LOS ANDES.- Un supuesto minero fue detenido por Carabineros la madrugada del viernes, tras haber sido acusado de cometer un acto de abuso sexual en contra de su hijastra de ocho años. El hecho se habría producido al interior de un inmueble ubicado en Villa La Gloria, en donde se realizaba una convivencia familiar en la que participaba el ahora imputado, su esposa y otras personas.
De acuerdo a los antecedentes que hay en la carpeta investigativa del Ministerio Público, cerca de las tres de la mañana, el imputado de iniciales H.E.H.V. (35), quien se encontraba al menos bajo los efectos del alcohol, aprovechó que su esposa se había ido a dormir para dirigirse hasta el dormitorio de su hijastra, en donde habría procedido a despertarla para luego bajarle la ropa interior y proceder a efectuarle tocaciones en sus genitales.
“La niña comienza a llorar y pide ayuda a su mamá. Con esos antecedentes y en conjunto con una abuela que se encontraba en el domicilio, proceden a llamar a oficiales de Carabineros, quienes concurren al domicilio y detienen al minero”, detalló en audiencia la fiscal de turno Gabriela Fuenzalida.
La fiscal formalizó al padrastro por el delito de Abuso Sexual Consumado, ya que conforme el relato de la niña a la madre, esta habría sido la única vez en que el sujeto le efectuó tocaciones. La persecutora solicitó las medidas cautelares de Abandono del hogar común y Prohibición de acercarse a la víctima, además de pedir que los antecedentes del caso fuesen enviados al Tribunal de Familia, toda vez que el imputado tiene otra dos hijas menores en común con su esposa y sus derechos también pudieron haber sido vulnerados.
Sin embargo, la defensora Paola Zapata argumentó que no existían antecedentes suficientes para dar por acreditado el ilícito, al no existir en la carpeta investigativa una declaración de la menor, ni tampoco de otros testigos que en ese momento estaban en el inmueble como la abuela. No obstante ello, la Jueza Valeria Crosa consideró adecuadas las cautelares y ambas fueron decretadas en contra del imputado, fijando un plazo de investigación de tres meses.