- Segundo Tribunal Ambiental de Santiago acogió por primera vez argumentos presentados por el municipio encabezado por el alcalde Mauricio Quiroz, luego que la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental rechazara su reclamo contra la minera Vizcachitas Holding.
- Rodrigo Avendaño, abogado de Simbiosis Bioconsultora, explica que se trata de un hito histórico ya que, sumado a los reclamos de un grupo de ciudadanos, se da un escenario muy favorable para que las comunidades y municipalidades puedan defender sus territorios en lo ambiental.
El 30 de junio de 2021 la municipalidad de Putaendo, encabezada por el alcalde Mauricio Quiroz, ingresó un reclamo en contra de la resolución de calificación ambiental de la empresa minera Vizcachitas Holding, el que fue rechazado por el director nacional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), tras considerar que el municipio «no tenía legitimación activa» en la materia.
Ante este escenario, la municipalidad acudió al Segundo Tribunal Ambiental de Santiago para revertir esta decisión del SEA y ayer, a primera hora de la mañana, trascendió que el tribunal acogió los argumentos y ordenó al SEA «que declare admisible el recurso de reclamación interpuesto por la municipalidad de Putaendo» y que «conozca el fondo de las observaciones que se alegan como no debidamente consideradas y lo resuelva fundadamente».
Lo anterior, de acuerdo al abogado Rodrigo Avendaño, de Simbiosis Bioconsultora que mantiene un contrato con la municipalidad, es un precedente histórico, ya que ningún municipio había logrado que el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago le reconociera su capacidad de actuar como demandante o recurrente en un proceso judicial de carácter ambiental.
«Aquí se da un escenario bien favorable o expectante, de momento que entendemos que la exposición y los fundamentos del reclamo de la municipalidad de Putaendo, tienen peso específico que contribuirían o permitirían al SEA revocar la resolución de calificación ambiental que tiene en este momento la minera Vizcachitas Holding (…) Cuando iniciamos este reclamo no existía jurisprudencia emanada del Segundo Tribunal Ambiental que aceptara la legitimación activa de las municipalidades. Por eso, este fallo representa un cambio de criterio al respecto, que valoramos en lo profesional y desde la municipalidad, porque permite hacer una defensa ambiental más eficiente y efectiva del territorio, al tener acceso a la justicia por parte de la municipalidad, tal como se explica en este fallo», manifestó Avendaño.
PUTAENDO CELEBRA INÉDITO FALLO
Por su parte, el alcalde Mauricio Quiroz expresó que «esta es una gran noticia para Putaendo, porque estamos hablando con un fallo sólido y contundente en mano, que afirma que tenemos la capacidad de reclamar o demandar contra las empresas que dañan nuestra biodiversidad y nuestra historia. Este fallo a su vez, reafirma el rol distinto y amplio que tienen los municipios ante otros órganos de administración del Estado».
El biólogo Salvador Donghi, director de Simbiosis Bioconsultora, quien dirigió el proyecto científico en la cuenca del Río Rocín, agregó que «es un fallo inédito, ya que por primera vez el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago acata lo resuelto por la Corte Suprema, respecto a que los municipios están facultados legalmente para ejercer las acciones ante cualquier hecho que incida en la calidad de vida de la comunidad. Esto, por cuanto son ellos los garantes en sus territorios del desarrollo y protección de la salud, como del medio ambiente que, para el caso particular de Putaendo, se está resguardando un ecosistema mediterráneo único en el mundo y que tiene todos los atributos para ser una reserva de biósfera de interés mundial».
Cabe señalar que este es otro revés para la empresa Vizcachitas Holding, de la canadiense Los Andes Copper. Durante este año, la Corte Suprema ratificó que la empresa extraía agua ilegalmente y que además alteró el curso del Río Rocín. Asimismo, el Tribunal Ambiental ya le ha ordenado dos veces en este 2022 que paralice su campaña de sondajes mineros, por no contar con un plan de monitoreo para el gato andino y las vizcacheras, que sea aprobado por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).
