Ayer comenzó juicio oral por muerte de joven madre:
Ayer comenzó el juicio oral contra Clodomiro Armando Contreras Ramírez, acusado por el femicidio de Valeria Ortiz Oyarzún, donde el Ministerio Público de San Felipe está solicitando la pena de presidio perpetuo calificado, teniendo en cuenta que es uno de los delitos más graves que señala el Código Penal.
Recordar que este femicidio ocurrió el día 30 de marzo del año pasado en el sector de Algarrobal, en horas de la tarde, donde el imputado se encuentra confeso de su participación en el crimen.
En los alegatos de apertura el Ministerio Público, representado por el fiscal jefe Eduardo Fajardo de la Cuba, dijo a propósito de lo relatado por la jueza del tribunal, que el femicidio es uno de los delitos más graves que señala nuestro código punitivo y que durante el juicio oral la fiscalía acreditará la vinculación que existe entre el acusado y la víctima, una relación de convivencia de años, «en la cual además nacieron dos hijos en común, un niño y una niña. Estos hechos, su señoría, que tuvieron lugar el día 30 de marzo del año 2021, ocurren en la comuna de San Felipe, en la tarde noche, en el sector de la Copa de Agua del sector Algarrobal, lugar donde el acusado, por circunstancias que se desconocen, agrede a la víctima en la cabeza cuando ésta se encontraba de espalda, con un objeto contundente con el cual provoca que ésta perdiera su condición de defensa para luego finalmente asfixiarla provocándole la muerte, a través de estas circunstancias cual es asfixia por sofocación, asfixia mecánica por sofocación», dice el persecutor.
Prosigue señalando que «estos hechos, así como han sido relatados, van a ser acreditados en el día de hoy en esta audiencia de juicio oral a través de los testimonios de testigos y peritos en torno a establecer cómo ocurren los hechos, la causa de la muerte y particularmente en orden a acreditar las agravantes que nosotros hemos invocado en la acusación fiscal, cual es la alevosía, circunstancias ignominiosas y que estos hechos finalmente ocurren en presencia de los hijos menores de edad de la víctima y del acusado. Así, al cabo de este juicio oral, rendida la prueba por fiscalía, entendemos que se logrará acreditar más allá de la duda razonable, la participación del acusado en este ilícito de femicidio, solicitando se le condene a la pena de presidio perpetuo calificado, accesorias del artículo 27 del Código Penal y el registro Covid, y dejando las costas, su señoría, a criterio del tribunal», concluye.
En tanto la parte querellante, en este caso la abogada representante del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, María Elena Ávila, recordó lo sucedido ese día 30 de marzo, agregando que una vez producida la muerte, «el acusado le tapa la cabeza con una bolsa plástica, la cubre con una manta y todo eso en presencia de sus dos hijos menores de edad que tenían a la fecha 6 y 3 años», dice.
Indicó lo mismo que el fiscal en el sentido que durante el juicio se rendirá prueba suficiente para acreditar el femicidio descrito en el artículo 390 del Código Penal. Solicitando también, al igual que la fiscalía local de San Felipe, se condene al acusado a la pena de presidio perpetuo calificado.
Eb tanto la defensora, al hacer uso de la palabra, dijo que desde el inicio de la investigación, incluso con antelación a la audiencia de formalización, su representado concurrió voluntariamente a dependencias de la PDI, renunciando a su derecho de guardar silencio, accede a realización de diligencias intrusivas tales como todo tipo de exámenes corporales, hace además entrega de su teléfono celular, «y como dije anteriormente, presta declaración, declaración que en su oportunidad le sirve al ministerio público para poder conseguir una orden de detención. Por lo cual evidentemente la estrategia de la defensa durante el desarrollo de este juicio oral no será controvertir la calificación jurídica ni la participación que en estos hechos le corresponde a mi representado, que no obstante lo anterior expuesto, estima la defensa que no concurre ninguna de las circunstancias agravantes que invoca el ministerio público en su libelo acusatorio, sino más bien únicamente concurren circunstancias aminorantes de responsabilidad penal, lo cual será acreditado durante el desarrollo de esta jornada de juicio oral y en coherencia con lo antes planteado adelantamos al Tribunal que mi representado va a renunciar a su derecho de guardar silencio y va a prestar declaración en este juicio oral», indicó.
Señalar que en el inició del juicio se conoció por parte de la magistrado Paola Hidalgo Benavente, que el arma usada por el acusado corresponde a una herramienta del tipo ‘chicharra’ de 25 centímetros.
La sala del Tribunal está compuesta por los magistrados Paola Hidalgo Benavente, Constanza Olsen Tapia y Rodrigo Cortés Gutiérrez.
Nota de la Redacción.- Se pidió a los medios no exhibir rostro del acusado por no haber sentencia condenatoria hasta el momento, ante lo cual Diario El Trabajo optó por acatar la solicitud a pesar de que, por una parte, dicho rostro ya es del dominio público y se encuentra publicado en este mismo portal y en muchas redes sociales desde hace bastante tiempo; y por otra parte, porque hemos visto a muchas de esas redes sociales que no corresponden o no pertenecen a medios de comunicación formales, que sencillamente no acatan ninguna de las normas legales que regulan nuestra actividad. O sea, el mundo al revés…
