PUTAENDO.- En Asamblea Extraordinaria, citada por el Comité de Agua Potable Rural (APR) de Guzmanes, más de 300 socios con Derecho a voz y voto, rechazaron por unanimidad los nuevos valores de cobro por el suministro de agua que habían sido fijados por la Junta de Vigilancia del Río Putaendo.
La asamblea estuvo dirigida por la Presidente del APR del sector, Sara Gómez, junto a su Directiva y se realizó la tarde de este sábado en el galpón de la serranía de Guzmanes.
En la ocasión se informó a la asamblea, de la renovación del contrato que mantienen con la Junta de Vigilancia y que vence a fines de este mes, gracias al cual el APR puede recibir el agua necesaria para su funcionamiento, pues hoy se le están pagando a la Junta de Vigilancia unos $30 por metro cúbico de agua, precio que sufrirá un incremento que podría llegar hasta los $69 por metro cúbico de agua, pagados en unidades de fomento (UF).
La dirigente realizó una detenida exposición sobre la cantidad de metros cúbicos que necesitan (20 metros cúbicos), para funcionar con normalidad, momento en el cual los socios y socias fueron haciendo uso de la palabra y unánimemente rechazaron la posibilidad del alza de precio, y menos que los valores estén registrados en UF, luego a mano alzada la asamblea empoderó a la Directiva para que rechazara la oferta entregada por la Junta de Vigilancia del Río Putaendo.
Gómez señaló que no estaban de acuerdo con el ofrecimiento de la Junta de Vigilancia y que hoy los socios y socias, habían decidido rechazar este ofrecimiento, por lo que solicitarán a la Junta de Vigilancia sentarse nuevamente a conversar, porque «el APR no recibe algún tipo de subvención, somos una institución sin fines de lucro y no se nos puede tratar con el mismo criterio comercial que la Junta de Vigilancia trata con Esval, por lo que esperamos llegar a un acuerdo con la junta, pues la asamblea no aceptó las condiciones ya explicadas y esperamos poder llegar a un acuerdo antes de que nuestro contrato expire, ya se nos ha dado la palabra que se renovará nuestro contrato, pero esperamos que se realice a un precio justo y razonable, entendiendo que son muchos los socios de la Junta de Vigilancia que también son socios nuestros, que tienen sus derechos en la junta y que no son considerados a la hora de negociar» puntualizó la funcionaria.
Sara dijo que además en esta reunión, se trató el tema de la construcción y habilitación de un nuevo pozo de agua subterránea, reconociendo que tiene un costo muy alto, pero que de ser factible, aseguraría el suministro de agua y evitaría depender de las inclemencias del clima, que por ejemplo, cuando hay mucha turbiedad o lluvia, obliga a cerrar la planta de tratamiento. La profundidad del futuro pozo sería cercana a los 250 metros, en este sentido la asamblea entendió que este proyecto se debe ejecutar, pues sino el Gobierno deberá indemnizar a la empresa que contrató para la construcción del pozo, lo que finalmente fue aprobado por los socios y socias.
Finalmente Gómez agregó que esperaban que las autoridades nacionales escucharan y entendieran de una vez por todas, la crítica situación que enfrentan los comités de agua potable rural.
