El padre de la menor fue detenido y quedó en prisión preventiva por ser un peligro para la seguridad de su hija y de la sociedad.

El padre de la menor fue detenido y quedó en prisión preventiva por ser un peligro para la seguridad de su hija y de la sociedad.

  • Menor sufre de graves secuelas psicológicas a causa de los ultrajes y por el momento está descartado un embarazo

LOS ANDES.- Un sujeto de oficio minero fue detenido luego de acreditarse que violó en reiteradas ocasiones a su hija de 12 años, mientras su madre se ausentaba del domicilio.

El caso fue denunciado el viernes pasado ante la fiscalía de Los Andes, luego que la menor escribiera una carta a su profesora en la escuela informando que era violada por padre.

La niña desde hace semanas estaba siendo atendida por psicólogos en su colegio debido a que presentaba trastornos de personalidad y se autoflagelaba, infiriéndose cortes en sus brazos producto de la dramática situación que estaba viviendo.

El sujeto de iniciales V.D.G.A., de 35 años, comenzó a ultrajar a su hija desde hace aproximadamente un año cuando la menor tenía 12 años.

El sujeto se aprovechaba que su esposa iba a visitar a su madre para llevar a la niña hasta el dormitorio del departamento familiar donde procedía a violarla.

El depravado amenazaba a la niña diciéndole que si contaba lo que sucedía sería la responsable del quiebre en la familia, ante lo cual no se atrevía a denunciarlo.

En una ocasión cuando el hombre quiso accederla carnalmente y ella se opuso, tomó el gato de la casa y lo lanzó por la ventana, a raíz de lo cual la mascota sufrió una lesión en una de sus patas y quedó cojo de por vida.

Esto fue la muestra del sometimiento a la cual mantenía a la niña, quien presa de la angustia comenzó a adoptar conductas autodestructivas.

El fiscal del caso, Jorge Alfaro, señaló que esta dramática situación se conoció gracias a la profesionales de la escuela donde estudia la menor, quienes pesquisaron los hechos que hablan de un ultraje sexual.

“Se dio una orden urgente de la fiscalía entregando la investigación del caso a la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI de Los Andes, quienes en coordinación con el fiscal de turno iniciaron las diligencia que dieron resultados positivos y efectivamente pudimos establecer que había una situación de violación reiterada desde que al menos la menor tenía 12 años, y que eso se habría dado en mayor magnitud durante el año 2012”, explicó el fiscal.

El persecutor manifestó que el mismo viernes se llevaron adelante pericias a la niña que confirmaban los ultrajes y el sujeto confesó su autoría en las violaciones, “razón por la cual fue detenido y formalizado por el delito de Violación Impropia Reiterada”.

El Fiscal Alfaro sostuvo que este tipo de casos no son usuales en la provincia de Los Andes, “pero cuando ocurren debemos investigarlos con rapidez y acuciosidad, y por eso es muy destacable que el colegio tomó cartas en el asunto y precisamente a partir de ese apoyo que ellos dan se logra pesquisar esta situación grave de vulneración de los derechos de esta menor de edad, a su integridad sexual y a su situación personal que va a permitir a partir de hoy mejorar por cierto su condición”.

El fiscal remarcó que el colegio tuvo un muy buen procedimiento al poder darse cuenta que la niña presentaba algún problema y poner de inmediato los antecedentes en manos del Ministerio Público, a través de la denuncia que formulan, y esa es la conducta que uno espera de los educadores para poner término a la situación que vivía la niña y ahora viene el proceso de reparación”.

El Fiscal Jorge Jara destacó conducta del establecimiento, al advertir la situación y denunciarla inmediatamente.

El Fiscal Jorge Jara destacó conducta del establecimiento, al advertir la situación y denunciarla inmediatamente.

Las pericias ginecológicas establecieron que por suerte la menor no se encuentra embarazada a causa de estos ultrajes.

El sujeto fue formalizado por el delito de Violación Reiterada y quedó en Prisión Preventiva por ser considerado un peligro para la seguridad de víctima y de la sociedad, fijándose además un plazo de seis meses para el cierre judicial de la investigación.

 

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