LOS ANDES.- Un Contador Auditor y un Publicista fueron detenidos por funcionarios de la PDI en el complejo Los Libertadores al ser descubiertos presentando documentación falsa a fin de permitir el ingreso a Chile de 10 artistas argentinos pertenecientes a un circo.
El contador auditor José Luis B. C., 44 años, domiciliado en la comuna de Puente Alto, llegó hasta el edificio fronterizo a gestionar el ingreso de diez artistas del circo argentino ‘Servian’ para que pudieran trabajar, presentando para ello visas de trabajo con sus respectivos contratos que contenían timbres y firmas falsos de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia de Chile.
En momentos en que realizaba los trámites respectivos ante Policía Internacional, los funcionarios de la PDI descubrieron que la documentación era falsificada, lo que corroboraron minutos después con los respectivos ministerios que informaron no haber otorgado dicha documentación.
De esta manera el contador auditor y representante en Chile del circo ‘Servian’ fue detenido y puesto a disposición del Juzgado de Garantía por los cargos de falsificación de instrumento público y uso malicioso de los mismos.
Los 10 artistas habían sido devueltos a la frontera por no contar con sus respectivas visas de trabajo y por ello se coludieron con el contador y un publicista Ángelo Bruno C.M., de 29 años, para modificar contratos en una notaría de la capital, a los que luego imprimieron usando un programa computacional, los timbres y firmas falsas de los Ministerios de Relaciones Exteriores y Justicia que habían escaneado.
Además con este mismo procedimiento copiaron una carta invitación, la que también fue modificada posteriormente, y le incluyeron los timbres de organismos gubernamentales.
Ambos pasaron a disposición del Tribunal de Garantía de Los Andes, donde el Contador fue formalizado por el delito de uso malicioso de instrumento público, mientras que el Publicista fue formalizado por falsificación.
Como ninguno tenía antecedentes penales, accedieron a la suspensión condicional del procedimiento por el plazo de un año con las medidas condicionantes de firma bi mensual en el Ministerio Público, fijar domicilio y la destrucción de los contratos respectivos.
El fiscal del caso, Jorge Alfaro explicó que este delito tiene una pena de presidio menor en su grado medio a máximo, es decir que parte en los 541 días hasta los 5 años. “Como ellos no tienen antecedentes optan por una salida procesal que la ley establece que es una suspensión condicional del procedimiento, que es lo que acordamos con ellos por el término de un año”, expresó.