agregó el médico de profesión.
El ex edil además se refirió al actuar de los cuatro concejales en ejercicio. «Me llama la atención que estos concejales durante siete meses hayan sido absolutamente ciegos para pedir a la actual administración que investigue los casos de dineros dando vuelta, son 500 millones de Citelum, Sercotec tiene 40 millones dando vuelta, el pago de los parquímetros es responsabilidad absoluta de la administración de Freire, el doble pago a la empresa de riego, las dobles boletas en Dideco y así seguimos sumando».
Respecto de la situación de los ‘tratos directos’, Beals sostuvo que «el trato directo depende cómo uno lo enfoca. Si uno lo piensa, la municipalidad por ejemplo la Secplac no hizo ningún proyecto, todos los tratos que hizo fue por concesiones, y acá era algo parecido, porque por ejemplo para instalar los lomos de toro cuando tu licitas eso sale más de 2 millones de pesos, nosotros lo hicimos con trato directo por 600 mil pesos.
«Cuando tú no haces adecuadamente y vas en beneficio como el trato directo que hacían con grandes empresas, ahí sí te creo que uno pueda sospechar, pero acá es todo transparente», agregó.
Finalmente, Christian Beals dijo que «yo estoy tranquilo, yo en los tres meses hice más que Freire en 8 años y más que la Carmen en 8 meses, mi conciencia está tranquila, y si hay que ir a los tribunales, voy tranquilamente, no hay problema».
