Paula Rodríguez, de ‘Catemu en Movimiento’, ante cierre de la minera:
A propósito de todo el revuelo que ha causado el cierre de la planta minera ‘Amalia’ en Catemu, donde de concretarse quedarán cesantes unas 1.200 personas, nuestro medio conversó con Paula Rodríguez, vocera de ‘Catemu en Movimiento’, organización ambientalista de esa comuna.
– ¿Qué opinión tienen con todo esto que está sucediendo con Minera Amalia?
– Nuestra postura, nosotros la hemos manifestado ampliamente en este último tiempo en nuestras redes sociales; también emitimos un comunicado donde ha circulado por todas las organizaciones del valle y las autoridades también, porque acá lo que nosotros vemos es que muchas veces nos hemos quejado que la autoridad medioambiental no es suficientemente estricta, que está más del lado de la empresa que del lado de la gente o del medio ambiente, y esta vez el SEA recomendó el rechazo de la continuidad operacional de la vida útil de esta planta por considerarla muy contagiosa, porque hay diversos informes sectoriales del SAG, de la DGA, del Seremi de Salud, Vivienda, Medio Ambiente, que explican con razones técnicas muy contundentes que aquí se requería un Estudio de Impacto Ambiental que la empresa no hizo, algo que nosotros lo veníamos diciendo hace tiempo, que cuando ingresan proyectos de este tipo en evaluación en el Sistema de Evaluación Ambiental, hay ventanas de participación ciudadana y nosotros ejercimos nuestro derecho ciudadano al participar, en su momento presentamos diversas observaciones señalando precisamente esto, estando Catemu declarada zona saturada por MP (material particulado), la contaminación del aire ya está en niveles peligrosos para la salud. Cualquier continuidad de proyecto o nuevo proyecto que aumente la emisiones, tiene que someterse a un estudio de impacto ambiental para ver realmente el alcance del impacto, para ver qué medidas de mitigación, compensación se deben hacer, y la empresa se negó sistemáticamente a hacerlo; o sea, ellos sabían perfectamente que su RCA (Resolución de Calificación Ambiental), que es el permiso que les permite operar, vencía el 2022 y que en el 2023 tenían que empezar las faenas de cierre.
‘NO PEDIMOS EL CIERRE DE LA PLANTA’
Más adelante, Paula Rodríguez agrega que «cuando comenzaron a tramitar un permiso para alargar la vida útil, todas las observaciones apuntaban a lo mismo, las nuestras, las de las APR, las de otros actores del entorno, las sectoriales de la Seremi, todos nos decían lo mismo: «Tienen que hacer un estudio», y ellos no lo hicieron, no lo hicieron, entonces llegamos hoy al día en que no pueden seguir operando, tienen que cerrar la planta y le echan la culpa a los ambientalistas, a las autoridades, cuando los únicos responsables en este momento del cierre de la planta es Holding Cemin. Son una empresa que factura millones de dólares; o sea, no pueden decir que no sabían, que no conocían la ley, no tenían consultores expertos que los asesoraran de cómo pedir el permiso. Yo quiero hacer hincapié que nosotros como ‘Catemu en Movimiento’ nunca pedimos el cierre de la planta; entendemos que esa planta genera muchas fuentes de trabajo, no sólo para nuestro pueblo sino que también parta otros pueblos de la zona, pero lo que nosotros exigimos desde un principio era que las empresas que operan en nuestro pueblo, cumplan con la normativa, mínimo que cumplan con la ley, y no han cumplido. O sea, el informe del SEA lo primero que dice en el primer párrafo: «El proyecto presentado por Holding Cemin o la filial que está presentando el proyecto que se llama minera Pullayi, no cumple con la ley». Pasa a detallar por qué, en qué términos no está cumpliendo, y lo grave que no está cumpliendo en el sentido de no garantizar que su funcionamiento no va a producir afectación a la salud de la gente, y que no puede garantizar tampoco que no va a producir afectación en la calidad de las aguas subterráneas de Catemu, porque sigue siendo una comuna agrícola. Las aguas subterráneas se ocupan para regar comida y para los APR, la mitad de la población vive en el campo y toma agua del APR, entonces la situación es súper complicada, porque se entiende que muchas personas cesantes son un problema para cualquier comuna, pero el costo de seguir funcionando así como están es mucho más peligroso que tener gente cesante.
