- Se tomaron un terreno particular de familia Undurraga, en tanto que se han presentado problemas puntuales con jóvenes gitanos que beben excesivamente alcohol.
Se suponía que el camión que dispuso la municipalidad de San Felipe tenía como destino final la ciudad de La Calera. No obstante, había claridad en términos que ellos decidían dónde bajar.
Se suponía también que los gitanos con vehículo se irían a Los Vilos o Peñablanca.
Sin embargo, nada de eso ocurrió, porque finalmente los gitanos que fueron desalojados del terreno colindante al Estadio Fiscal, a la entrada de San Felipe, no encontraron mejor cosa que irse a Catemu, donde ya había instalado un campamento gitano hace algunas semanas.
Actualmente, hay más de veinte carpas en el campamento, donde primeramente había la mitad, pero aumentó debido a la llegada de los gitanos que estaban en San Felipe.
La información fue corroborada por el concejal Claudio Núñez, quien en entrevista con Radio 10, manifestó que si bien el afán de las autoridades locales no es tener las mismas dificultades que se enfrentaron para el desalojo en San Felipe, pero además, comprendiendo que el terreno es particular, ellos esperan que este tema pueda ser resuelto en breve.
Claudio Núñez señaló que los problemas con los gitanos han sido menores en relación a como se dio su permanencia en San Felipe. En esta comuna, la situación más compleja ha sido con algunos jóvenes de este campamento, que beben excesivamente alcohol y causan algunas situaciones irregulares. Sin embargo, no se han presentado otros hechos que motiven cierto grado de rechazo de parte de la comunidad.
“Tampoco queremos caer en un tema discriminatorio, porque no va con nuestra esencia y además, porque entendemos que son personas que tienen derechos. Aun así, su presencia no deja de alterar la vida de los vecinos del sector colindante al predio, por temas vinculados al alcohol”, señaló el concejal PPD.
Según se ha conocido, el abogado de la familia dueña de este terreno, Carlos Quesney, habría hecho una presentación a la Fiscalía por el delito de usurpación, no obstante no se ha dispuesto ninguna orden para investigar u otra acción que ponga fin a esta irregularidad. Aún así, la familia propietaria le habría entregado un plazo de diez días para abandonar este predio.
Hasta el momento, no existe claridad acerca de los pasos a seguir en este caso, puntualmente en lo que dice relación con la participación de la Gobernación Provincial de San Felipe, que en el caso de la capitán provincial, fue en definitiva el organismo que emitió la resolución de desalojo.