Muy molestos y hasta desesperados con uno de sus vecinos, están once familias del block 1420 de villa Departamental de San Felipe, luego que una de las doce familias, según lo explicaron los quejosos, les esté robando agua del medidor para usarla nada más y nada menos que trece personas en una sola casa, mientras que el resto de familias gastan apenas agua para dos o cuatro personas, lo que hizo que se dispararan los recibos de Esval desde diciembre de 2014.
DESESPERADOS
Fue la señora Betsy Varas quien habló con Diario El Trabajo a nombre de sus demás vecinos.
«Esto es ya insostenible para nosotros, nos sentimos amenazados, intimidados por este mal vecino, pues no se le puede reclamar nada, ya que ellos llenan varias veces al mes sus piscinas plásticas, son miles de litros de agua al mes los que gastan, viven en su casa trece personas, lo que nos está afectando mucho a todos los demás», dijo Varas.
De acuerdo a la documentación en poder de nuestro medio, efectivamente se registra un incremento mes a mes de los cobros de Esval, empresa que hizo revisar los medidores, encontrando alterados el medidor principal, situación que la empresa informó a los vecinos.
«Yo venía pagando $8.000 mensuales en enero. Vivo con mi esposo solamente, salimos en la mañana a trabajar y regresamos casi en la noche, pero desde que este vecino pone sus piscinas a llenar, ahora estoy pagando más de $40.000 por mes, esto no es justo, rogamos a las autoridades que intervengan», dijo una vecina.
ESVAL RESPONDE
Diario El Trabajo habló con el subgerente zonal de Esval y la encargada de Atención al Cliente de la misma empresa, Alejandro Pérez y Viviana Soto, a fin de preguntar cuál es la situación jurídica o administrativa de estos vecinos y Esval.
«Este problema ya lo revisamos en Esval, le dimos respuesta a los vecinos, aquí la situación es clara, lamentablemente Esval no puede intervenir, si las cosas son como dicen los vecinos, pues eso eventualmente correspondería quizá al Municipio, a algún tribunal o a Gobernación resolver, pues no podemos como empresa privada entrar en estos conflictos, la normativa no nos lo permite», dijo Viviana Soto.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl