Posibles estafas y falsificación de documentos en caso de terrenos en toma

Abogado Fernando Castañeda habla claro sobre polémica situación:

Desde hace ya un año en muchos medios del Valle de Aconcagua se viene dando seguimiento al desarrollo de la noticia en torno a las personas que invadieron varios terrenos en el sector poniente de San Felipe, llegando ya a instalarse con sus viviendas, pasajes y hasta calle principal, movimiento que ha sido de alguna manera acompañado por cierto patrocinio a las familias por parte de Fundación María en el Camino de la Iglesia Católica, ante la mirada pasiva de autoridades de nuestra comuna.

ARRIESGAN PENAS

Para conocer la versión de quienes son dueños de estos terrenos, Diario El Trabajo habló este martes con Fernando Castañeda Magna, abogado de Inmobiliaria San Bartolomé S.A., quien explicó a nuestro medio muchos de los pormenores de esta situación del caso que él investiga: «Los afectados son empresas privadas a las que el Estado chileno les sigue cobrando tributos o impuestos, y les sigue cobrando sin poder ellos usar sus terrenos y destinar al comercio o explotación comercial de sus terrenos, por lo tanto las personas afectadas son privados, entre los que se encuentra mi cliente Inmobiliaria San Bartolomé, y entiendo que también está como afectado el Club Deportivo Unión San Felipe, Esval S.A. y la concesionaria que tiene a su cargo la ruta CH60», comentó Castañeda.

– ¿Cómo ocurrió esta invasión de los terrenos?

– De un momento a otro (2020) irrumpen personas, mayoritariamente extranjeros, quienes usurpan y ocupan y en algunos casos con violencia esta propiedad que es privada.

– Más allá del tema humanitario, ¿cuál es el escenario jurídico que impera actualmente en ese sector poniente de San Felipe?

– Efectivamente, este es un problema humanitario y habitacional, pero las soluciones humanitarias y el problema de estos habitantes, tanto de extranjeros como chilenos, no pueden pasar por mano de los privados, quien tiene que dar esas soluciones no puede ser a costa de un aprovechamiento de los bienes de privados, de manera tal que, si alguien tiene que dar una solución habitacional o resolver este problema de salubridad pública, no pueden ser bajo ningún aspecto los privados, de este problema tiene que hacerse cargo el Estado, que permitió el ingreso de personas extranjeras sin un mínimo de garantías desde el punto de vista laboral y habitacional. A mi juicio hay una falta de control en ese sentido, porque no podemos desconocer que la gente entra engañando al Estado con ánimos de Turista, en circunstancias que, una persona que no tiene un trabajo en su país natal difícil pueda venir a realizar actividades de turismo a otro país.

– ¿Cuáles son las acciones legales contra estas personas?

– Como las personas que están siendo afectadas son particulares, ellos en su gran mayoría han ejercido acciones legales. En el caso nuestro nosotros presentamos una querella por Usurpación en el Juzgado de Garantía de San Felipe, la que fue acogida a tramitación y derivada al Ministerio Público para los fines investigativos de la Fiscalía local, y entiendo que Esval S.A. también hizo lo propio, aunque no sé en qué estado se encuentra esa querella.

– ¿Cree usted que algunas o todas las personas adultas que están en toma de esos terrenos fueron engañadas por alguna organización o por algunas personas, y que estén arriesgando una futura condena?

– Acá yo creo que hay que hacer una distinción. En primer lugar estas personas arriesgan una condena, habrá que distinguir si esa condena sería solamente por la consecuencia del delito de Usurpación, o bien por otro tipo de delitos, pues no sabemos si por los antecedentes que nosotros manejamos y que vamos a poner en conocimiento al Ministerio Público en los próximos días, si dicen relación en que hay, aparte de la Usurpación, otros delitos a saber: Falsificación de instrumento público y privado, así como también un delito de Estafa, porque algunas de estas personas han vendido propiedades falsificando títulos y arrogándose la atribución de Dueños. De manera tal que si eso fuera efectivo, estaríamos hablando de penas superiores a los tres años y un día, que podrían determinar que estas personas sean expulsadas del territorio nacional porque podríamos estar hablando de penas aflictivas.

– ¿Estos antecedentes y documentos falsificados ya están en poder de la Fiscalía?

– No. Esos antecedentes aún no están en poder de la Fiscalía, son antecedentes preliminares que nosotros manejamos, pero que apenas estén en nuestro poder los estaremos poniendo en conocimiento de la Fiscalía.

– ¿Sospechan ustedes de alguna organización detrás de esta toma?

– Claramente acá estamos ante una situación que pasó, lejos de ser precaria, a ser organizada, pues los inmuebles precarios o media aguas son todas iguales, por lo tanto no deja de llamar la atención que estemos ante una organización que se coludió o que se concertó para estos fines, pues llama mucho la atención que se hayan efectuado radieres y pisos en los que se montan estas media aguas y que en definitiva les permite a ellos tener una vivienda, que aunque sea de emergencia igual es una vivienda al fin y al cabo, aún así no puede ser construida a costa de un particular que sigue pagando sus impuestos y que cuando requirió el auxilio de Carabineros y Gobernación, cuando llegaron al principio estas personas y violentaron los cercos de la propiedad y violentaron a los guardias, aunque llamamos a Gobernación y a Carabineros, y a diferencia de lo que pasó en Los Andes cuando el gobernador andino dispuso de la Fuerza Pública en un caso similar y restituyó una propiedad a sus dueños, acá sin embargo no pasó lo mismo, esta disparidad de criterio desde el punto de vista de una pasividad de la Gobernación Provincial de San Felipe no ha hecho otra cosa que perjudicar enormemente a estos particulares, pues repito, esta solución no la tienen que dar los particulares, le corresponde al Gobierno.

– ¿Qué opina sobre la ayuda y respaldo que la Iglesia Católica está brindando a estas familias en toma?

– Yo entiendo que hay un ala de la Iglesia Católica que ha favorecido a que esto ocurra lo que no me extraña, pues la Iglesia Católica habitualmente acostumbra hacer caridad a costa de otras personas.

Roberto González Short

ARRIESGAN PENAS.- Son miles de personas las que invadieron estos terrenos y los convirtieron en un pueblo, hay varias querellas en su contra. (Archivo)

Fernando Castañeda Magna, abogado de Inmobiliaria San Bartolomé S.A.