- Conocida abogada de la zona, vinculada a causas judiciales de relevancia en la contingencia político-judicial nacional, se refirió a la gravedad de dos hechos ocurridos entre la noche del 17 y la madrugada del 18 de diciembre.-
Dos hechos de extrema gravedad ocurridos en un corto lapso de tiempo encendieron alertas sobre la irrupción de nuevas formas de criminalidad violenta en el Valle del Aconcagua, caracterizadas por persecuciones coordinadas, uso de armamento de fuego y ataques dirigidos.
El primero de ellos se registró la noche del 17 de diciembre, cuando el hijo de una reconocida abogada de la zona fue víctima de una persecución y emboscada protagonizada por dos vehículos, cuyos ocupantes utilizaron armamento corto y largo, resultando la víctima gravemente herida tras recibir múltiples impactos balísticos. Los vehículos involucrados se encuentran identificados.
Horas más tarde, ya durante la madrugada del 18 de diciembre, la oficina profesional de la abogada, ubicada en un céntrico edificio de la ciudad, fue vulnerada, registrándose la sustracción de al menos 17 pendrives con información altamente sensible, vinculada a causas judiciales de relevancia nacional que actualmente se encuentran en el centro del debate político y judicial.
La profesional decidió dar a conocer estos antecedentes a Diario El Trabajo debido a que, según expuso, ambos hechos habrían sido inicialmente minimizados por las policías y por la institución encargada de la persecución penal, pese a su extrema gravedad.
En particular, el ataque armado contra su hijo, que posteriormente fue recalificado como homicidio frustrado, habría sido originalmente tipificado como lesiones menos graves, quedando incluso incorporado en la lista de causas susceptibles de archivo provisional por ‘falta de antecedentes’, a pesar de la existencia de testigos, registros audiovisuales y abundante evidencia gráfica que da cuenta de las lesiones sufridas por la víctima y de la destrucción del vehículo en el que se desplazaba.
«Esto no es una acusación, ni una teoría, ni una opinión política. Son hechos verificables que por distintas razones han sido minimizados, hasta casi desaparecer de lo mediático», señaló la profesional.
De acuerdo con su relato, durante las horas posteriores al ataque el vehículo de la víctima no fue retenido para peritajes, lo que impidió realizar diligencias investigativas inmediatas, como análisis balísticos o levantamiento de huellas y fluidos. Asimismo, indicó que no se revisaron cámaras públicas ni privadas en las primeras etapas de la investigación, diligencias que, según afirmó, debieron ser básicas dada la dinámica delictual.
La abogada sostuvo que, mediante gestiones realizadas por familiares de la víctima, fue posible ubicar el domicilio donde se encontraban ocultos los vehículos utilizados en el ataque, información que fue entregada a la policía. Sin embargo, pese a que personal policial concurrió al lugar y verificó la presencia de los automóviles, no se solicitó su incautación, limitándose las diligencias a la toma de fotografías y al registro del nombre del propietario del inmueble.
En relación con el segundo hecho, la profesional indicó que el ingreso a su oficina sí fue investigado por la PDI, dada la sensibilidad de la información sustraída, lo que a su juicio evidencia una asimetría en el tratamiento investigativo entre ambos episodios.
Asimismo, planteó que corresponde a la Fiscalía ECOH, unidad especializada creada precisamente para hechos de alta complejidad y violencia, explicar las razones por las cuales no se constituyó en el sitio del suceso la misma noche del ataque armado, considerando que se trató de una persecución con disparos de armas cortas y largas, una víctima gravemente herida y un vehículo completamente destruido, circunstancias que, según señaló, descartan la hipótesis de un simple intento de robo.
Finalmente, la profesional advirtió que minimizar hechos de esta naturaleza no solo dificulta una persecución penal eficaz, sino que favorece la impunidad de delincuentes de alto nivel de peligrosidad, además de generar una falsa sensación de seguridad en la ciudadanía.
A su juicio, este tipo de abordajes termina por afectar gravemente el Estado de Derecho y el correcto funcionamiento de las instituciones, especialmente cuando se trata de hechos que reflejan patrones de criminalidad cada vez más violentos y organizados.
