Caso ‘sobreprecios’:
La Unidad Regional Anticorrupción se dejó caer ayer en la Municipalidad de Rinconada para incautar todo lo que sirva para poder llegar a buen puerto y poder saber por qué se pagaron sobreprecios en la compra de terrenos.
La diligencia estuvo encabezada por el Fiscal Jefe de la Unidad Regional Anticorrupción, Claudio Rebeco.
El persecutor, consultado sobre esta diligencia, indicó que el día de ayer y «con la respectiva autorización del Juez de Garantía de Los Andes, la fiscalía se constituyó junto a personal de la Bridec en la Municipalidad de Rinconada, donde se llevó a cabo una diligencia de incautación de diversas evidencias, fundamentalmente documentos asociados al hecho investigados así como también dispositivos digitales; computadores, celulares, entre ellos los del señor alcalde. Diligencias absolutamente esenciales para avanzar en las indagatorias».
De la misma manera, el fiscal dijo que «nos constituimos, junto a personal de la Policía de Investigaciones en los tres predios que son materia de la investigación, a objeto de corroborar ciertos antecedentes que han sido recogidos durante las indagatorias. Con los antecedentes recogidos el día de hoy, la fiscalía estará en condiciones de requerir a la brevedad peritajes y análisis técnicos que permitan esclarecer los hechos investigados», señala.
ALGO DE CONTEXTO
Recordar que hace ocho meses, el reportaje de Meganoticias reveló el mal uso de millonarios fondos del casino por parte de la Municipalidad de Rinconada de Los Andes, donde la Contraloría General de la República (CGR) cuestionó en un informe la compra y arriendo vía trato directo de tres terrenos en la comuna, a cargo del alcalde Juan Galdames Carmona (independiente por Chile Vamos).
El órgano fiscalizador determinó que uno de los predios fue adquirido con sobreprecio, mientras que los otros dos fueron arrendados sin autorización del Ministerio de Hacienda y sin el acuerdo del Concejo Municipal, los que por lo demás suman montos millonarios.
Considerando que estos hechos podrían revertir ‘carácter de delito’, la Contraloría General de la República envió los antecedentes a la Fiscalía Regional del Ministerio Público de Valparaíso y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que sean investigados. Esto, además, porque los montos tasados de los terrenos podrían no corresponder al precio de mercado, según el informe del ente fiscalizador.
