Dura batalla judicial tras polémica desarticulación de ‘Casinos Populares’

• Elevan recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso: En exclusiva con el abogado Héctor Mella, director del Grupo Jurídico LEX, que representa a tres locatarios sanfelipeños, acusó directamente a la Fiscalía de faltar a la verdad en el debido proceso, sosteniendo además que hubo actos irregulares por parte de la PDI tras masiva incautación de placas madres hace una semana.

Un recurso de protección a favor de tres locatarios sanfelipeños fueron elevados ayer -a la espera de admisibilidad- por los abogados que representan a estos comerciantes ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, más una acción de Cautela de Garantía en el Juzgado de San Felipe, tras la incautación de 379 placas madres emplazadas en juegos electrónicos, además de una cantidad millonaria de dinero en efectivo, realizada por la PDI el pasado viernes, dentro de un total de 17 locales dedicados a este rubro, tras una investigación a cargo de la Fiscalía afectando a estos denominados ‘Casinos Populares’ que fueron acogidos por la ciudadanía como lugares de esparcimiento y entretención.

Sin embargo ante esta masiva incautación por orden judicial en diez locales de juegos electrónicos en el perímetro central de San Felipe, dos en Villa Curimón, dos en Villa Bernardo Cruz, Población San Felipe, Villa Las Acacias y Villa El Carmen de esta comuna, el abogado Héctor Mella, director del Grupo Jurídico LEX en Santiago y Valparaíso representa legalmente a tres de los afectados, alzando la voz en contra de este procedimiento policial, esbozando fuertes declaraciones en contra de la Fiscalía que afectarían al debido proceso , detallado por medio de esta extensa entrevista concedida en exclusiva a Diario El Trabajo.
Mella, dentro de sus fuertes declaraciones, sostiene que el Fiscal a cargo de la causa ha faltado a la verdad y que la PDI carece de peritos aptos para periciar estos juegos electrónicos, porque escaparía a sus especialidades, y que los dineros que se incautaron en este procedimiento, no habrían sido tipificados en actas de incautación como corresponde a este tipo de operativo policial, a los que se añaden las imputabilidades públicamente erróneas sobre estos locatarios en distintos medios de prensa.
– ¿Por qué dice que la Fiscalía miente?
– “Nuestro grupo de abogados están analizando todos los antecedentes que se han tenido a la vista y la querella interpuesta por el Casino de Rinconada y el actuar del Ministerio Público con respecto a esto y el engaño que ha sufrido el Juzgado de Garantía. El engaño lo refiero, porque en el requerimiento que hace el señor fiscal Eduardo Fajardo, ha faltado a la verdad, ha mentido descaradamente a la Jueza de Garantía cuando hace el requerimiento para la incautación de estas tarjetas, diciendo que estas (placas madres), han sido periciadas y que eran ilegales. Este fiscal además imputa un delito que son juegos ilegales y que son máquinas de azar”.
– ¿Cuál sería el conflicto que usted refiere?
– “La ignorancia de este fiscal con materia bastante grande: primero las máquinas con una orden fueron incautadas, pero según varios informes periciales de la PDI se había determinado que estas máquinas son ilegales, eso es totalmente falso. Hay un documento que parece que el fiscal no conoce, que ingresó en la Corte de Apelaciones de Valparaíso años atrás, donde el director Nacional de la Policía de Investigaciones expresa a petición de la Ilustrísima Corte desde un informe”.
– ¿Qué revela específicamente este informe?
– “Que la Policía de Investigaciones de Chile carece de peritos aptos para periciar estos juegos electrónicos porque escapa a sus especialidades, esto quiere decir que el Lacrim no tiene peritos para esto y deja expresamente dicho que no se pueden pronunciar sobre la naturaleza de los juegos. Entonces tenemos dos cosas: El fiscal no investigó, faltó a la verdad, incauta estas tarjetas, incauta el dinero que estaba dentro de la máquina, se incautó dinero que estaba dentro de las cajas registradoras de los locatarios, es decir se llevaron atribuciones y acciones que no estaban autorizadas, eso es grave”.
– ¿Existe una certificación de estos juegos electrónicos sin son de azar?
– “Al día de hoy, nadie cuenta con un informe pericial que diga o que certifique que estos juegos son de azar, no existe en Chile. Yo invito a la PDI, al señor Fiscal a que muestre un informe que las máquinas de nuestros representados incautadas que diga: Son máquinas de azar. Otra sorpresa que el fiscal parece que no maneja, la Ilustrísima Corte de Apelaciones años atrás, a uno de los afectados, Fabián Lobos le incauta máquinas en esa oportunidad por orden de la Fiscalía, a través de Carabineros estos mismos juegos, la Ilustrísima Corte de Apelaciones resuelve a favor nuestro, acogiendo el recurso de protección, ordenando la inmediata devolución de las máquinas y los dineros porque ellos se amparaban en un acto de flagrancia: ‘Carabineros pasó por aquí y vio una máquina que era de azar’. Cómo responde la Ilustrísima Corte de Apelaciones en su considerando: Que nadie a simple vista sin ser perito y sin haber periciado las tarjetas en este caso, podrá determinar la naturaleza de las máquinas, por lo tanto se ordena la devolución”.
– ¿Ud. cree que hubo actos irregulares en este procedimiento?
