El Congreso extraordinario de los municipios de Chile, celebrado en Santiago a principios de semana, acordó estar disponible para discutir la entrega de la administración de la educación pública chilena, luego que el gobierno anunciara que enviará un proyecto de ley que contendrá dichos objetivos.
Por amplia mayoría de los alcaldes y concejales presentes en el encuentro, se ratificó el compromiso que las autoridades edilicias del país tienen con la calidad de la educación, demanda planteada por el movimiento escolar de los últimos meses.
Así lo informó Mario Sottolichio, concejal de San Felipe, quien manifestó que la discusión no fue fácil, «pero arribamos a un compromiso que incorpora distintas miradas del problema. Vamos a exigir la participación en las discusiones sobre la temática educacional y lucharemos para que, en caso de desmunicipalizar la educación, los nuevos órganos tengan las herramientas financieras, de contenido y de gestión, que aseguren que efectivamente vamos por un camino de superación de los niveles que presentamos».
El acuerdo plantea la necesidad de discutir el monto de la subvención estatal y el cambio de su pago por matrícula y no, como ahora, que se cancela por asistencia.
La declaración, además, comparte la idea de impedir que el sistema educacional privado lucre con fondos entregados por el Estado. «Fuimos muy claros en solicitar que, quien quiera aportar en la educación, no pueden ser empresas educacionales que lucran, y que en muchos casos entregan una educación deficiente. No estamos por el cierre de la educación privada, pero si van a recibir aportes de todos los chilenos, por lo menos deben responder a estándares de calidad y permitir las supervisiones que corresponden».
Por último, el Concejal Sottolichio dijo que el congreso manifestó su molestia por el trato injusto que han recibido los municipios del país, que durante 30 años, y sin ser consultados, administraron la educación chilena. «Es injusto, pues no se puede comparar una educación financiada con 38 mil pesos mensuales y otras con cifras que superan los 100 mil pesos. Además los municipios hemos atendido a los sectores más vulnerables, aceptando a todo niño-a o joven que solicite una matrícula, con toda la realidad social, familiar y cultural que ello significa».
Ahora se espera que las autoridades gubernamentales reciban el documento y la experiencia municipal pueda ser incorporada a las discusiones y decisiones que se desarrollen.