- Nula respuesta a la denominada agenda corta ha generado la medida.–
Este miércoles comenzó un paro de 48 horas convocado por el Colegio de Profesores de Chile debido al incumplimiento y el nulo avance que se ha tenido en la denominada agenda corta que se tiene con el Gobierno. A nivel local, cientos de docentes de todo Aconcagua se han sumado a esta medida.
La presidenta del Colegio de Profesores de San Felipe, Alma Araya, señaló que «esta movilización radica en que no hemos tenido respuesta a la solicitud de la agenda corta que se planteó en el paro anterior y como se dio un plazo perentorio para recibir una respuesta desde el Gobierno y no ha ocurrido, se va a hacer un paro ascendente. El primer paro de 24 horas (anterior), ya nos encontramos en la segunda movilización de 48 horas».
En cuanto a las demandas planteadas al Gobierno, la dirigenta comentó que «evidentemente hay hartos temas, además de la agenda corta, pero lo que nos convoca hoy es el tema de la titularidad docente, el tema de reconocimiento de la función del profesor jefe que no se asigna un reconocimiento».
Junto con esto, Araya agregó que se espera «una bonificación que diga relación con aquello, la aceleración del pago del bono de incentivo al retiro que hay gente que ha salido en la nómina del año 2021, 2022, y todavía no llegan esos recursos, por ende, los colegas se ven en la obligación de seguir trabajando hasta que llegue esa plata, habiendo cumplido la edad legal para jubilar».
Asimismo, la presidenta del Colegio de Profesores de San Felipe indicó que «también es otro tema el tema de las notificaciones de la gente que viajó fuera de Chile con licencias médicas por distintas razones. Entonces, estamos acá, ha habido harto amedrentamiento por el tema que se va a descontar los días que no estamos participando en las funciones cotidianas. Hay que entender también que cuando los chicos se cierran las páginas y no se entrega una asistencia y esos días deben ser recuperados».
En cuanto a la polémica que se ha generado por el informe de Contraloría que señalaba que funcionarios públicos hicieron mal uso de las licencias médicas, también existe un buen número de profesores en este mismo.
En este contexto, la presidenta del Colegio de Profesores de San Felipe sostuvo que «cada caso es particular, yo creo que nadie ha pedido una licencia para irse de vacaciones, ha ocurrido que la mayoría de los casos han aprovechado para ir a comprar medicamentos a Argentina que son más económicos, o que han acompañado a sus hijos menores de edad a un torneo deportivo que los chicos no pueden viajar solos, deben ser acompañados por un adulto responsable. Cada caso es individual y es digno de estudiar, no se puede poner en la balanza misma a toda la gente, hay que analizarlo caso a caso».
Alma Araya además se refirió a la pronta implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). En este ámbito, aseguró que «la experiencia nos dice que los SLEP no son lo mejor, no es una maravilla, podemos hablar de las buenas intenciones, pero de ahí a la realidad no vamos a poder saber hasta que se concrete esto.
«Hoy en día hay dificultades en escuelas para que hasta se reponga un vidrio de una ventana, y un SLEP va a tener que ver con las 90 escuelas de las seis comunas. Yo creo que las condiciones van a ser un poco más deficientes, es la mirada que tenemos nosotros como Colegio de Profesores a nivel nacional», añadió.
Finalmente, y ante los últimos hechos de violencia ocurridos a nivel nacional entre escolares, donde Aconcagua no ha sido la excepción en el último tiempo, la docente comentó que «nadie está libre de los hechos de violencia que hay en los establecimientos desde los alumnos. Un alumno que es violento, es porque ha visto violencia repetida en sus hogares, ahí hay que ver cuánta incidencia tiene la responsabilidad parental en estos chicos que desde pequeños empiezan con temas de violencia».
Es por esto, que esperan que este tema también sea abordado en la agenda corta que se trabaja con el Gobierno. «Nosotros, colegas, han sido víctimas de agresiones por estudiantes y apoderados, siempre se está viendo cómo protegemos al estudiante, ¿pero quién protege a los funcionarios? Cuando hay un menor que agrede a un funcionario se va a constatar lesiones, pero la ley finalmente genera un recurso de protección a favor del menor, ¿y las secuelas mentales de los profesores? No hay un acompañamiento real que logre ser concreto y que colabore en la salud mental de los funcionarios. Es un tema muy importante, la autoridad le resta importancia», cerró.
