Por más de dos horas se debatió latamente la medida cautelar de prisión preventiva en la que se encuentra en la actualidad el presunto homicida Ricardo Guzmán García, acusado del horrible asesinato de Carol González el pasado 17 de abril de este año.
Según los argumentos presentados por la Defensa del imputado, se requirió modificar la cautelar actual por la de arresto total domiciliario atendido al plazo de investigación que ha trascurrido desde su detención, la que podría satisfacerse –a su juicio- manteniendo completamente alejado físicamente de los querellantes con cautelares de arraigo regional y nacional, manteniéndose en la vivienda de sus padres en la ciudad de Viña del Mar.
El profesional cuestionó las actuales pruebas presentadas por la Fiscalía dado que las pericias policiales en los domicilios del imputado no se encontraron ropas con restos de sangre tanto del imputado como de la víctima, ni el peritaje del pick de la camioneta tampoco corresponde a rastros de sangre ni pintura que lo vincularían en el sitio del suceso.
A su vez, de acuerdo a informes médicos realizados por la Defensa, Ricardo Guzmán presentaría un 80% de discapacidad motriz, donde se le sumaría presumiblemente una hemofilia que sufre desde su niñez, lo que a su criterio la gota de sangre encontrada en un cuchillo utilizado para asesinar a Carol no correspondería a la sangre de un hemofílico, contrarrestando la prueba de ADN que confirma en un 99,9% de probabilidad de su perfil genético, pero no sería concluyente.
Finalmente enfatizó que su discapacidad no le permitiría correr ni haber podido realizar todos los hechos como lo señalan los testigos, y que al arma homicida encontrada no podría provocar las heridas que sufrió Carol al momento de morir producto del degollamiento y posteriormente dos puñaladas certeras en la zona del tórax que diagnosticó el médico legista como causal de muerte.
Por su parte el Fiscal Osvaldo Basso fue categórico en su discurso, que ante su presencia el imputado declaró haber estado en el sitio del suceso, lo que fue corroborado por testigos del lugar. Sin embargo Guzmán hace mención a una tercera persona -que sólo él habría visto- al interior del vehículo de Carol al momento de reunirse con ella, y que las heridas de su mano se produjeron producto del peso de un bolso cargado con monedas que le provocaron cortes debido a su enfermedad, situación desmentida por un profesional de la salud.
En la intervención del persecutor detalla las incongruencias de sus relatos, donde el imputado niega haber tenido relaciones tanto sentimental como sexual con Carol, dándose a conocer una declaración de la nana de la víctima que señala que el imputado constantemente amenazaba a Carol y que en varias ocasiones estuvo en su domicilio, incluso aparece en una fotografía en una fiesta de matrimonio.
El Fiscal Basso convenció a la Magistrado del Tribunal señalando que el ADN es una huella genética que identifica a una persona en un 99,999999999524 % y no la enfermedad de una persona, y esa huella estaba en la sangre encontrada en el arma homicida, además de un informe pericial médico que demuestra que Guzmán no presenta trastornos psiquiátricos, alegatos que fueron sostenidos por el abogado querellante, Julio Álvarez.
La tensa jornada concluyó con la decisión de la Magistrado Rocío Oscariz Collarte de mantener la cautelar de prisión preventiva hasta concluir el cierre de la investigación, donde se vislumbra un juicio oral a mediados del próximo año, señaló el Fiscal Basso: “Nosotros como Fiscalía nos opusimos por considerar el hecho bastante grave, porque mantenemos pruebas fehacientes para incriminarlo, lo que en definitiva fue acogido por el Tribunal de Garantía de San Felipe, quien mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva. Nosotros entendemos que está perfectamente capacitado físicamente hablando para cometer el crimen que cometió de la forma en que lo hizo. La única fuente de donde proviene de esa tercera persona es en la boca del imputado, los testigos que estuvieron en el sitio del suceso claramente y categóricamente dice que vieron a una sola persona huir del lugar del hecho”, precisó el persecutor.
En tanto el querellante de la familia de Carol, Julio Álvarez, sostiene que si el imputado tuviese un 80% de discapacidad motriz, la lógica es que debería desplazarse en una silla de ruedas: “Si estimáramos que tuviera un 80% de discapacidad, lo cual no es así de acuerdo al informe que nosotros lo entendemos de otra manera, si esto fuera así, si alguien tuviera un 80% de discapacidad en el lado derecho, o anda en silla de ruedas o tendría que desplazarse con muletas, la verdad es que no logro divisar cómo podría hacerlo. Desde el día que el imputado llegó detenido a la primera audiencia de control de detención, su situación física es absolutamente normal, no se aprecia ninguna circunstancia en que uno pudiera decir que presentara algún tipo de problemas”, puntualizó el profesional querellante.
Sin embargo el Defensor Juan Carlos Manríquez, mantiene su tesis que las investigaciones no son concluyentes para acusar a su defendido y obtener una condena por homicidio calificado e incendio como lo precisa la Fiscalía: “Se trata de dos visiones muy contradictorias sobre un mismo hecho, sin embargo nosotros podemos sostener razonablemente desde el punto de vista científico, la investigación para atribuirle a Guzmán García un crimen tan atroz como el que ocurrió a nuestro juicio no satisface al estándar suficiente para tener una condena en un juicio oral, vamos a seguir insistiendo en ello, nosotros pensamos que desde el punto de vista científico, este caso genera dudas muy razonables, muy profundas, de las cuales el Tribunal se hizo cargo y que con nuestro conocimiento y experiencia a nivel de fallos comparados de la justicia oral, no le permitirían a la Fiscalía ni a los acusadores obtener la condena que ahora pretenden, ni menos por el delito que han imputado a Ricardo Guzmán. Al igual que la Magistrado sí estamos de acuerdo en que esas preguntas de qué ha ocurrido, de quién está o quién no está, no las debe contestar el imputado, eso lo debe responder la investigación, pensamos que ya no lo hizo y ningún ciudadano de este país en un estado democrático, debe pasar preso en esperar respuestas que deben obtener otros”, concluyó el Defensor.
Pablo Salinas Saldías – psalinas@eltrabajo.cl