– “Aquí hay varios actos irregulares, nosotros sabemos que la jueza ordena y autoriza esta incautación, resolviendo en base a los antecedentes que tiene en su escritorio. Y aquí donde el fiscal Fajardo miente entregando documentos que no corresponden, el habla que la PDI informó que estas máquinas son tal y cual cosa, esto es falso, nunca fueron periciadas. Ahora la pregunta es la siguiente: Si por orden del director General de la PDI y a través de su departamento jurídico le dicen a la Ilustrísima Corte de Apelaciones: que no tienen las capacidades para periciar y que no se van a pronunciar porque lo han dicho en reiteradas oportunidades ¿Quién va a periciar las tarjetas que tienen incautadas? Entonces el fiscal aprovechando su investidura, hace una acción que no va poder resolver”.
– ¿Qué dice la Superintendencia de Casinos?
– “Esto lo refuerza un informe ordinario del 27 de septiembre de la Superintendencia de Casinos, que dice que existen dos tipo de juegos en Chile: Los juegos de azar que funcionan en base a la aleatoriedad y los juegos de destreza. Que trate el Casino, que trate el fiscal de disfrazar este tema para dar con su objetivo no corresponde. ¿Por qué? El Código Orgánico del Ministerio Público y la Constitución Política de la República, dicen que tiene que primar el principio de objetivad de un fiscal, o sea el fiscal tiene que investigar, los inculpe o los exculpe, ahora bien el fiscal quiere destruir económicamente a estas personas porque saca las tarjetas y deja los muebles y le pide la señora magistrado que ordene que no se muevan los muebles y se queden ahí (…) porque quiere afectar la parte económica”.
– ¿Cuáles son la acciones legales que van a recurrir?
– “Van a haber acciones judiciales en contra del señor fiscal en lo siguiente: Que se está afectando a la libertad económica, el derecho de propiedad. Segundo se está dañando a los trabajadores, sus hijos y su familia porque el fiscal con la responsabilidad que ha hecho, está dejando a toda esta gente en la quiebra. Porque él debió antes de hacer este acto irracional, haber averiguado si estos juegos eran de habilidad o destreza, pero él lo va a periciar ahora, o sea deja a esta gente en la calle, en la ruina con un daño psicológico, daño moral para ver recién si estos juegos electrónicos son o no son (…) deja esta sensación a la prensa de que son delincuentes, actos ilegales y que no ha probado nada y también la PDI va a tener que dar explicaciones por qué obligó bajo amenaza de detención si las personas no sacaban las tarjetas de las máquinas porque ellos no sabían cómo sacarlas, entonces ¿están haciendo una diligencia y no la saben hacer?. Obligan a los propios imputados en este caso bajo presión de amenaza de detención que sacaran las tarjetas (placas madres), un acto irregular impresionante”.
– ¿Los locatarios cuentan con una patente municipal de juegos?
– “La patente es por juegos electrónicos. La Controlaría General de la República a propósito de estas patentes el año 2008 a través del dictamen 46.338 dice lo siguiente: Si usted tiene una patente para el giro y que ampare el giro, no necesita de otra ni siquiera una ampliación de giro. Es decir, si yo tengo una patente para juegos electrónicos y tengo juegos de habilidad o destreza no necesito otra patente. Pero lo que se está haciendo creer a la prensa que estos juegos son ilegales sin que nadie haya probado nada todavía, nadie ha ido a juicio formal si son o no legales o no, pero ya la PDI dijo que eran ilegales, ya el Ministerio Público dice que son ilegales, entonces se hace un daño a esta gente”.
– ¿Cuánto es el monto de dineros que fueron incautados por la PDI?
– “Aquí hay una irregularidad muy grande y peligrosa, la PDI incautó dineros a fin de carácter de incautación, esto implica dejar un acta, la PDI responde es llevarse todo el dinero, anotar número de serie y que enviarán ‘el papelito’. No dejaron recibo de nada, es grave. Por eso a través de una acción especial, vamos a pedir que ellos informen, por qué no se llevó a cabo la incautación como corresponde, por qué no se dejaron actas de incautación. Entre los tres locatarios se está avaluando unos doce millones de pesos que estarían faltando y que no dejaron registro de ello, la PDI tiene que responder por esto. ¿La PDI podrá informar que perició (las placas madres) cuando tiene prohibición expresa? Nosotros vamos a hacer llegar esta denuncia al director general de la Policía porque si hay una prohibición por qué lo están haciendo. Solo están obedeciendo al Ministerio Público porque son un ente que fiscaliza”.
– En definitiva ¿Cuáles son los recursos judiciales que se van a elevar a favor de los locatarios?
– “Se presentaron Recursos de Protección ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso y una acción de Cautela de Garantía en el Juzgado de Garantía de San Felipe, porque aquí se han violado el derecho de las personas a diestra y siniestra, a través de estas acciones vamos a pedir que se respondan estas irregularidades. Con el debido respeto al proceso judicial en Chile: El Fiscal mintió, no le entregó toda la información a la Magistrado, resolvió con lo que tenía pero la engañó y lo vamos a demostrar. Segundo él imputó delitos públicamente, la PDI lo hace exactamente igual porque en Chile prima el principio de inocencia, nadie puede ser culpado de un delito hasta que se haga un debido proceso”.
El abogado subrayó concluyendo esta entrevista claramente que los locatarios pueden trabajar libremente en sus locales comerciales porque no tienen prohibición, “ellos tienen la libertad de continuar en cualquier rubro legítimo como éste, porque nadie ha probado que sea ilegítimo en sus locales”.

FISCALIA RESPONDE
Diario El Trabajo contactó al fiscal a cargo de la causa, Eduardo Fajardo De La Cuba, sobre los cuestionamientos de este caso, respondiendo escuetamente que “la diligencia se efectuó conforme ajustado a las leyes autorizado por el Tribunal de Garantía”.
Pablo Salinas Saldías