- Convenio de Budapest permite solicitud de datos a otros Estados. Abogado querellante en este caso, profundizó en esta materia, aclarando que además buscan determinar al propietario del teléfono del cual se enviaron los chats.-
Tal como lo anunciamos en nuestra edición del día lunes, Claudio Zurita Ibarra, único candidato a la alcaldía de Santa María, interpuso una querella en el Juzgado de Garantía de San Felipe por este ‘montaje cibernético’, según se calificó, tras la filtración anónima de supuestas conversaciones de Zurita y que fueron remitidas a autoridades, medios de comunicación y vecinos.
Ahora bien, dentro de los detalles que estableció su abogado en la presentación de esta acción judicial, destaca dos aspectos. Uno, la solicitud de cooperación internacional que se realizará, con el fin de que sea la propia plataforma WhatsApp -de donde provienen las supuestas conversaciones- entregue todos los datos de el o los culpables de este hecho; y dos, determinar la propiedad del teléfono del cual se enviaron los mensajes a autoridades y medios de comunicación.
En el primer caso se trata del convenio de Budapest, del cual Chile es parte desde el año 2017 y que comprende la cooperación internacional entre Estados. Esta situación no solo es un avance para la resolución de cualquiera de los ‘ciberdelitos’, sino que cambiaría las reglas para quienes escriben y comentan a su haber mediante medios digitales y redes sociales, sin determinar quién está detrás de alguno de estos hechos; injuria y calumnia, sabotaje, estafas, entre otros.
Volviendo a la acción judicial de Claudio Zurita, que se da a días de las Elecciones Regionales y Municipales 2024, se espera la formalización de la investigación y con ello, la diligencia internacional de datos que aporten a esta causa, podría estar lista en un plazo de dos meses según la parte querellante. En cualquiera de los casos, lo anterior se resolvería una vez que Zurita ya esté a la cabeza de Santa María.
Fernando Castañeda Magna, abogado querellante por Claudio Zurita, se refirió además a las diligencias tendientes a determinar al propietario del teléfono que filtró los mensajes a la prensa. «Hemos pedido a la Subsecretaría de Telecomunicaciones que nos informe quién es el titular de ese número de teléfono, nos informe el tráfico de datos, el tráfico de llamados y nos dé cuenta de los contactos que esta persona tuvo.
«Adicional a eso, nosotros haciendo uso del convenio de Budapest, que es un tratado internacional al cual Chile está adscrito en conjunto con más de 62 países que, utilizando esta cooperación internacional que se establece, que fue ratificado por el Congreso Nacional, se indique y se le solicite el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a la División Criminal, que indique a través de la consulta que le van a hacer a WhatsApp, quién es la persona que inscribió esa cuenta de WhatsApp, quién es el titular de esa cuenta de WhatsApp, las direcciones IP que están asociadas a esa cuenta, desde qué direcciones IP se ha conectado, cómo ha sido su tráfico de datos y especialmente, el intercambio de tráfico relacionado con estas capturas de pantalla que llegan a este teléfono», mencionó.
En esta línea, prosiguió estableciendo que «porque a esta cuenta de WhatsApp llegan estas capturas de pantalla que, por ahora no sabemos si son objeto de un Photoshop, tampoco podemos descartar que sea el ejercicio bien sencillo de tomar un teléfono, tomar otro; agendar a una persona con un nombre que no le corresponde y en el otro teléfono agendarlo de la misma manera y comenzar a enviarse mensajes simulando que son dos personas distintas que están conversando, para después remitirlas a este número, que termina remitiéndolas a las autoridades, a los medios de prensa, a los vecinos y a otras personas, a otros políticos de la zona.
«Por lo tanto, nosotros con esa diligencia, vamos a obtener la información respecto a desde qué plataforma y desde qué teléfono le envían estas imágenes, estas falsas conversaciones que tiene el señor Zurita con el señor Arellano a este número; y este número lo envía, porque para que ese número las hubiera enviado a ese teléfono, a esa cuenta, debieron haber llegado antes. Entonces, a nosotros nos interesa saber quién fue y cómo fue que se enviaron», detalló.
Respecto a los antecedentes que el propio querellante tiene respecto a la factibilidad de esta cooperación internacional y su incidencia para la resolución de ciberdelitos, indicó que «a mí me ha tocado participar de investigaciones penales donde hemos pedido cooperación internacional en casos de homicidios y delitos en contra de la indemnidad sexual de los niños y se ha obtenido esa información, en la gran mayoría de los casos ha sido información exitosa», señaló Castañeda.
En cuanto a este convenio del que Chile forma parte solo hace algunos años, el abogado estableció que se busca llegar hasta quienes realizan delitos del tipo ciber y se esconden tras pantallas y cuentas digitales. «En el caso específico del convenio de Budapest, lo que se quiere es que la sociedad no sea contaminada por estas falsificaciones que se producen con ocasión de la digitalización de la información, porque el mundo desde hace casi ya tres décadas está globalizado, la comunicación entre las personas es cada día más inmediata y el mismo Estado chileno está concurriendo a la digitalización de todos los servicios.
«Nosotros lo que queremos conseguir es que se sepa la verdad respecto de quién trata de engañar a la gente. Creemos que se pretende hacer creer una imagen equivocada del futuro alcalde de Santa María, de tal forma que esa mala práctica, esa mala política, esa mala herramienta del descrédito, creemos que debe ser también erradicada», comentó.
Ya presentada la querella de Zurita para quien o quienes resulten responsables y lo que prosigue, Fernando Castañeda aseguró que «eso se va a transformar de una investigación desformalizada, nosotros vamos a solicitar una reunión con el Ministerio Público, mientras la investigación no se formalice a un imputado o a varios de ellos, la investigación se llama desformalizada, por lo tanto, no hay un plazo de investigación; el plazo de investigación viene una vez que la investigación ha sido formalizada y es controlada por el juez de garantía. Pero yo creo que si la Fiscalía accede a nuestra petición, de hacerlo relativamente pronto, los resultados podrían obtenerse dentro de dos meses», añadió.
Finalmente, en relación a la mención que se hace acerca de que para funcionarios públicos las penas podrían llegar hasta los 10 años de prisión y las sospechas que existen en torno a este hecho, Castañeda puntualizó que «evidentemente uno siempre, y cuando es víctima de un delito, a veces tiene una sospecha de quién pudiera haberlo hecho. En el caso de estos delitos que tienen que ver con los asesinatos de imagen, porque eso es lo que se pretende acá, uno siempre va a pensar en los enemigos políticos, en el caso que la víctima sea un político, pero yo quiero ser bien responsable en eso, quiero ser bien cauto. Yo entiendo que mi cliente tiene sospecha fundada de quien podría haber sido, pero yo no me voy a referir a ello», concluyó.
