- Familias expresan malestar por inclusión de personas fallecidas en el proceso judicial, mientras que la empresa justifica que actuó conforme a los registros del Conservador de Bienes Raíces.-
Una compleja situación judicial se vive en la localidad de Los Corrales, en la comuna de Catemu, luego que comuneros agrícolas denunciaran que la empresa minera Exploración y Desarrollo Minero y Holding Minero CEMIN, incluyó en una demanda por servidumbre minera a diez personas ya fallecidas, lo que ha generado molestia entre los familiares de los afectados.
La demanda, presentada en junio de este año, busca establecer legalmente el derecho de paso por el camino enlace que atraviesa el Bien Común General N°6, un terreno que ha sido utilizado por años por la empresa para trasladar material entre sus faenas. La última servidumbre vigente expiró el 4 de junio de 2025, tras ocho años de duración.
Según explicó Benjamín Koch, vocero y representante de los comuneros del sector, durante mayo de este año intentaron llegar a acuerdos económicos con la empresa, sin éxito. Tras esto, la empresa interpuso una demanda de servidumbre minera, «en donde aparecen citados 20 comuneros, de los cuales diez ya se encuentran fallecidos. Todos figuran con sus respectivos certificados de defunción anexados al expediente judicial», señaló.
Koch afirmó que esta situación ha causado un profundo dolor entre las familias. «Para los comuneros ha sido súper ofensivo, porque revive el dolor de la pérdida de un ser querido. Más aún si aparecen involucrados en una causa judicial en la que no pueden defenderse».
Ante esta situación, los familiares de los comuneros afectados emitieron un comunicado público, en el que señalan:
«Los comuneros del Proyecto de Parcelación Los Corrales lamentan profundamente el actuar de la empresa Exploración y Desarrollo Minero y Holding Minero CEMIN, toda vez que han demandado a diez personas, familiares, que se encuentran fallecidas. Consideramos que este acto inhumano de no respetar el eterno descanso de nuestros deudos, no hace más que revivir el dolor, generando un daño psicológico y emocional, y además, afecta la honra y la imagen de este grupo de personas que por estar fallecidas no pueden defenderse».
Además de la polémica por la inclusión de personas fallecidas en la demanda, los comuneros acusan que la empresa ha seguido transitando por el camino una vez vencido el plazo legal, lo que ha generado preocupación por los impactos ambientales y el tránsito constante de camiones pesados.
Según los antecedentes entregados por Koch, el paso por este camino, clave para las operaciones de la minera, fue establecido originalmente mediante servidumbre en 2008 y renovado en 2017, pero al no renovarse para este nuevo período, los comuneros instalaron un control de acceso con cadena en la propiedad, lo que derivó en acciones judiciales por parte de la empresa.
Desde la compañía minera CEMIN, en tanto, emitieron un comunicado aclarando los motivos de la acción judicial y respondiendo a las críticas.
«Para CEMIN Compañía Minera es importante aclarar algunos puntos relevantes en relación a las diferencias que mantenemos con algunos de los copropietarios del Resto del Lote B del Bien Común N°6 Los Corrales y algunas publicaciones que han surgido a partir de la demanda de servidumbre que mantenemos con ellos.
«La petición de servidumbre minera se realizó en conformidad a la ley, mencionando en ella a los copropietarios del inmueble que figuraban en los Registros del Conservador de Bienes Raíces (CBR) al momento de la demanda. Lo que puede suceder es que la información del CBR no esté actualizada y ello obedece a que deben ser los propios herederos quienes deben realizar el trámite de posesión efectiva que permitirá al CBR poner al día sus registros.
«Esta circunstancia, sumado al elevado número de copropietarios, hace difícil determinar su individualización y residencia, y por ello la ley autoriza que en estos casos se notifique por avisos en los diarios, una vez ordenado por el Tribunal. Además, en la petición relativa a la servidumbre se señaló expresamente que ella era extensiva a los eventuales sucesores o herederos de aquellos comuneros que posiblemente hubieren fallecido y que aún figuren como titulares del inmueble en cuestión.
«Nuestro ánimo jamás ha sido causar dolor a las familias, pero -ante la imposibilidad de llegar a entendimiento con la mayoría-, la vía judicial es el único camino para alcanzar una solución justa para ambas partes.
«En línea con lo anterior, acompañamos a los familiares en el dolor de haber perdido un ser querido, y esperamos que comprendan los motivos que nos llevaron a interponer esta acción judicial bajo los preceptos que dicta la ley y basado en la información proporcionada por el CBR.
«En relación al precio fijado por los copropietarios, algunas personas, que dijeron representar a estos, pidieron $1.760 millones para permitir tránsito por camino existente durante ocho años (mantención del camino es realizada por la empresa), en circunstancias que hace ocho años se acordó pagar $17 millones por los mismos alcances. Ante esta situación, nos hemos acercado a los copropietarios disponibles en busca de acuerdo.
«La empresa siempre ha estado y está abierta al diálogo constructivo, basado en el respeto mutuo y orientada a conseguir acuerdos justos y dentro de los valores de mercado.
«Esperamos resolver prontamente esta diferencia con nuestros vecinos, que nos permita centrarnos en fomentar el empleo local, el encadenamiento productivo de pequeñas y medianas empresas de la zona, el empleo y mejores condiciones de vida para las comunidades de Catemu», precisaron en el comunicado.
Cabe señalar que Diario El Trabajo envió una serie de preguntas a la empresa CEMIN, entre ellas respecto del estado actual del conflicto por el uso del camino que atraviesa el Bien Común General N°6, considerando el vencimiento del acuerdo de servidumbre en junio de este año. También, se consultó sobre el eventual impacto ambiental y las medidas adoptadas para resguardar la seguridad de los vecinos ante el tránsito de camiones por zonas habitadas. Sin embargo, estos puntos no fueron abordados de manera específica en el comunicado, por lo que no hubo una respuesta directa a esas inquietudes.
El conflicto entre los comuneros de Los Corrales y la empresa minera CEMIN no solo involucra aspectos legales relacionados con el uso del camino y la validez de la demanda, sino que también ha tocado fibras sensibles en la comunidad, especialmente tras la inclusión de personas fallecidas en el proceso judicial.
El domingo 10 de agosto, el vocero de los comuneros, Benjamín Koch, informó que el tribunal resolvió seguir adelante con la demanda incluyendo a los comuneros ya fallecidos, lo que, a su juicio, constituye «un procedimiento viciado a todas luces».
Aunque la legalidad de este punto seguirá siendo evaluada por el tribunal, la decisión ha incrementado el malestar de las familias. Mientras tanto, el caso continúa siendo observado con atención por los habitantes de Catemu, quienes esperan una solución que combine justicia, dignidad y diálogo.
