Proceso canónico podría costarle expulsión a sacerdote Roberto Julio

ES NOTICIA.- Presbítero Juan Roberto Julio Luttges, investigado por supuesto manejo irregular de más de $500.millones.

Luego que se ventilara en medios de comunicación a nivel nacional los escándalos de supuesta corrupción y apropiación indebida de bienes, en el que viene figurando como protagonista principal el presbítero Juan Roberto Julio Luttges, ex párroco de Zapallar, el Obispado de San Felipe ha iniciado, con fecha 13 de octubre de 2015, un proceso judicial penal para determinar si Julio Luttges ha incurrido en delitos establecidos en el ordenamiento jurídico canónico de la Iglesia y, con miras a que, si así fuere, infligirle una pena canónica adecuada. Este religioso fue formalizado el pasado 29 de septiembre en el Juzgado de Garantía de La Ligua, por los presuntos delitos de Apropiación indebida y Estafa reiterada.

SACERDOTE PODRÍA SER EXPULSADO
Diario El Trabajo habló la tarde de este jueves con el Obispo de Aconcagua, Cristian Contreras, quien explicó detalladamente los pormenores del proceso canónico que se inició contra el religioso, aclarando que éste es independiente a los alcances que pueda tener el proceso penal civil.
– ¿Cuál es la situación legal de este sacerdote?
– La parroquia de Zapallar, Santa Teresa de Jesús, hizo una auditoría una vez que el sacerdote Roberto Julio fuera trasladado por mi persona como vicario a la parroquia de Santa Rosa de Los Andes. A raíz de esta auditoría, el presbítero Hernán Acuña Garrido presentó una denuncia y querella en contra del sacerdote para investigar algunas situaciones irregulares de orden administrativo económico. Esta investigación se inició en el plano civil en La Ligua.

Cristián Contreras, Obispo de la Diócesis de Aconcagua.

– ¿Cómo funciona este proceso ordenado por su persona contra este cura?
– Como todos saben, el 29 de septiembre el fiscal formalizó a este sacerdote, en este caso lo que yo estoy haciendo como obispo, es un proceso penal judicial canónico, por el cual se instruye a un tribunal investigue estas irregularidades. Este tribunal, ubicado en Santiago, está compuesto por tres sacerdotes expertos en Derecho Canónico.
– ¿Técnicamente cuál es el canon que se le está aplicando a Roberto Julio?
– Cuando el Obispo inicia un proceso, está facultado por el Derecho canónico, puntualmente por el canon Nº1.722, para aplicar alguna medida cautelar si lo considera oportuno y necesario, en este caso sí lo consideré necesario para mayor transparencia de la investigación. Él, Roberto Julio, no está suspendido del Ministerio, lo que pasa es que a él se le ha restringido el Ministerio, sólo puede celebrar Misas en lugares privados y acompañado con dos personas.
– ¿Qué busca esclarecer este proceso canónico, y cuál sería la pena máxima posible?
– Lo que se busca esclarecer, es saber si él hizo mal uso o no de los recursos de la parroquia, este proceso puede terminar exculpando a quien se procesa, también puede ocurrir que se descubra algún delito, por lo cual podría recibir una Pena Medicinal, una medicina, que podría estar por algunos años alejado del Ministerio, sin poder celebrar misas ni confesar. Lo peor que podría ocurrir en este caso, y esperamos en Dios que no sea así, es la expulsión del estado clerical del sacerdote; de momento él está como vicario de la parroquia de Santa Rosa de Los Andes.

EN INVESTIGACIÓN
Los hechos en los que se relaciona a este religioso y los cientos de millones de pesos manejados supuestamente de manera irregular, lo llevaron a tener que enfrentar en su contra una formalización el pasado 29 de septiembre, por los presuntos delitos de Apropiación indebida y Estafa Reiterada, cuyo monto ascendería a más de $500 millones.
Como medida cautelar, se dispuso que el religioso no pueda oficiar misas de manera pública, pudiendo sólo hacerlas de manera privada con no más de dos acompañantes, pues uno de los elementos en investigación sobre el accionar extra-religioso que está siendo escudriñado en este proceso, señalaría que poco después del anuncio de la salida de Julio de Zapallar, se conoció sobre una sociedad suya llamada Santa Clotilde, en honor a una de las dos perras poodles que aún viven junto a él.
Los bienes materiales de este sacerdote, y que estarían alertando a los feligreses y autoridades sobre que ‘algo’ no encajaría en el modo de vivir que se debiera esperar de un clérigo, apuntan a los bienes incluidos dentro de Sociedad Santa Clotilde: doce sepulturas adquiridas al cementerio de Zapallar, avaluadas en $60 millones; una farmacia comprada en Petorca en $10 millones, y una camioneta Toyota Land Cruiser Prado, de $23 millones, sobre esta camioneta, Julio informó a un medio nacional, ‘que ese vehículo se lo regaló una acaudalada familia catalana que lo visitó hace unos meses’.

LOS ARGUMENTOS DEL SACERDOTE
Uno de los argumentos que Julio toma como aplicables en su caso para explicar esta sociedad, es que en la justicia civil y en la canónica, nada le impide crear una sociedad, pues según sostiene, en el mundo hay 450.000 sacerdotes católicos de los cuales aproximadamente un 65% son sacerdotes seculares o diocesanos y el resto pertenece a órdenes o congregaciones.
Lo anterior significaría que estos dos tipos de sacerdocios tienen un orden jurídico diferente. Las congregaciones siguen la espiritualidad de algún santo que los identifique y aplican ese elemento a su vida como sacerdotes. Viven congregados o reunidos en un monasterio o casa de religiosos, y abrazan los tres votos: de Pobreza, Obediencia y Castidad.
Los diocesanos no siguen a un santo o fundador particular. Tienen la vocación del pastor, de cuidar el rebaño del pueblo de Dios. Pueden vivir solos o con otro sacerdote. Pueden trabajar en diferentes actividades en la parroquia, ser profesores, ayudar en hospitales, ser capellán de cárcel. Y pueden, según defiende este religioso, heredar bienes o conservar ahorros, producto de su trabajo. «Santa Clotilde es una sociedad que yo creé en octubre del año 2012 y de la cual no soy representante legal; es decir, la manejan los administradores, ellos ven en qué invierten los dineros. La sociedad no guarda ninguna relación con la parroquia de Zapallar», explicó Juan Roberto Julio Luttges en una entrevista realizada por el diario La Tercera, ya que según sus propias palabras, «como sacerdote secular, no tengo voto ni promesa de pobreza. Solamente obediencia y castidad. Nada me impide crear una sociedad, desde el ordenamiento jurídico civil ni canónico».

CANON 1722, APLICADO AL RELIGIOSO
«Para evitar escándalos, defender la libertad de los testigos y garantizar el curso de la justicia, puede el Ordinario, después de oír al promotor de justicia y habiendo citado al acusado, apartar a éste, en cualquier fase del proceso, del ejercicio del ministerio sagrado o de un oficio o cargo eclesiástico, imponerle o prohibirle la residencia en un lugar o territorio, o también prohibirle que reciba públicamente la santísima Eucaristía, pero todas estas provisiones deben revocarse al cesar la causa que las motivó, y dejan ipso iure de tener vigor al terminar el proceso penal».

Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl