El Tribunal de Garantía de San Felipe accedió a la petición del Ministerio Público, de formalizar por el delito de Falsificación y Uso malicioso de documentos, en calidad de autor y en grado consumado, al Neurocirujano y Director Provincial del Servicio Médico Legal (SML) de San Felipe, Doctor Gastón Santiago Donckaster Clavero.
Así lo informó el portal de noticias soyaconcagua.cl, indicando que la Audiencia de Formalización se llevó a cabo el viernes recién pasado y tiene que ver con el actuar del profesional en la autopsia realizada al cuerpo de Guillermo Beiza Navarro, un hombre de 43 años imputado por drogas que, se presume, se quitó la vida al interior de un calabozo de la Subcomisaría de Llay-Llay.
El Ministerio Público estuvo representado por el Fiscal Jefe de La Ligua, Luis Cortez Muñoz. Junto con la formalización, el Tribunal de Garantía dio un plazo de un año para el cierre de la investigación. Los hechos por los cuales fue formalizado el médico, comienzan a gestarse el día 18 de julio a eso de la 01:00 cuando Guillermo Beiza Navarro (43), fue detenido por Carabineros de la Subcomisaria de Llay-Llay acusado de Micro-tráfico, cosa que su familia desestimó desde un comienzo.
Según declaración de los mismos policías, en ese lugar el imputado después de unas horas de su ingreso al calabozo se quitó la vida. Se pudo conocer que los hechos que motivan la acusación contra Gastón Donckaster se relacionan con que el profesional no efectuó los procedimientos correspondientes para poder dar con la causa exacta de la muerte de Guillermo Beiza Navarro, sin embargo, el facultativo habría indicado en su momento que se trataba de un suicidio. Esto se supo luego que un perito particular y otro del SML descubrieran que se dio una causa de muerte por asfixia sin haber hecho una diligencia necesaria que sostendría tal causa de muerte, es decir la autopsia no se hizo como corresponde.
Extraoficialmente se pudo conocer antecedentes que llevarían a concluir que incluso algunos órganos del occiso desaparecieron del propio SML, haciendo aún más profunda las sospechas de que el procedimiento no se realizó de manera normal.
La versión oficial entregada en ese instante por Carabineros, indicaba que pasadas las tres de la madrugada, cuando el movimiento era mínimo en las dependencias de la Subcomisaría, Beiza Navarro se habría suicidado al interior del calabozo. Sin embargo mientras pasaba el tiempo, la familia expuso sus dudas sobre el suicidio de Beiza Navarro, no encontrando concordancia en algunas acusaciones.
“En primer lugar el ‘Memo’ no es traficante, y acá lo están acusando de que portaba unos papelillos. En segundo lugar, en vez de llamar al fiscal o a la PDI, supuestamente lo descolgaron para salvarle la vida, y resulta que él llevaba harto rato muerto cuando llegó el Samu. Más encima el Samu llega y ¿lo transporta muerto en la ambulancia? A él le falta un dinero que tenía recién de su sueldo y para rematar, cuando entregaron el cuerpo, éste estaba todo golpeado”, señaló un cercano al fallecido en esa oportunidad.
Por todas estas dudas es que se habrían ordenado nuevos peritajes por parte de la Fiscalía Militar, los que habrían arrojado como resultado que el detenido no se habría quitado la vida, sino que efectivamente habría habido intervención de terceros, y no sólo eso, la Fiscalía Militar habría entregado antecedentes que llevan a concluir que en el examen tanatológico del cuerpo, se habrían alterado algunas evidencias que conducían a la conclusión de intervención de otras personas en la muerte de Beiza Navarro.
Antecedentes recogidos por Soyaconcagua.cl, señalan que en algún momento del careo al que fueron sometidos los uniformados, comenzaron a aparecer incongruencias, hasta que se confirmó que a lo menos uno de los carabineros alteró el Informe de Guardia y modificó las declaraciones, aquel 6 de junio, fecha de la muerte de Beiza Navarro.
Esta fue la razón por la que en su oportunidad tres de los cuatro uniformados, apuntados por la familia como responsables, fueron sumariados y dados de baja por la institución, permaneciendo recluidos en libre plática en la unidad de Los Andes.
En esa ocasión el Jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI de Los Andes, Subcomisario Carlos Alegría, afirmó que no hubo intervención de terceros en la muerte de Guillermo Beiza Navarro, e indicó que “se estableció que esta persona tomó la decisión de quitarse la vida por la vía del ahorcamiento”, y que, “conforme a las diligencias realizadas en el sitio del suceso, se pudo establecer que el cuerpo no presentaba lesiones atribuibles a terceras personas, ya que lo que se observa conforme a los peritajes realizados en el lugar conforman una línea investigativa respecto a que esta persona habría tomado la determinación de quitarse la vida, hay concordancia con el vínculo, soporte y conforme a los antecedentes que se mantienen, esta persona es la que tomó la determinación de quitarse la vida”.
Cabe recordar que la familia había dudado del suicidio, dejando entrever que podría haber existido una golpiza por parte de Carabineros, situación que fue descartada científicamente por los peritos en la oportunidad.
Sin embargo los familiares siempre mantuvieron su teoría de que Beiza Navarro no podía haberse suicidado, debido a que tenía un buen trabajo, y no tenía problemas sentimentales que lo llevaran a tomar tan drástica decisión, pidiendo y llegando incluso a que se exhumara el cadáver de Guillermo Beiza Navarro, encontrándose con la sorpresa de la falta de algunos órganos.
Quien habló de una deficiente autopsia fue Gabriela Fernández, abogada del Cabo Primero Madariaga, uno de los detenidos por ‘Falso testimonio’.
En ese momento la abogada dijo que la causa se mantenía como Suicidio, no obstante indicó que en la primera autopsia no se hizo una exploración completa del cuerpo, lo que también perjudicaba a su defendido, “porque habría una segunda autopsia que no da tampoco por establecidas la causa de muerte y eso sería porque el cadáver fue exhumado seis meses después”, dijo la profesional.
Añadió además que “es importante resaltar que sí hubo errores u omisiones en la autopsia y que podrían haber quedado al descubierto en dos nuevas autopsias que se hicieron, eso no es culpa ni responsabilidad de los carabineros”.
Hasta ahora la Dirección General del Servicio Médico Legal no se ha pronunciado respecto de este nuevo caso de alteración de procedimiento, tras el bullado caso de Mario Peña y Lillo en la necropsia realizada a Hernán Canales, víctima de un atropello por parte de Martín Larraín, hijo del Senador Carlos Larraín.