Este jueves el Director Nacional de Aguas, Matías Desmadryl, notificó 5 órdenes judiciales que ponen término a la extracción ilegal de áridos que se detectó en el lecho del río Aconcagua, específicamente en el sector de Tres Esquinas en San Felipe.
Se trata de 3 empresas que se ubican en la provincia de San Felipe, las que fueron notificadas y se les ha impedido seguir realizando la extracción de áridos.
«Como Gobierno estamos materializando una fiscalización muy importante orientada a atacar este problema que es grave, daña al medioambiente y agrava la situación hídrica que estamos viviendo en un año como éste, segundo año consecutivo que tenemos una sequía muy severa en la V Región, por lo tanto con esto hemos paralizado, hemos tenido la ayuda de los jueces competentes», señaló Desmadryl.
Esta acción legal significa que mientras las empresas no cuenten con los permisos competentes, no pueden sacar áridos. Además durante la fiscalización, se verificó la extracción ilegal de agua, antecedentes que fueron enviados al Ministerio Público para que investigue el posible delito de usurpación del vital elemento.
Consultado por el hecho de que luego de realizada esta fiscalización, las empresas sigan realizando de igual forma la extracción de áridos, Desmadryl dijo que esta notificación es una orden judicial, por lo que aquel que no cumple con la medida comete desacato, que es un delito y que tiene penas muy altas estipuladas en la legislación.
«Esto es una orden judicial que bajo ningún punto de vista puede ser alterada, y de ser así, la ley es muy clara y tiene penas asignadas, dado que este es un tema que para nosotros es muy relevante. Hemos trabajado en un proyecto de ley que ingresará prontamente al Congreso; el ministro de Obras Públicas, Laurence Golborne, ha impulsado esta modificación legal que aumenta considerablemente las penas y sanciones al delito de usurpación de aguas, hoy día una pena va de presidio menor en su grado mínimo y nosotros esperamos aumentarla uno o dos grados; esperamos las multas, que hoy día no llegan a 800 mil pesos, aumentarlas a 200 millones de pesos».
Según dijo el director nacional, este es un trabajo integral, donde han participado el Gobierno Regional, el Intendente y la Gobernadora entre otras autoridades, quienes han puesto sus esfuerzos en paralizar este tipo de actuaciones ilegales que algunas empresas estarían cometiendo.