Encargada del alcantarillado en La Troya:
Luego que a finales de agosto un grupo de trabajadores encendieran barricadas frente a la copa de agua del APR La Troya, como forma de protesta por abruptos despidos que según ellos se enteraron sin previo aviso por parte de la empresa Felipe de la Paz, y luego también que estos empleados fueran desvinculados de dicha empresa a cargo de la construcción del alcantarillado en La Troya, la misma pasó a desconocer la relación laboral de estas personas con la constructora.
EMPRESA DEMANDADA
Ante tal solución y encabezados por el abogado Mario Luis Fuentes Romero, la mañana de este lunes se presentaron siete de ellos en el edificio municipal, para interponer dos denuncias contra la empresa contratista Felipe de Paz S.A., cinco de ellos por presunta falsificación de firmas, y dos más porque la misma empresa los desconoce como exempleados.
Importante recordar a nuestros lectores que esta obra corresponde a la Construcción Alcantarillado Aguas Servidas, La Troya, San Felipe, con una inversión de $1.749.431.000 (Gobierno Regional), que tiene un plazo de 347 días corridos, y que tiene como fecha de entrega el 5 de marzo del 2021.
Diario El Trabajo habló con el abogado Mario Fuentes, quien nos declaró lo siguiente: «Efectivamente los trabajadores aquí presentes han sido despedidos de manera injustificada, alegando la empresa una causal que a nuestro juicio no aplica. A propósito de ese despido quedaron adeudadas la remuneración del mes de agosto más cotizaciones previsionales y una serie de emolumentos que establece la ley en beneficio de ellos. Es en ese contexto que se hizo la denuncia en la Inspección del Trabajo, en donde hubo una audiencia el 7 de septiembre y otra el miércoles 16. En la primera audiencia la empresa no participó, negando cualquier vínculo laboral con mis representados, pese a que hay pruebas que demuestran que ellos han estado prestando sus servicios permanentemente en esa empresa en los últimos cinco meses», dijo el jurista demandante.
– ¿Qué pasó en la audiencia del miércoles 16 de septiembre?
– Respecto a esa segunda audiencia (comparendo), la empresa hizo una oferta de pago a mis representados que no satisfacía lo que se les debe pagar; aquí no estamos pidiendo ningún beneficio social, perdón que lo diga, pero lo que solicitamos es lo que a ellos les corresponde por derecho y por ley.
– ¿Qué pasó con la supuestas firmas falsificadas?
– Esta es una situación más grave aún, en la revisión de antecedentes que la empresa entregó a la Inspección del Trabajo, pudimos darnos cuenta y observar que la mayoría de las firmas de las liquidaciones de sueldo que acompaña la empresa para decir a la Inspección que ha cumplido con la ley, notamos que dichas firmas no corresponden con la de mis representados, nosotros creemos que derechamente hay una falsificación de firmas, una suplantación de identidad y por lo tanto un delito, que nosotros este lunes hemos denunciado también ante la PDI para que se investigue. Esta falsificación de firmas la hizo la empresa que se adjudicó la obra, constructora Felipe de Paz S.A.
– ¿En el fondo qué es lo más grave que usted considera en esta situación?
– Lo más grave aún, se trata de una empresa que está ejecutando una obra con recursos públicos, que fue adjudicada en una licitación por un órgano público que es la Municipalidad de San Felipe. Nosotros estamos apelando en esta denuncia a que el Municipio ejerza su labor fiscalizadora, que es la labor que le corresponde, ningún municipio debe permitir que una empresa infrinja la ley o peor que cometa un delito.
LOS PROTAGONISTAS
Los siete empleados que firman estas denuncias son: Juan Ramón Bravo Palacio, Emmanuel Andrés Javia Pérez, Mauricio Antonio Ferrer González, Ramón Enrique García Tejeda, y Ramón Segundo Javia Urra en el caso de Falsificación de Firmas, mientras que en el caso por Despidos Injustificado son: Juan Carlos Rojas Arriaza y Moisés Alonso Ferreira Silva. El Municipio cuenta a partir de este lunes con 20 días Hábiles para pronunciarse sobre estas denuncias. Según nos confirmó al cierre de nuestra edición el abogado de estas personas, la denuncia sí fue acogida por la PDI, que las enviará al Ministerio Público. Los calificativos jurídicos a estas denuncias corresponden a los delitos Falsificación de Instrumento Público y Suplantación de Identidad, y en lo laboral a Despido Injustificado.
Roberto González Short
