- El legislador está impulsando cuatro proyectos de ley que perfeccionan la reacción de las instituciones ante negligencias médicas. Ya se aprobó en general la iniciativa que establece como obligatorio contar con un seguro de responsabilidad civil para el ejercicio de la medicina.-
A sus cortos 29 años de edad, María Paz Maciel perdió el 100% de la audición de su oído izquierdo, luego de ingresar al hospital San Camilo de San Felipe por una otitis media crónica. «El post operatorio fue terrible, tenía vértigos, mareos, vómitos y náuseas. Con los días empecé a perder la audición hasta que me di cuenta que estaba completamente sorda. Nadie me ha dado una explicación y cancelaron mis controles. Solo me pasaron unos audífonos y no supe más», señala la joven.
Maciel acudió a diversos especialistas, pero ya era tarde, por lo que decidió buscar asesoría para iniciar acciones legales contra el hospital. Sin embargo, los cobros eran altísimos. «Necesito justicia porque esto limita mi vida social y laboral», sostiene.
Lo que vivió María Paz se suma a otros casos de pacientes que denuncian haber sufrido una negligencia médica en el Hospital San Camilo. En este sentido, el diputado Andrés Longton anunció que oficiará a la Superintendencia de Salud para que fiscalice los procedimientos y protocolos que está poniendo en práctica la institución. Asimismo, también fiscalizarán al Hospital San Camilo para que entregue información respecto a los sumarios administrativos realizados en los últimos 5 años, las medidas disciplinarias para cada uno de éstos y qué acciones han efectuado para resarcir daños o perjuicios ocasionados con motivo de las malas praxis. «Acá se debe realizar una investigación minuciosa porque no es posible que la lista de casos siga creciendo y el personal de salud, en vez de fiscalizar, permita que se protejan entre ellos».
El parlamentario también se puso en contacto con Cristian Lagos, hijo de Jacqueline Bascuñán, una mujer de 57 años que trabajaba como manipuladora de alimentos en la comuna de San Felipe y que se sometió a una abdominoplastía en el mismo hospital. «Su mama falleció siete horas después de que le dieran el alta». Según afirmaron cercanos, el doctor que la operó nunca la examinó tras la cirugía. Solo dejó un papel firmado con el alta e indicaciones de dieta blanda. Aún cuando Jacqueline pagó por una habitación, le dieron el alta médica por no tener camas disponibles. «Hacer caso omiso a los síntomas que tenía, es preocupante y espero que exista un sumario al respecto para verificar eventuales responsabilidades», agregó el diputado.
Según datos de la Superintendencia de Salud, en los últimos 7 años suman más de 7 mil causas de solicitudes de mediación, principalmente por cirugías estéticas, concentrando un 63% en la región Metropolitana, seguida por Valparaíso (8%) y Biobío (7%)
El parlamentario está impulsando cuatro proyectos de ley que perfeccionan la reacción de las instituciones ante negligencias médicas y dan mayor protección a los pacientes. Dos de ellos están actualmente en la Comisión de Constitución de la Cámara sin movimientos, mientras que las otras dos iniciativas se encuentran en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
«La verdad es que son cada vez más los casos donde quedan en evidencia los problemas de procedimiento, protocolos y de cuidados en atención a intervenciones o diagnósticos de determinadas patologías. Estamos a pocas semanas de cerrar el año legislativo y tres de los cuatro proyectos que buscan mejorar las penas para los casos de negligencias médicas y que se hagan sumarios administrativos cuando hay resultado de muerte, están inmóviles en sus comisiones», señaló Longton,
Existen otros casos que también están bajo investigación como el de Daila Mauna Aracena, una pequeña de cuatro meses que falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio, pasando por tres centros asistenciales en un periodo de cinco días, entre ellos, el hospital San Camilo de San Felipe.
«Lamentablemente pasa y pasa el tiempo y las víctimas no encuentran respuesta. Necesitamos una intervención mayor por parte del Estado para que investigue lo que está ocurriendo y cambie con urgencia el plan de acción. También es fundamental que las iniciativas presentadas en el congreso se conviertan en ley. Pido mayor voluntad para que este tema sea una prioridad y podamos sacarlo rápido en 2023, las familias no pueden seguir esperando por justicia», finalizó el diputado Andrés Longton.
