Pese a que la Contraloría Regional dejó sin efecto el decreto donde la Dirección del Hospital San Camilo despidió al doctor Christian Beals Campos como médico del Servicio de Urgencia, hasta el día de hoy no ha sido reincorporado por ese establecimiento. Además fue sobreseído por la justicia del cargo de Cuasidelito de Homicidio, por un paciente de 82 años fallecido en el servicio de urgencia el año 2015.
Así es la situación que está viviendo el profesional, quien se destacó como el único médico del Servicio de Urgencia que no sometía a sus pacientes al denigrante sistema de categorización que obliga a esperar hasta 5 ó 6 horas por atención.
Conversamos con el facultativo, quien recordó que la «Contraloría determinó el día 10 de enero, que el despido del que yo fui objeto del hospital, era ilegal. Entonces ordenó la restitución mía, cosa que hasta ahora no se ha efectuado. El hospital tenía 5 días para el efecto de reclamación como cualquier entidad, pero la contraloría dispone que no obstante el efecto de reclamación, me tienen que re contratar y hacer el proceso administrativo de reintegro. Cosa que hasta el día de hoy no han hecho. Me presenté al jefe de urgencia donde yo pertenezco, no tenía idea de la situación, le entregué el documento de contraloría, y registré mi visita por escrito para que quede registrado que yo realmente quiero volver y que después de 2 años me daban quizás por desaparecido, pero estoy vivito y coleando».
– Entonces tiene que ser reintegrado como corresponde, y eso hasta el momento no se ha producido.
– Llevamos más de un mes y tanto. Y la Contraloría deberá ejercer las acciones coercitiva para la restitución, porque esto, la Contraloría es el último estamento administrativo que rige los procesos legales de los funcionarios públicos. Hace unos años cambió la ley, la Contraloría no tenía mayores poderes, pero ahora sí e incluso destituir y sancionar a los funcionarios que se niegan a cumplirlo. Basta recordar que Freire, por no obedecer un dictamen de la Corte Suprema, perdió el cargo.
YA HAY DOS SANCIONADOS
Beals agregó además que ya hay dos sancionados, pues «el Consejo de Transparencia sancionó a Ricardo Salazar (entonces director del San Camilo) y a la subdirectora de Gestión por no entregar la información adecuada respecto a mi hoja de vida y mi hoja de calificaciones. Se negaron persistentemente a ello y están sancionados con el 30% de su sueldo, que equivale más de 1 millón y medio de pesos, y en su hoja de vida, que es lo más importante, porque no va a poder volver a postular a este tipo de cargos».
– ¿Por qué cree usted que no lo han reintegrado?
– Eso es lo que me gustaría saber, qué es lo que hay detrás. O sea, cuál es el afán de persistir en esta idea de no reintegrarme. Además que tiene que pagar el equivalente a 20 sueldos, que es un valor importante, y además con esto me dan paso a que yo inicie todas las acciones legales pertinentes para equiparar de algún modo este daño que me han hecho a mi prestigio, los malos ratos y sinsabores de esta persecución.
– ¿Usted siente que esto es una persecución política?
– Pero a quién le cabe duda… Absolutamente.
– ¿Maniobrada o encabezada por quién?
– Eso la gente tiene que decidir si estamos entre medio, quién fue.
– Usted la otra vez hablaba de la directora Susan Porras Fernández.
– Ella es la directora del servicio, la responsable final de todo lo que pasa, como en todas partes.
SOBRESEÍDO POR LA JUSTICIA
También nos comentó que fue sobreseído por la justicia luego que fuera imputado por Cuasidelito de Homicidio en la muerte de un paciente de 82 años en el servicio de urgencia en el año 2015, cuando era jefe de turno.
