Mucha expectación había en el Tribunal Oral en lo Penal de San Felipe, por lo que sería la audiencia de formalización del primer caso de femicidio ocurrido en la región.
Pasadas las 11 de la mañana comenzó la argumentación del Fiscal Osvaldo Basso para convencer al tribunal de que Ricardo Tristán Gallardo Fuentes debía ser puesto en prisión preventiva por ser el autor confeso del crimen de su conviviente Rosa del Tránsito Galdámez Montenegro, hecho ocurrido la tarde de este martes en la comuna de Llay Llay.
La presentación del fiscal jefe intentaba derribar la teoría de la defensa, en el sentido de que Gallardo Fuentes era una persona que padecía alguna enfermedad mental que podría exculparlo de responsabilidad penal, argumento que la familia de la víctima puso sobre la mesa a primera hora de hoy, advirtiendo que “este tipo se hace el enfermo y vive amenazando con matarse, pero nunca lo hace”. Sus temores reaparecieron cuando la magistrado de turno le preguntó al imputado si entendía los cargos que se le imputaban, y Ricardo Gallardo se limitó a expresar que no entendía nada de lo que se le acusaba.
Entonces el Defensor Público sacó una serie de papeles médicos y citaciones al hospital Psiquiátrico de Putaendo y solicitó la suspensión del procedimiento hasta que un equipo de peritos pudiera evaluar “el real estado mental del imputado”. Ante la contra argumentación del Fiscal Basso, la magistrado declinó conceder la solicitud de la defensa.
En un último intento por evitar la prisión del femicida, la defensa solicitó reemplazar dicha medida por el arresto domiciliario total y así “evitar que mi defendido atente contra su vida o la de los demás en una cárcel”.
Fue en ese instante que el imputado, al ver que su defensa se desplomaba y el inminente encarcelamiento preventivo era una realidad, comenzó a descompensarse hasta que cayó al piso y comenzó a convulsionar en el suelo por lo que personal de Gendarmería intentó evitar que se dañara en lo que aparentemente era un ataque de epilepsia.
Ante dicha situación el tribunal suspendió la audiencia mientras el imputado era trasladado en ambulancia con custodia de Gendarmería hasta el Hospital San Camilo de San Felipe, donde fue estabilizado y regresado al tribunal para continuar con la formalización, la que concluyó con una resolución de prisión preventiva mientras dura la investigación del caso, plazo que fue proyectado en 90 días.
El fiscal Osvaldo Basso señaló que hasta ahora existe satisfacción en el Ministerio Público por conseguir la prisión preventiva y así poder investigar y solicitar los peritajes médicos y de otro tipo durante los 90 días que el tribunal concedió.