LOS ANDES.– En prisión preventiva quedó el ex analista de sistemas de la División Andina de Codelco, Isidoro Camacho Muñoz, luego que este jueves fuera formalizado por el delito de fraude al fisco en el Tribunal de Garantía de Los Andes.
En la audiencia, que se prolongó por más de tres horas, también fueron formalizados y quedaron en prisión preventiva los empresarios contratistas Jorge González Ponce y su hijo Jorge González Ahumada, a quienes se les acusa de cometer estafas reiteradas.
En la formalización se estableció que Camacho recibía las factura de parte de la empresa González e Hijos por trabajos no ejecutados, las cuales eran visadas para pago saltándose todos los controles internos de la empresa.
Según la fiscalía, los imputados lograron defraudar al fisco más de mil 75 millones de pesos.
El abogado del Consejo de Defensa del Estado, Luis Días Aracena, declaró que el hecho en sí es una maquinación fraudulenta que causa un perjuicio al Estado a través de figuras ficticias, donde se emiten facturas por valores inexistente, “lo que a través de maniobras fraudulentas se logra defraudar al Estado en una cantidad mayor a mil millones de pesos”.
Aclaró que si bien la investigación recién está comenzando, “hay antecedentes suficientes que ameritaban una prisión preventiva que se decretó con lo que coincidíamos plenamente con planteamiento del ministerio público”.
El jurista indicó que dados los 29 años que Camacho trabajó en Codelco, conocía perfectamente las debilidades del sistema y por ello pudo eludir todos los controles.
En cuanto a la tesis de los contratistas que argumentaron que ellos también habían sido víctimas, Díaz sostuvo que este es impresentable, “porque si se considera el trato que yo señalé en la audiencia en la cual las facturas llegaron a poder del Sr. Camacho al interior de Codelco, fue porque los hermanos González la falsificaron, es la única manera de hacer entender de que sea deducido el fraude”.
El abogado recordó que la sociedad tenía tres contratos vigentes con Codelco Andina y en base a esos contratos se ingresaban estas facturas por trabajos no realizados que “superaron con creces en sus montos a las facturas regulares y se usó como pantalla el contrato a efectos de defraudar”.
Agregó que estos delitos por el monto involucrado tienen penas de crimen que parten en 5 años y un día de presidio.
Respecto a los bienes que mantienen los imputados para hacer efectivas las responsabilidades civiles, “lamentablemente por defectos del sistema detectamos alrededor de 13 ó 14 bienes en enero de este año, pero al momento de verificarlos ahora ya se habrían transferido varios y los pocos que hay están llenos de hipotecas y embargos que obligan al fisco a embargar a privados para poder restituir las platas que se defraudaron”.
Respecto al destino de los dineros, el abogado del CDE sostuvo que no es posible determinarlo, “pero lo claro es que no está en las arcas fiscales”.
Los tres imputados deberán permanecer en prisión preventiva por seis meses que fue el plazo fijado para el cierre de la investigación.