– ¿O sea en el fondo ellos, la minera, son los responsables de todo lo que está pasando?
– Exactamente, porque fueron negligentes en la forma de tramitar los permisos. Hay un expediente del Servicio de Evaluación Ambiental, cada proyecto que ingresa tiene su expediente, eso es público, cualquier persona puede entrar. Si usted entra y busca el de este proyecto y ve las observaciones en febrero del año 2022, mucha gente, mucha gente y todos diciéndole este proyecto requiere de un estudio de impacto ambiental, y la minera no, «que nosotros vamos a poner una malla Rachel para que no les llegue el polvo»… Es que tienen que hacer el estudio de impacto ambiental.
– Para clarificar un poquito, Paula, el Estudio de Impacto Ambiental es porque involucra a la comunidad también, tengo entendido, diferente a una Declaración de Impacto Ambiental.
– Claro. A ver, lo que pasa es que la ley 19.300 del medio ambiente, establece que ciertos proyectos tienen que pasar por la evaluación del SEA y cuando cumplen algunos pueden pasar con una Declaración de Impacto Ambiental, que es una cosa más simple, donde la empresa dice: «Mira, yo sé que voy a producir tales y tales impactos», y cuando ya se cumpla alguna de las condiciones establecidas en la ley, debe hacer un estudio de impacto ambiental, y cuáles son esas condiciones; por ejemplo, cuando se produce afectación a la salud de las personas y ellos dicen; «No, nosotros estamos lejos de la gente por eso no afectamos a nadie», o cuando hay riesgo para la afectación de las aguas, o cuando el proyecto está cerca de, o emplazado dentro de una zona protegida ambientalmente, resulta que el proyecto se superpone al polígono de la planta con el área protegida de la cordillera El Melón, que es una zona de especial conservación para la biodiversidad, tiene esa figura de protección. Entonces había no una sino tres causales por lo menos por la que ellos tenían que haber hecho un estudio de impacto ambiental, y se ‘hicieron los locos’, esa es la verdad.
– ¿Ahora qué esperan ustedes, que la planta comience este proceso de cierre, no funcione más, se reubique a la gente? ¿Qué les gustaría a ustedes que pasara como ambientalistas?
– A nosotros nos gustaría que pudiéramos confiar en el potencial que tiene Catemu para desarrollar otras actividades económicas que no dependan necesariamente de un rubro tan contaminante y tan riesgoso como la minería, o que venga una empresa a desarrollar la minería, pero de manera responsable, que puede ser, pero para eso tendrían que tramitar un Estudio de Impacto Ambiental, eso es algo que toma dos años más o menos; no va a ser inmediatamente porque ellos han ofrecido hacer un trato, comprometerse con algunas obligaciones y que los trabajadores sean los fiscalizadores. El holding Cemin tiene un historial de incumplimientos a la ley medioambiental de Chile macabra, una de sus minas en Catemu está cerrada porque se salieron de su RCA y dejaron la escoba y le pusieron la segunda multa más alta que se ha cobrado en Chile, más de 5 mil millones de pesos les pusieron de multa, y finalmente ellos apelaron y pagaron tres mil y tanto millones. Pero la otra mina que tienen, que se llama UVA, también está con un proceso sancionatorio, ahora por 5 faltas graves y 5 leves que se denunciaron en el 2017, y el sistema es tan lento que recién ahora en mayo firmaron un compromiso de cumplimiento para subsanar esas faltas, entonces ahora que digan que entre el alcalde y el sindicato van a firmar un acuerdo para comprometerse a no contaminar, es algo que supera las facultades del municipio y del sindicato. La autoridad que tiene el poder para fiscalizar es la Superintendencia del Medio ambiente, y la autoridad que tiene la facultad para evaluar si un proyecto es peligroso o no y se puede autorizar o no, es el Servicio de Evaluación Ambiental, pero si él SEA dice que no hay condiciones para que esto siga operando en forma segura, no debiera ser que otras autoridades, por razones económicas o políticas, por muy atendibles que sean, decidan pasar por sobre la autoridad técnica.