Al respecto agrega que «también hay un sistema ahí en el ministerio público que se menciona, acción legal que concluyó, donde yo nunca vi al paciente, ni lo traté, ni lo conocí e igual me sancionaron como imputado, me pusieron orden de arraigo, no pude viajar a EE.UU. Después emitieron un informe en la parte administrativa del ministerio donde yo estaba calificado como una acción legal grave, de más de 3 años 1 un día que me quitaba los derechos. No pude votar y también la visa que tenía de EE.UU me la quitaron porque usted no puede entrar a EE.UU. con un informe de ese tipo. En circunstancia donde salí absuelto de todo. También ahí van a haber las acciones legales pertinentes.
– Recapitulemos ese tema judicial.
– La corporación administrativa del Ministerio Público de San Felipe, emitió un documento donde yo estaba condenado prácticamente con una condena aflictiva mayor que me prohibía entrar a EE.UU., y eso era un error, lo reconocieron ellos y eso también tiene, a pesar de que se protejan entre ellos, tiene que ser también revalidado. Por último que me paguen el pasaje a EE.UU. y los malos ratos.
– ¿Usted fue sobreseído en esa causa?
– Sí.
– Esa causa tiene que ver con… si podemos refrescar la memoria.
– Con la muerte de un paciente del año 2015 de 82 años, que era monorreno, tenía un solo riñón. Había sido operado de un Cáncer, hipertenso, y llegó con un infarto al miocardio y fue visto por un colega que era de medicina interna. A los 82 años, las personas que se mueren, se mueren de un infarto. Se trató por la garantía explícita de salud como debe tratarse en todo Chile, y estando súper estable, después de 7 horas hizo otro infarto y falleció. Y yo era el jefe de turno, nunca lo vi ni lo traté y me pusieron como imputado. Lo más divertido, para que la gente entienda cómo funciona el sistema judicial. Durante 5 años que duró el proceso, lo único que yo tuve contacto con el ministerio es: «Su carné de identidad no se ve, acérquelo un poco más. ¿Dónde vive? ¿Quién es usted?» Es todo, nunca me preguntaron: «Oye, ¿lo trató? ¿Qué cosa hizo? ¿Qué medicamento? ¿Se llamó? ¿Estaban ocupadas las UCI? ¿Cuál es el sistema?». Entonces aplicaron un criterio de médico legista de Santiago, que nunca ha trabajado en un servicio de salud, porque desconocía cuáles son las pautas de tratamiento en todo Chile y aplicó las medidas que se hace en la clínica Mayo, donde en EE.UU claro, probablemente habrían hecho una dinámica y todo, cosa que en los hospitales públicos en Chile ni siquiera tienen.
– ¿Qué espera con todo esto?
– No espero nada. Yo sigo tranquilo mi accionar. El daño tremendo de quitarle el sueldo alto a una persona. Si yo hubiera tenido compromiso, mi hijo estudiando y no hubiera tenido ingresos personales, estaría en Dicom, estaría en la ruina. Ese daño tiene que resarcirse de alguna manera.
– Ya y ese «de alguna manera», ¿es porque usted va a esperar que pase todo esto e iniciar acciones legales?
– Por supuesto, por supuesto. Yo estoy en todo mi derecho. Cualquier persona lo haría. Hacer responsable a todos los que están involucrados, hasta el jurídico que emitió el informe, y hay varios que están ahí involucrados.
– Para cerrar, una reflexión final.
– Que la gente es envidiosa y egoísta. Yo cuando veo una persona inteligente, me acerco y aprendo de ella. Y cuando veo un profesional destacado, me acerco a él porque sé que puedo aprender. Aquí es todo lo contrario, o sea, no reconocen una brillante trayectoria de 41 años, se negaron a entregarme los antecedentes de mi hoja de vida para poder defenderme, tuve que ir al comité de la transparencia, el comité de la transparencia falló en contra del director, la contraloría falló en contra de la acción legal, la municipalidad inició una acción legal para invalidarme 5 años y no postular al cargo de alcalde, los 17 funcionarios que fueron mencionados para ir a declarar, ninguno fue y eso va a quedar en nada.
